En Fuerteventura, ya ni en el campo puede uno vivir tranquilo. En cualquier momento, y salvo que una ordenación específica de energía lo remedie, te pueden plantar un parque eólico o solar en la puerta de tu casa, por iniciativa del promotor, con las instituciones locales en contra, y sin permisos preceptivos.

Al menos, así lo ha vivido una decena de vecinos de los Llanos de La Higuera, en Tuineje, que se despiertan cada día con miles de placas solares a pocos metros de sus casas. Donde antes disfrutaban de las vistas al barranco, ahora se encuentran rodeados de placas solares y torretas eléctricas, por mucho que lleven ya un año denunciado el ruido, el polvo de las obras, y el desamparo frente a la administración.

El parque fotovoltaico El Charco, promovido por Canarias Investment Office, una empresa del grupo Satocan, fue autorizado con declaración de interés general por el Gobierno de Canarias, pese a la oposición del Ayuntamiento de Tuineje, del Cabildo al final del trámite, frente a las reservas técnicas de otros departamentos autonómicos, e incluso sin contar con el permiso del Consejo Insular de Aguas, al que se condicionó la declaración.

El mismo barranco del que los vecinos perdieron las vistas -lo que más bien es un pequeño afluente del Barranco de La Florida- se acaba de poner de actualidad, tras decretar el Cabildo la paralización de las obras del parque fotovoltaico El Charco, por carecer de la autorización del Consejo Insular de Aguas (CIAF). 

Los técnicos del Consejo visitaron la instalación, y allí constataron que aunque la ubicación del parque no afecta al dominio público hidráulico (DPH), sí existe en la zona una afección a la red de drenaje natural, por lo que “debe realizarse un estudio hidrológico” para dimensionar las canalizaciones hidráulicas de evacuación de las aguas de escorrentía.

Esa visita técnica se produjo el pasado 14 de marzo, meses después de terminar las obras. El Cabildo, al anunciar “la paralización”, llamó la atención sobre el hecho de que el informe del Consejo Insular de Aguas “es preceptivo”, lo que ha llevado a Diario de Fuerteventura y Fuerteventura Digital a repasar el expediente para tratar de entender (y explicar) la situación.

Sin todos los informes

Lo primero que llama la atención es constatar cómo se llega a autorizar un proyecto que no cuenta con todos los informes. Se hizo bajo la fórmula de la autorización condicionada, es decir, advirtiendo de que la resolución no es efectiva si no se cumplen esos requisitos. Pero ese informe pendiente del Consejo Insular de Aguas nunca se emitió, y las consecuencias sobre el papel son la propuesta de sanción del CIAF: 600 euros de multa, para una promoción -en realidad son dos- que se autorizó con un presupuesto total de en torno a 2,4 millones de euros.

Denuncian las placas junto a sus viviendas sin permisos completos

Sobre el terreno, las consecuencias son más que patentes. Junto al vallado del parque, Cristian Peña relata cómo la carretera “estaba más abajo”. La empresa que hizo las obras, “al echar sus recebes por fuera de las vallas, formó una especie de presa”. Por ello, las dos últimas ocasiones en las que ha llovido bastante “se formó un cúmulo de agua y eso ha terminado rompiendo todo por abajo”, explica Cristian mientras señala las arquetas que quedaron al aire. La lista de quejas de los vecinos afectados es interminable: ruidos, polvo, impacto visual...son aspectos que se mencionan en los trámites, pero que nadie cuidó que se cumplieran.

La planta de El Charco I, con una potencia instalada de dos megavatios, fue ejecutada entre marzo y noviembre de 2024. Con las obras en marcha, el Gobierno de Canarias completó la autorización de un segundo parque, El Charco IV, de un megavatio, literalmente pegado al primero y, como denunciaron los residentes, ejecutado en realidad como si fuera uno solo.

Esto lo llama, la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático, fraccionamiento de proyectos, para lo que “debe extremarse la cautela en la autorización de parques fotovoltaicos que puedan suponer o incremento de la ocupación”. Se refiere este departamento, en concreto, a que en caso de superar las 10 hectáreas, la instalación conllevaría el trámite de evaluación ambiental, que en este caso no fue necesaria, porque ambos proyectos, aun unidos, no se acercan a ese límite.

