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La Guardia Civil investiga la captura ilegal de un atún rojo de más de 126 kilos en Fuerteventura

Existen indicios de un posible destino comercial de la captura, actividad prohibida en el ámbito recreativo

Diario de Fuerteventura 0 COMENTARIOS 07/05/2026 - 11:33

La Guardia Civil de Fuerteventura, instruyó expediente por infracciones administrativas en materia de pesca marítima tras intervenir un ejemplar de atún rojo (Thunnus thynnus) de 126,15 kilogramos, capturado sin la correspondiente autorización.

Los hechos se produjeron el pasado 18 de abril durante un servicio preventivo en la costa este de la isla, cuando los agentes detectaron un vehículo todoterreno que circulaba por una pista próxima al litoral. Tras proceder a su identificación, comprobaron que en el interior transportaba varios fragmentos de gran tamaño que, presuntamente, correspondían a un ejemplar de atún rojo recientemente despiezado, además de útiles de corte y diverso material vinculado a la actividad pesquera.

En el transcurso de las actuaciones, los ocupantes reconocieron haber capturado el ejemplar horas antes. Sin embargo, no pudieron acreditar la preceptiva autorización para la pesca recreativa de esta especie, sometida a un estricto régimen de control que regula cupos, periodos de captura y medidas de trazabilidad

Igualmente, de las averiguaciones realizadas se desprendieron indicios de un posible destino comercial de la captura, extremo especialmente relevante al tratarse de una actividad incompatible con la pesca recreativa y que será valorado por la autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento sancionador.

El ejemplar intervenido fue trasladado para su pesaje y verificación oficial de especie, confirmándose que se trataba de un atún rojo con un peso total de 126,15 kilogramos. Posteriormente, quedó depositado en dependencias habilitadas por los servicios competentes, donde permanece bajo custodia a la espera de su correspondiente gestión administrativa.

La Guardia Civil recuerda que la captura del atún rojo se encuentra especialmente regulada para garantizar la sostenibilidad de la especie y la protección de los recursos marinos, por lo que cualquier actividad al margen de la normativa vigente puede conllevar importantes sanciones administrativas, así como la incautación de capturas y efectos empleados.

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