El esperado juicio por la vía penal contra la trama que pretendió apropiarse de las viviendas del casco viejo de Corralejo está a punto de celebrarse. Una vista oral, fijada para octubre, en el que la Fiscalía solicita seis años de prisión para los tres principales acusados, cuyo rostro más visible es José Manuel Jiménez del Valle, para quien la acusación popular eleva la petición de condena a nueve años de cárcel al considerarlo el cabecilla de la presunta trama inmobiliaria que se orquestó con las viviendas de los vecinos.

En el banquillo de un juicio considerado histórico en Fuerteventura se sentarán un total de 11 acusados, por un caso que ha tenido un gran calado social. La trama inmobiliaria que se organizó para arrebatar la propiedad de las casas la frenaron los propios moradores. Fuentes próximas al procedimiento destacan que han sido llamadas a declarar unas 160 personas -prácticamente todo el pueblo-, algunas ya fallecidas.

“El Comité de Afectados del Casco Viejo ha convocado reuniones durante el mes de septiembre con todo el vecindario para redactar un escrito aclaratorio, ya que desde que se inició el proceso han fallecido más de un centenar de vecinos”, señalan los representantes de la plataforma social, Goyo Benítez y Miguel Socorro.

La trama inmobiliaria se produjo hace ya dos décadas. “Se entiende el llamamiento a varios testigos, pero pedir la declaración de todo un pueblo demuestra la mala fe procesal y las artimañas de los especuladores para enmarañar el juicio”, añaden. “Es una barbaridad movilizar a todos esos vecinos, llamarlos a declarar, a sabiendas de que la mayoría cuenta con sentencias ganadas en la vía civil”, recalcan.

La vista oral se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, entre el 3 y el 20 de octubre, con 10 sesiones durante ese periodo, que comenzarían a las 9.30 horas: los días 3, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18, 19 y 20 de octubre. El mediático juicio, con una enorme repercusión social, está considerado un ejemplo del urbanismo criminal.

La maniobra, que se inició hace más de 20 años, fue un intento de retirar la legítima propiedad de las casas a sus dueños porque no habían registrado oficialmente sus viviendas, ante la ausencia a principios del siglo pasado de oficina del Registro de la Propiedad, en una época “donde el valor de la palabra se sellaba con un apretón de manos”, explican los residentes.

El cabecilla desarrolló la trama a sabiendas de que las propiedades tenían dueño

Durante el juicio se relatará el sufrimiento del vecindario del casco viejo de Corralejo. Algunos fallecieron con el temor de haber perdido las casas que levantaron con esfuerzo y trabajo en el campo y en la mar. Por ello, sus herederos siguieron con la lucha y consideraron “esencial que los culpables pagaran por sus hechos”.

La fiscal Evangelina Ríos, especializada en delitos económicos, imputa a los 11 acusados un presunto delito de estafa y solicita la nulidad de todos los contratos de compraventa fraudulentos. Además, pide que los acusados abonen los costes de los procedimientos judiciales que tuvieron que comenzar inicialmente una veintena de vecinos para mantener la posesión de sus casas, en concepto de responsabilidad civil.

La Fiscalía argumenta en su escrito de acusación que los acusados intentaron disponer de los inmuebles ubicados en el centro neurálgico del ahora núcleo turístico “como si fueran propios, a sabiendas de que pertenecían a terceras personas”.

Manuel Jiménez Del Valle sale de los juzgados de la capital majorera, en el centro con camisa azul. Foto: Gabriel Fuselli/Archivo.

El origen

En el escrito de acusación se hace un minucioso recorrido histórico por el origen de la finca matriz, desde que en 1959 Marcial Viñoly vendiera a Plalafusa la denominada Heredad de Guriame, de 62.000 metros cuadrados, y que tras varias segregaciones se queda en 50.000 y se pasa a llamar Parcela del Casco de Corralejo y sus aledaños, hasta que en mayo de 2001 el acusado José Manuel Jiménez del Valle compra la finca principal a Plalafusa y comienza a solicitar licencias de segregación de parcelas, que obtiene por silencio administrativo.

Jiménez del Valle llega a obtener hasta 65 licencias con la sociedad DelVal Internacional, de parcelas que inscribe a su nombre en el Registro de la Propiedad y vende a terceros, a pesar de que conocía que no se trataba de solares sino de viviendas ya construidas que no habían sido registradas.

En documentos se exponía con claridad la falta de concreción de los linderos

Algunas de las ventas se realizan a particulares, pero la mayoría son a sociedades sin actividad mercantil, según la Fiscalía creadas para la ocasión “con el único propósito de dar la apariencia lícita a unas operaciones manifiestamente fraudulentas”, como eran poner a otro nombre un inmueble, “crear así de manera artificiosa la figura del tercero de buena fe registral y así evitar que su legítimo dueño pudiese recuperar su vivienda”. La mayoría de las casas acaban en manos de otra sociedad, Sincronía 99, de la que también es administrador único Del Valle.

Según la fiscal, el acusado lo hizo a sabiendas de que las propiedades tenían dueño porque era vecino de Corralejo desde hacía más de 40 años. Así, se aprovechó del conocimiento que tenía de la falta de inscripción registral y de que el Ayuntamiento no rechazaba las solicitudes de segregación.

Al interpretar un silencio positivo del Consistorio, se presentó en dos notarías, una en Puerto del Rosario y otra en Madrid, para elevar a público la propiedad de los terrenos, donde había construidas 65 viviendas. Todo ello pese a que en la documentación se exponía con claridad la falta de concreción de los linderos de las diferentes parcelas en que se ubicaban las citadas propiedades.

El pueblo reclama justicia por la vía penal contra 11 acusados en este proceso

Los otros dos acusados a los que la Fiscalía pide seis años de cárcel son Fernando Rodríguez Ravelo, abogado, representante de JLJ Parfums, que adquirió dos restaurantes a Sincronía 99 y varias casas más, y Ezequiel Huergo, empresario madrileño, administrador de BrittParty y apoderado de Sincronía 99, que participó en 18 operaciones de compraventa.

Los otros acusados a los que se pide cuatro años de cárcel son: José Luis Jarne Elizalde, administrador único de JLJ Parfums y socio de Industrias Theron Dos; María Ángeles Rodríguez Ravelo, hermana de Fernando y también abogada; Cristina Martínez de Lucas, administradora de BrittParty; Eloy Sampedro Bañado, administrador único de Lugiamantine; Feliciano Alonso Carreño, administrador de Javal Unión; José Blas Alonso Vera, vecino del pueblo que compró una vivienda; Juan Lagos Orta, empresario de Corralejo, y Patrick Nagel.