La Plataforma No Tierras Raras Fuerteventura ha recibido “con alegría” la noticia de que para el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), organismo autónomo que depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, “no se debe conceder el permiso de exploración” a la empresa Satocan, y a ninguna otra empresa.

Desde la Plataforma señalan que el Instituto Geológico y Minero de España, con rigor científico, subraya que “realizar una campaña de sondeos de investigación en estas cuadrículas implica modificaciones del terreno con un impacto ambiental negativo para la conservación”. Además, los trabajos que realizarían supondría la apertura de caminos para llegar con maquinaria para realizar los sondeos pertinentes para la empresa, incluso el vertido de lodos de perforación”.

Por otra parte, el IGME explica que “si se otorgara el permiso de explotación de este afloramiento de tierras raras, para que fuera rentable para la empresa, se produciría el agotamiento total de lugares de interés geológico y una pérdida irreparable del patrimonio natural de Canarias”.

Las principales afecciones derivadas de la explotación de tierras raras en minería a cielo abierto, explican, provoca “la desaparición de la vegetación, la apertura de nuevos accesos viarios para maquinaria pesada, la contaminación por elementos radioactivos, así como la contaminación del aire, tierra y agua”.

“Se generan residuos peligrosos, como metales pesados, ácidos y fluoruros, lo que supone un riesgo de contaminación de aguas superficiales o subterráneas por drenaje y de contaminación atmosférica por acción del viento” y añade: “Incide en la utilización de grandes cantidades de agua para el procesamiento, lo que genera un impacto de, al menos, unos 75.000 litros de agua residual solo para la extracción de una tonelada”.

Según el IGME, “está demostrado que en los países en los que se ha llevado a cabo la explotación de tierras raras, se han generado cantidades importantes de desechos tóxicos, radiactivos, gases y polvo que afectan a la naturaleza y a los seres humanos”.

Además, “para obtener una tonelada de tierras raras, se generan hasta 12.000 metros cúbicos de gases ricos en polvo concentrado, conformado por ácido sulfúrico, dióxido de azufre, así como cerca de una tonelada de restos radioactivos” y concluyen que “los huecos mineros que se perforan en el territorio generan un gran impacto visual, influyendo negativamente en el paisaje natural, que se acentuaría en el caso de Fuerteventura”.

En definitiva, para el IGME, señalan desde la Plataforma, “las rocas de Fuerteventura son patrimonio geológico del país y de la Comunidad Autónoma de Canarias por su valor científico catalogado como muy alto”. Señala, reiteran, que se trata de materiales “muy poco frecuentes en el mundo, especialmente en el contexto de una isla oceánica y que, de hecho, el afloramiento de Fuerteventura es el único lugar en España en el que pueden observarse”.

El Instituto Geológico y Minero de España considera “rotundamente” que “no debe autorizarse las exploraciones en aplicación tanto de la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias”.

Por su parte, la Plataforma también recuerda que “la gran mayoría de la ciudadanía de Fuerteventura no quiere ni exploraciones ni extracciones de tierras raras en su territorio” además de que “14.000 ciudadanos presentaros sus alegaciones a estos proyectos sin sentido común”, que “todas las instituciones de Fuerteventura, Cabildo y Ayuntamientos, manifestaron su rechazo y un no rotundo a la exploración y explotación de las tierras raras”, que “todos los Cabildos del Archipiélago manifestaron solidaridad al Cabildo de Fuerteventura y el rechazo rotundo a la exploración y explotación de las tierras raras, tanto en Fuerteventua como en cualquier otra isla de Canarias” y que “el Parlamento aprobó una PNL, con el apoyo de todos los grupos políticos menos Vox, para paralizar las autorizaciones relacionadas con los permisos de investigación y prospección de tierras raras en Fuerteventura”.

En su comunicado, la Plataforma pregunta, de forma directa, al Gobierno de Canarias por qué no se han archivado, “de manera definitiva” los tres permisos de exploración así como qué ha pasado con las medidas aprobadas en la PNL y a qué está esperando el Gobierno para “archivar los permisos”.

Al mismo tiempo la Plataforma, “vuelve a pedir” a todas las instituciones de Fuerteventura y a todos los grupos políticos de “unirse firmemente” e instan al Gobierno de Canarias a que proceda “con acciones concretas, inmediatas y sin dilación al archivo de los tres permisos” por “ir en contra de la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad”, por ir también “en contra de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias”, por “ir en contra del rigor científico, de la voluntad ciudadana y en contra del sentido común”. Además, concluyen en su comunicado, por “ir en contra de la voluntad política e institucional de la isla de Fuerteventura y de la voluntad política e institucional del Parlamento de Canarias”.