La titular del Juzgado de lo Penal número dos de Puerto del Rosario acaba de dictar un auto en el que traslada las actuaciones del caso Gesturpa al letrado de la Administración de Justicia “para el señalamiento del comienzo de las sesiones del juicio oral” contra el actual viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, Blas Acosta, por el caso Gesturpa.

Contra el auto, dictado este pasado martes, “no cabe interponer recurso alguno”, aclara el Juzgado de lo Penal, que será el que tenga que celebrar la vista oral del caso Gesturpa, en el que se solicitan cuatro años y tres meses de cárcel para Acosta, designado el pasado mes de marzo viceconsejero de Economía a instancias del presidente Ángel Víctor Torres, a su vez secretario del PSOE en Canarias, pese al rechazo de Podemos, su socio de Gobierno.

En el mismo auto, fechado el 18 de mayo y al que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, el Juzgado de lo Penal de Puerto del Rosario, autoriza las pruebas las propuestas para el juicio por la Fiscalía y por la defensa de Blas Acosta, “para asegurar su práctica en el acto de juicio oral”. En ese sentido, se ordena también que se practiquen las “citaciones necesarias”.

En concreto, la defensa de Acosta ha anunciado la presenta de una prueba pericial a cargo de Francisco Ronda Martínez, director de RTR Consultores. El Juzgado de lo Penal advierte de que “la misma deberá aportarse con antelación suficiente a fin de dar traslado a las partes y evitar la suspensión del juicio oral por indefensión, máxime teniendo en cuenta las dificultades de este Juzgado en la agenda de señalamientos, a año y medio vista debido al notorio volumen de asuntos al ser este Juzgado único en la Isla”.

Blas Acosta está acusado de los delitos de administración desleal e insolvencia punible en su gestión de la empresa pública Gestión Urbanística de Pájara (Gesturpa), entidad de la que fue administrador.

La apertura de juicio oral contra Blas Acosta, mediante un auto contra el que “no cabe recurso”, se produjo el pasado 2 de febrero por el Juzgado número seis de Puerto del Rosario, que llevó a cabo la instrucción, iniciada en el año 2015. En ese momento también se remitió la causa al Juzgado de lo Penal para tramitar la celebración del juicio.

“Conductas ilícitas”

En el escrito de acusación de la Fiscalía se resalta que Blas Acosta, en su etapa como concejal en el Ayuntamiento de Pájara, llevó a cabo una serie de “conductas ilícitas” a pesar de que sabía que la empresa municipal “incurría en causa legal de disolución” y “se encontraba en una situación de inminente insolvencia”.

En concreto, destaca la Fiscalía, “formuló y propuso la aprobación de las cuentas anuales” de la empresa, propiedad al cien por cien del Ayuntamiento de Pájara, “aun sabiendo que las mismas contenían constantes y graves irregularidades contables”.

Esas irregularidades abarcaban, según el escrito de acusación, la “valoración de existencias, reservas, impuestos diferidos” y la “contabilización de deudas y gastos”. El Ministerio Fiscal subraya que esas deficiencias impedían “sistemáticamente” que las cuentas “reflejasen la imagen fiel” de la empresa pública.

El fiscal Tomás Fernández de Páiz, especializado en delitos económicos, detalla que el 27 de marzo de 2012, la empresa administrada por Blas Acosta concertó un préstamos con el Ayuntamiento de Pájara por más de 1,7 millones de euros, “con conocimiento de que nunca la entidad podría devolverlo dada su evidente falta de viabilidad económica”.

Ese préstamo, agrega el fiscal, se concedió para el pago de deudas “que no figuraban en la contabilidad” de Gesturpa, una empresa municipal que se concibió originalmente para la construcción de viviendas de promoción pública en el municipio de Pájara.

“Grave perjuicio irreparable”

Otro de los presuntos hechos delictivos que la Fiscalía atribuye a Acosta consiste en el abono en el año 2012 de 897.270 euros a una empresa, Mahlec Mantenimientos, “por cuenta de un tercero” al que “luego nunca le reclamó el pago”. También resalta que la factura se había generado seis años y que no estaba “contabilizada” por parte de la empresa pública del Ayuntamiento de Pájara.

Según recalca la Fiscalía, Acosta “nunca propuso a la Junta General [de Gesturpa] el pertinente acuerdo de disolución de la sociedad a pesar de que los fondos propios de la entidad, consecuencia de su gestión y especialmente de los actos relatados anteriormente, disminuyeron progresiva e inexorablemente”.

Así, la empresa pública pasó de contar con 241.181 euros de fondos propios en el año 2011, una cantidad que ya era inferior al 15 por ciento del capital social, a arrastrar casi dos millones de euros en negativo cuando Acosta cesó en el cargo, en julio de 2015.

Esta situación, subraya el fiscal de delitos económicos, provocó “un evidente y grave perjuicio irreparable” tanto al socio, que era el Ayuntamiento de Pájara, como a los acreedores de la empresa pública.

La Fiscalía identifica dos presuntos delitos, atribuidos a Blas Acosta: uno de administración desleal, por el que pide una pena de un año y nueve meses de prisión, y otro de insolvencia punible, por el que solicita una condena de dos años y seis meses de cárcel.

Entre los dos delitos, el Ministerio Fiscal reclama una pena de cuatro años y tres meses de prisión para Acosta, el único acusado en el procedimiento judicial, así como la inhabilitación especial para cargo público durante el mismo periodo de tiempo.

Multa e indemnización

Además, por el delito de insolvencia punible, la Fiscalía pide que Acosta sea condenado a una multa de 48.000 euros en concepto de responsabilidad personal subsidiaria.

No obstante, el montante económico global solicitado sería mayor en caso de condena, toda vez que la Fiscalía pide que el que fuera concejal de Urbanismo de Pájara indemnice al Ayuntamiento “en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los perjuicios económicos causados” por la gestión de Gesturpa.