Viviendas en Llanos de La Higuera, a pocos metros del parque fotovoltaico.

Preservar el paisaje

El trámite para este tipo de autorizaciones lo dirige la Dirección General de Energía, dependiente de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, y por el camino, se solicitan informes y condicionantes a otros departamentos del Gobierno e instituciones. Por ejemplo, la Dirección General de Agricultura pidió al promotor disminuir el polvo mediante riego y cubrir los camiones, algo que, según los vecinos, nunca ocurrió, como evidencian las decenas de vídeos y fotos con sus viviendas y coches hasta arriba de tierra.

El Cabildo ordenó paralizar las obras ya finalizadas del parque solar El Charco

Más contundente fue la Dirección General de Ordenación del Territorio y Aguas, al recordar que según la Ley del Suelo de Canarias no se permiten actuaciones que desfiguren el paisaje o limiten la visión de espacios abiertos. Son directrices generales de la Ley del Suelo, aunque en este caso, y como ocurre con decenas de proyectos de renovables en la isla majorera, salen adelante por medio de su declaración como de interés general, que permite autorizar proyectos energéticos en ausencia de prohibición expresa, o de planificación territorial específica, a través del polémico artículo 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico de Canarias.

Para el proyecto de El Charco I, la declaración de interés general se produjo en diciembre de 2021, aunque la resolución del consejero de Transición Ecológica de entonces, el socialista José Antonio Valbuena, no aparece en los boletines oficiales.

Cambio político

Pero lo más llamativo del expediente es que el proyecto obtuvo la declaración de interés público y social del Cabildo en febrero de 2023, esto es, en un momento en que el pacto tripartito del Cabildo estaba roto, y sólo había dos personas al frente de la institución, el consejero Juan Nicolás Cabrera y el presidente Sergio Lloret, ambos de AMF, tras la destitución de los consejeros de CC y la salida del PP. Cabe recordar dos informes de la Secretaría del Cabildo y de la Delegación del Gobierno, que consideraron nulos todos los acuerdos de aquel Consejo de Gobierno integrado por sólo dos personas, cuando el cuórum mínimo es de tres miembros.

Tras las elecciones, el cambio político en el Cabildo fue de 180 grados respecto a la proliferación desordenada de instalaciones energéticas. El segundo parque, El Charco IV, no solo no recibió la declaración de interés insular, sino que fue recurrido por la Corporación ya dirigida por Lola García. También llama la atención que en ambas autorizaciones, la del Gobierno y la del Cabildo, se recoge la negativa expresa del Ayuntamiento de Tuineje.

El proyecto fue aprobado pese a informes contrarios y sin planificación energética

Por si todo esto fuera poco, el Área de Territorio y Aguas recuerda que el inicio del Plan Territorial Especial Energético que el Cabildo se está redactando, lo que implica por sí mismo la suspensión cautelar de autorizaciones de instalaciones de energía renovable, algo que no se ha producido.

El Gobierno de Canarias justifica sus declaraciones de interés general bajo argumentos de ahorro energético, reducción de emisiones de CO2, y subraya que Fuerteventura está “lejos aún” del objetivo de potencia renovable instalada, que sitúa en 77,9 MW.

Pero lo cierto es que no hay tal planificación, ni parece haber una hoja de ruta que guíe este tipo de autorizaciones. Los dos parques de Satocan son solo un ejemplo, entre las decenas de proyectos eólicos y fotovoltaicos que han iniciado su tramitación en la Isla, y que superan los 450 megavatios, más del triple del consumo total.

Parque Solar El Charco, muy cerca de las viviendas.

Aceleración

Las explicaciones más recientes de Mariano H. Zapata, el actual consejero actual de Transición Ecológica, son que se evitarán en adelante las declaraciones de interés general que impliquen expropiaciones de terrenos, y que se acordará con el Cabildo una zona de aceleración de renovables donde unir las solicitudes de los promotores mientras el Cabildo actualiza su planeamiento.

Mientras tanto, como le ha ocurrido a los vecinos de los Llanos de La Higuera -que ya se están planteando acciones legales-, y seguramente le ocurra a más residentes, la proliferación o no de este tipo de proyectos seguirá en manos de las compañías, y de políticos y técnicos que, sin unos criterios unitarios, decidan darles cobertura.