El cambio de guardia en el Cabildo de Fuerteventura va algo más allá de la simple sustitución de Blas Acosta por Sergio Lloret en la presidencia de la institución insular majorera. Supone un aldabonazo, el segundo, en el ecosistema del reparto del poder político en Canarias. Al Pacto de las Flores, que monopolizó el control institucional de las instituciones isleñas por una combinación de resultados electorales, alianzas coyunturales y desgaste del adversario, se le han caído dos pétalos en medio mandato autonómico y local.

Primero fue el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y ahora el Cabildo de Fuerteventura, corporaciones cuyo control ha perdido el PSOE por la ruptura de sus acuerdos de gobierno, los mismos que posibilitaron al acceso al poder en 2019 desde la condición de segunda fuerza más votada. 

En la capital tinerfeña, el de nuevo alcalde José Manuel Bermúdez supo aprovechar la deserción de un concejal de Ciudadanos que al marcharse dejó abierta la puerta a una moción de censura suscrita por la siguiente de la lista naranja, la edil hoy tránsfuga Evelyn Alonso. Ya se ve que Patricia Hernández no pudo o no supo mantener la consistencia de un grupo de gobierno cogido con alfileres. 

Y otro tanto le ha ocurrido a Blas Acosta, aunque en el caso del líder socialista majorero, acosado en los tribunales -no por los tribunales, y menos aún por los medios como este, que me honra publicando unas líneas-, las razones de la ruptura son más prosaicas y se basan en una evidencia clamorosa: que Sergio Lloret, el segundo de la cuarta lista más votada en los comicios insulares de 2019, quería ser presidente. Lo ha logrado porque tenía las mejores cartas para ese objetivo, tan buenas que le permiten votar una moción de censura hace año y medio para articular otra, pensada exclusivamente para conducirle a la presidencia y que ni siquiera ha sido necesario materializar tras la dimisión del que se jactó de poner fin a 40 años de gobierno de Asamblea Majorera.

Vivimos en la era del pensamiento líquido, en el que los acuerdos duran lo que duran y los liderazgos tienen fecha de caducidad. Al mismo tiempo, las instituciones canarias no son ajenas a la pandemia de vetocracia que envenena las relaciones entre fuerzas políticas, en particular las mayoritarias. El acuerdo imposible entre distintos con ambición de liderazgo es el paraíso de las organizaciones bisagra que menudean en el ecosistema político canario, en una especie de reedición de los años turbulentos que acompañaron al nacimiento de la autonomía, los de los años de búsqueda del voto 31 en el Parlamento y el avenimiento de los menceyatos insulares, a los que no fueron ajenas las dos islas orientales del Archipiélago. 

La biodiversidad política derivada de la Transición hizo posibles fenómenos políticos tan exitosos como Asamblea Majorera, en su primigenia tradición asamblearia, pero también el del clan de la cebolla articulado por Dimas Martín en Teguise, dos ejemplos contradictorios que terminaron curiosamente por converger bajo el paraguas del nacionalismo unificado. Tras la era de la convergencia, cuando la política canaria derivó hacia un juego de tres sillas, vuelven la diversidad y la geometría variable, algo que hace posible que sea Lloret, y no Lola García, el nuevo presidente del Cabildo majorero. El posibilismo político triunfa sobre la ley democrática de la mayoría.

Este medio ha apostado con indisimulado vigor por el reflejo periodístico de una realidad geográfica, económica, cultural y sociológica realmente fascinante: Lanzaventura. La evolución de la autonomía deriva hacia una nueva redefinición de ejes: las islas capitalinas por un lado, siempre mirándose con desconfianza mutua (hasta en las restricciones por la pandemia lo primero que hace un tinerfeño es mirar cómo queda Gran Canaria, y viceversa); las tres islas verdes, narcotizadas por la peligrosa tesis de la subvención perpetua, y, finalmente, Fuerteventura y Lanzarote intentando construir un eje de cooperación que va desde Órzola a Morro Jable. 

Este último es un ecosistema políticamente áspero, pero también anticipa tendencias, y es por algo que se ha aludido a ambas islas como termómetro y laboratorio para nuevas experiencias políticas. El mismo nacimiento del nacionalismo canario es un ejemplo, pues poco tenían que ver los asamblearios izquierdistas de AM con los alcaldes desarrollistas que pusieron el germen del éxito para el insularismo lanzaroteño. 

En ambas islas hemos contemplado asimismo experiencias de colaboración entre PSOE y PP, también vigentes en La Palma, originadas por esa ambición que denunciaba hace días Mario Cabrera y es la vocación por dejar a Coalición Canaria en un papel de bisagra en la política canaria. La dimisión de Blas Acosta y la configuración de un nuevo gobierno con CC dentro y el PSOE fuera dibuja un escenario que beneficia al PP, como socio necesario en una y otra isla con diferente aliado.

El expresidente del Cabildo majorero, en una jugada más táctica que estratégica, centrada en la propia supervivencia, intentó abrir cauces de diálogo con CC, primero en el ámbito insular y más tarde por elevación, a través de los canales que con perspectivas futuras mantienen abiertos el presidente que es, Ángel Víctor Torres, y el que fue, Fernando Clavijo. Su propia dimisión había que entenderla en esa clave, como un mensaje a los nacionalistas, a Mario Cabrera y Lola García, del tenor siguiente: si quieren darle la presidencia a Sergio Lloret es porque quieren, pues son posibles otras opciones, como la colaboración entre PSOE y CC, o incluso el respeto a la norma legal según la cual a falta de mayoría absoluta es la lista más votada la que asume la presidencia o la alcaldía. 

El empeño de Acosta, abrir con su salida la puerta a una segunda presidencia de CC -tres presidentes en dos años y en medio de una pandemia, tomemos nota- no salió adelante por las múltiples desavenencias generadas tras los comicios de 2019, cuando el PSOE articuló, en compañía de la ahora debilitada Nueva Canarias -sin poder en el Cabildo, sin presidente del partido en la isla tras la revuelta/renuncia de Alejandro Jorge, y por ahora con un escaño menos en el Parlamento, a la espera de lo que haga Sandra Domínguez- el desalojo de los nacionalistas de todo aquel escenario político en el que los de CC se pusieron a tiro. Ahora ha llegado la réplica, a la espera de confirmar si es posible devolver otro golpe en Lanzarote. Pues sí que Lanzaventura va a ser el laboratorio político de la Canarias pospandémica.