En Fuerteventura hay más de 6.300 viviendas vacacionales y la nueva Ley del uso turístico de viviendas que ha anunciado el Gobierno de Canarias ha avivado un debate que ya existía. De un lado, los propietarios defienden este modelo de alojamiento, que redistribuye las ganancias que genera el turismo. De otro, las autoridades apuestan por marcar límites ante lo que denominan la “proliferación masiva de viviendas vacacionales”.

El gerente de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), Javier Martín, ha denunciado que la ley en ciernes que regulará el uso turístico de las viviendas en el Archipiélago puede suponer la destrucción del 80 por ciento de la oferta existente en las Islas. En Fuerteventura, añade que puede suponer “una gran amenaza” para este segmento alojativo, que ha cogido especial relevancia en el norte de la Isla.

Desde la asociación, que agrupa a buena parte de los dueños de viviendas vacacionales, temen que la futura ley prohíba algo que sucede en la actualidad, que “en un mismo edificio convivan la vivienda residencial y la vacacional”. “Bajo el argumento de la gentrificación o del derecho a una vivienda digna se quiere aprobar una ley abusiva para acabar con nuestra actividad”, alerta el gerente de Ascav.

Tanto la asociación como muchos propietarios de viviendas vacacionales y empresarios que se dedican a gestionarlas han presentado alegaciones a la consulta previa a la futura ley, un trámite que se cerró a finales de noviembre. Su objetivo, señalan, es que la nueva legislación no derive en el cierre de su actividad o en una reducción significativa de sus ingresos. Según los números del colectivo que agrupa a los propietarios, la vivienda vacacional genera unos 42.000 puestos de trabajo en el Archipiélago, apunta el gerente de Ascav.

En Canarias hay unas 47.000 viviendas vacacionales, según el Registro Turístico del Gobierno autonómico, de las que unas 6.445 se encuentran en Fuerteventura, tal y como se refleja en el censo del Cabildo majorero. En la plataforma Airbnb se ofertan unos 6.500 alojamientos en la Maxorata y un estudio a escala estatal del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2023, apunta a que en Fuerteventura habría unas 6.318 viviendas de uso turístico. Este estudio del INE refleja que el municipio con más viviendas vacacionales es La Oliva, con 3.464. En el municipio del norte de la Isla también es donde esta modalidad alojativa tiene más peso: el 30,78 por ciento del total de viviendas tiene uso turístico.

El otro extremo es Puerto del Rosario: en todo el municipio hay unas 370 viviendas vacacionales y en la ciudad el uso turístico apenas se da en el 1,67 por ciento del total. En Pájara y Antigua las viviendas vacacionales rondan el 12 por ciento de toda la oferta, en Tuineje poco más de un cinco por ciento y en Betancuria un tres y medio.

En Fuerteventura hay unas 6.300 viviendas vacacionales, la mitad en La Oliva, que es el quinto municipio de España con más porcentaje de vacacional sobre el total de inmuebles

“Son unos porcentaje pequeños y no somos los culpables de la falta de vivienda en Fuerteventura, ni de los problemas urbanísticos o daños en el medio ambiente como argumenta la ley para acabar con nosotros “, destacan los asociados majoreros de Ascav. Para el colectivo, la demanda habitacional que existe se debe a que las instituciones públicas no han construido vivienda social durante años, a pesar del crecimiento de población que han experimentado las Islas. En lo que va de siglo, Fuerteventura ha duplicado sus habitantes: de 60.000 a más de 120.000 residentes.

Javier Martín incide en que la futura ley pretende favorecer a las cadenas hoteleras y a las grandes compañías de la industria turística frente a una modalidad que no controlan, como la del alquiler vacacional. Destaca que el usuario de este segmento presenta un perfil más “independiente”, que se desenvuelve al margen de los paquetes turísticos tradicionales, lo que a su vez deja beneficios en la hostelería, así como en centros de ocio y culturales. Considera que también busca una experiencia radicalmente distinta al del cliente habitual del todo incluido, que “no sale de la piscina del hotel”. “Existen nuevas formas de hacer turismo que reportan más dinero a la economía local”, subraya el gerente de Ascav.

Argumentos

Desde el sector ponen sobre la mesa sus argumentos para rechazar que se les responsabilice de la falta de vivienda a precio asequible. El primero, que según las estadísticas hay más de 211.000 viviendas vacías en el Archipiélago. “El alquiler vacacional constituye el 23 por ciento de las camas turísticas existentes en las Islas, pero en ellas solo se aloja un 10 por ciento de los visitantes, es decir que un millón y medio de turistas se hospedan en viviendas vacacionales de los 16 millones de turistas que llegan al Archipiélago”, desglosa el gerente de Ascav.

A su juicio, la ley que prepara el Ejecutivo regional supone una “persecución injusta”, considera que se debería consolidar la oferta existente, al tiempo que se establece una delimitación y un marco de crecimiento para el futuro, pero insiste que la oferta actual de vacacional “no es desbordante, ni preocupante”. Para Martín, la explotación de viviendas turísticas ha permitido que muchas familias mejoren sus ingresos. Recalca que los canarios no llegan al 75 por ciento de la renta media per cápita europea, a pesar de las cifras récord que genera el turismo. “Sin la vivienda vacacional, los canarios seremos todavía más pobres”, vaticina.

