La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebrará el próximo 30 de octubre el juicio contra un hombre acusado de varios delitos de violencia de género cometidos presuntamente contra su pareja durante su convivencia en Corralejo, en el municipio majorero de La Oliva.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el acusado, identificado como G.A.P.S, mantuvo una relación sentimental con la víctima durante dos años. A lo largo de ese tiempo, y "movido por la intención de menoscabar la integridad física y moral" de la mujer, habría protagonizado múltiples episodios de agresiones físicas y amenazas, incluyendo golpes en el rostro, agarres por el cuello y empujones.

Uno de los episodios descritos en la acusación ocurrió el 1 de febrero de 2023 en el domicilio que compartían, donde el acusado presuntamente empujó a la mujer contra el suelo en presencia del hijo menor de edad de ella.

Además, la Fiscalía sostiene que el acusado habría intimidado a su pareja utilizando un hacha y un cuchillo mientras le dirigía expresiones como: “te mereces que te rompa la cabeza”, “te metes conmigo por eso tengo que pegarte”, y “vas a ser la mujer 31”, en alusión, según el escrito, a las mujeres víctimas de violencia de género fallecidas en un año. También le habría proferido insultos como “puta de mierda” y escupido en el rostro de forma reiterada.

El Ministerio Público solicita también una indemnización de 6.000 euros por daños morales

Como consecuencia de estos hechos, la víctima presenta sintomatología depresiva, según indica el Ministerio Público, que reclama una indemnización de 6.000 euros en concepto de daños morales.

La Fiscalía califica los hechos como constitutivos de un delito de maltrato habitual, un delito de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer, un delito continuado de amenazas y un delito leve continuado de vejaciones.

Solicita para el acusado penas que suman seis años y medio de prisión, además de diversas prohibiciones de comunicación y aproximación a la víctima por periodos de entre seis meses y cinco años, y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante un máximo de cinco años.

También pide la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante los periodos de las condenas privativas de libertad y el abono de las costas procesales.