La Fiscalía solicita penas que suman 17 años y 11 meses de prisión para los cuatro integrantes de un “grupo criminal” acusado “usurpar viviendas ajenas” que estaban deshabitadas, “para acondicionarlas” y, sin ningún tipo de autorización ni consentimiento de los verdaderos propietarios, “alquilarlas” a personas que desconocían la situación real de los inmuebles y cobrarles miles de euros.

De esta forma, los integrantes de la banda se apoderaron de más de 41.000 euros de inquilinos, a los que se les firmaba contratos de alquiler, se les cobraba una fianza, la renta mensual con los gastos de agua y luz incluidos e, incluso, una “comisión por intermediación de la inmobiliaria”. Las penas de prisión para los acusados oscilan entre los tres años y cuatro meses para dos de ellos, los cuatro años y tres meses para una acusada y los siete años de cárcel para el considerado cabecilla de la organización.

Entre los inmuebles que la banda usurpaba para luego firmar con los inquilinos contratos falsos de alquiler se encuentra una vivienda en cuatro viviendas y un local comercial en la calle Virgen de la Peña de Puerto del Rosario, dos viviendas en la capitalina calle Cervantes, otra en la calle Nuestra Señora del Pino de Corralejo, dos apartamentos en la calle Pablo Picasso de Caleta de Fuste y seis viviendas en Tarajalejo. Al tratar de usurpar otras cinco viviendas desistieron al ser “advertidos” de la “ilegalidad” por parte de un agente de la Policía Nacional fuera de servicio. La empresa propietaria también denunció delitos de usurpación de las viviendas.

El modus operandi de la banda era el siguiente: localizaban viviendas vacías, generalmente propiedad de empresas, en algunos casos relacionadas con bancos, como varias del grupo de La Caixa, cambiaban las cerraduras y luego las ponían en alquiler en a través del portal Milanuncios.com, donde se publicitaban. Los interesados contactaban telefónicamente, visitaban las viviendas y luego firmaban contratos de alquiler con la empresa Burro Majorero SL, con rentas que oscilaban entre los 450 y 725 euros. En apariencia todo normal.

Sin embargo, la Fiscalía destaca en su escrito de acusación la “espuria” apariencia que los acusados daban a entender a los inquilinos de que podían disponer de los inmuebles, cuando no era así. Fue lo que sucedió con las cuatro viviendas y un local del número 90 de la calle Virgen de la Peña en Puerto del Rosario, que había pertenecido a una empresa y que había terminado en manos de Bankia.

Según el Ministerio Fiscal, en una de estas viviendas uno de los acusados llegó a decirle a una mujer que ya habitaba en el edificio que era “el nuevo propietario” y que le ofrecía un contrato de arrendamiento a cambio de 300 euros al mes. Como se negó, al no aportarle la documentación sobre la titularidad de la vivienda, el acusado denunció a la mujer en la Policía Nacional por un presunto delito de usurpación.

La acusación apunta a que se apropiaron de más de 41.000 euros de los inquilinos

En otro caso, también en Puerto del Rosario, ocuparon, cambiaron las cerradores y acometieron la “conexión ilegal” de luz de dos viviendas en el número 45 de la calle Cervantes. Los inmuebles habían sido objeto de una herencia y la propietaria lo denunció en la Policía Nacional. En Tarajalejo, según el escrito de acusación, fueron incluso más allá: presuntamente usurparon seis viviendas propiedad de la empresa Cororasa y, para evitar las dudas de los inquilinos que cuestionaban la titularidad de las casas, uno de los acusados “les exhibió un contrato de arrendamiento” con “un familiar directo de uno de los dueños” de la constructora, “que tampoco disponía de facultad alguna” para representar a la sociedad. Un contrato, además, supuestamente falso, al haberse incorporado la firma de la otra parte, mediante una “técnica de estampado”, “sin su conocimiento ni consentimiento”.

La Fiscalía asegura que algo similar llevaron a cabo con dos apartamentos del complejo urbanización Lomas del Castillo, en Caleta de Fuste. Ambos inmuebles eran propiedad de la empresa Metrocell, pero estaban involucrados en un procedimiento de ejecución hipotecaria seguido por el Juzgado número dos de Puerto del Rosario.

Según el escrito de acusación, para despejar suspicacias de los inquilinos, se les exhibió un contrato supuestamente celebrado con el administrador de la empresa, pero que en realidad era falso, tal y como destaca el Ministerio Fiscal, que incorpora a la lista de delitos por los que acusa el de falsedad continuada en documento privado. Se suma al de pertenencia a grupo criminal, el de usurpación continuada y estafa continuada.