La asociación que engloba a propietarios majoreros considera que mientras que se subvenciona la modernización y construcción de hoteles, los propietarios y gestores de vivienda vacacional invierten en sus inmuebles con su dinero y sacrificio. Es una modalidad turística que existe pero que no se beneficia de las estrategias de apoyo al sector, recalca Martín. “No nos permiten participar en los bonos turísticos y los clientes de viviendas vacacionales pagan mucho más en sus billetes de avión que si comprasen paquetes de todo incluido”. Los empresarios del segmento vacacional defienden que es una fórmula que, además, democratiza el turismo y genera economía en otros sectores que se benefician de forma indirecta por el tipo de vacaciones que realizan los clientes.

“Tengo derechos”

Olga Gargallo es empresaria y, a su vez, propietaria de tres viviendas en Corralejo. “Estamos en un Estado capitalista y, si tengo una vivienda tengo derechos, por lo que es una contradicción prohibir el uso que haga de ella, siempre que sea legal”. Olga ha presentado alegaciones a la nueva ley que se cocina en la Consejería de Turismo del Gobierno autonómico. “Gestiono 31 viviendas vacacionales, que han obtenido su licencia tras darse de alta en un registro, cumplen las normas y pagan sus impuestos”, recalca. Entiende que “se debe perseguir al ilegal y al que quiere obtener rendimiento económico con una habitación en su azotea o jardín”, pero no al que cumple la actual normativa.

Olga Gargallo, empresaria y propietaria de viviendas en Corralejo, entiende que se debe ir contra el que alquila “una habitación en su azotea o jardín”

Además, aporta datos de los beneficios que deja el sector vacacional en las Islas. “El alquiler vacacional ha reportado a las arcas canarias unos ingresos de 140 millones de euros, en recaudación de IGIC, y el año pasado esta actividad tuvo un impacto económico de 2.000 millones de euros, pero parece que eso no lo ven las autoridades”, lamenta Gargallo, con amplia experiencia y formación en el sector. “En mi empresa formamos un equipo, con administrativa, comercial, limpiadoras, lavandería propia y eso se traduce en puestos de trabajo, directos e indirectos”, resalta la empresaria. Olga exige más inspecciones y control para acabar con el intrusismo y las prácticas irregulares que ponen en riesgo a este sector emergente.

Esta empresaria defiende que la vivienda vacacional ha logrado copar un nicho de mercado “muy interesante” para las Islas, para turistas que practican deportes como el surf, nómadas digitales que acuden a zonas más cálidas a trabajar varios meses en invierno, senderistas, estudiantes y familias que buscan un conocimiento más profundo del territorio y el paisaje. “Creo que las grandes cadenas hoteleras y las viviendas vacacionales no son competencia entre sí, porque cada cliente busca cosas diferentes”, analiza.“Hay familias que prefieren un hotel con todos los servicios incluidos y otras que buscan alojamientos independientes, cocinar y vivir experiencias por su cuenta”, puntualiza.

“Beneficios moderados”

Otra empresaria del sector vacacional, en la zona sur de Fuerteventura, es Teresa Sosa, que gestiona viviendas en los municipios de Antigua y Tuineje. Para Teresa, “esta modalidad de alquiler reporta unos beneficios moderados al propietario, que no son tan altos porque debe pagar a una empresa que gestione el inmueble, la limpieza, los seguros o los impuestos, y no es tan rentable como parece”. Eso sí, reconoce que resulta muy interesante este uso, porque el  propietario puede alojarse en su vivienda los días del año que la necesita y alquilarla el resto. “Si yo la alquilo en el mercado tradicional no tengo esa posibilidad, pero el problema más grave de los últimos años en el alquiler tradicional ha sido la morosidad, la ocupación de casas, inquilinos que se iban sin pagar y encima dejaban la vivienda destrozada, mientras que el vacacional permite obtener unos beneficios rápidos y seguros, y los clientes deben cumplir unas normas durante su estancia y si algo se rompe hay un seguro que lo cubre”, indica.

Teresa Sosa, que gestiona viviendas en Antigua y Tuineje: “El vacacional permite obtener unos beneficios rápidos y seguros”

A juicio de Teresa Sosa, culpar al mercado vacacional de la falta de vivienda en Fuerteventura es un error. “Espero que la nueva ley respete este tipo de uso de la vivienda, que ayuda a los municipios menos turísticos”, añade. Esta empresaria considera que el mercado vacacional no es responsable de la turismofobia, como se expone en el informe de la Consejería de Turismo previo a la nueva ley, dado que en términos globales representa entre un cuatro y un cinco por ciento de las viviendas totales en el Archipiélago. “La culpa de que los alquileres sean más caros en toda la Isla se debe a la inflación y a la escasa oferta habitacional, como consecuencia de la despreocupación de las autoridades competentes en los últimos años en construir vivienda para la población residente”, afirma.

“Lo que asusta a las grandes cadenas es que los modelos de turismo están cambiando y temen perder beneficios”, afirman los propietarios de vacacionales de Fuerteventura. Ascav pone el ejemplo de la ciudad de Nueva York, que ha restringido esta modalidad “pero no hay más oferta de viviendas en alquiler, no baja el precio del mismo, pero sí ha subido un 28 por ciento el precio medio de los hoteles”.

Otro problema añadido, agregan desde Ascav, “es la gran cantidad de vivienda que permanece cerrada durante meses, por ser segunda residencia en Canarias”. En su opinión, el Gobierno debe ofrecer incentivos fiscales a esos propietarios para que las abran y las metan en el mercado, “para dar respuesta a las necesidades habitacionales y buscar soluciones reales a los problemas en lugar de perseguir al más débil”, concluyen.