La cadena RIU y la asociación 'Salvar el Oliva' han organizado para este viernes una visita a las instalaciones del Oliva Beach, en las Dunas de Corralejo, para denunciar "la grave situación en la que se encuentran los 400 trabajadores del hotel y sus familias".

La convocatoria se produce después de que el Ministerio para la Transición Ecológica, a la que RIU le pidió autorización para reformar el hotel y los apartamentos, haya iniciado en cambio el expediente para anularle la concesión del dominio público marítimo terrestre en las Dunas.

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El viernes a las diez de la mañana está prevista una "visita guiada" a las instalaciones del hotel, para mostrar su "mal estado", en las que además "se mostrará una habitación piloto del proyecto de reforma que RIU quiere llevar a cabo".

Una hora después está convocada una rueda de prensa, a la que está previsto que asistan representantes de la cadena hotelera, de los trabajadores, el presidente del Cabildo, Blas Acosta (PSOE), y la alcaldesa de La Oliva, Pilar González (PPMajo).

Desde la oposición, CC y PP han solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario en el Cabildo de Fuerteventura para debatir la situación del establecimiento hotelero y el procedimiento de revisión de oficio de la concesión de Costas, cuyo objetivo es declarar su "nulidad".

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El expediente abierto por el Ministerio para la Transición Ecológica persigue anular la Orden ministerial de 8 de julio de 2003, mediante la que el Gobierno otorgó a una empresa controlada por RIU (Geafond número uno Lanzarote SA) la concesión de 59.768 metros cuadrados de terrenos del dominio público marítimo terrestre.

El subdirector general de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de Justicia, Octavio Martínez, destaca la existencia de una “posible causa de nulidad de pleno derecho” en la concesión del dominio público marítimo terrestre “en las Grandes Playas de Corralejo”, otorgada hace 17 años a RIU.

La director general de Sostenibilidad de la Costa considera ilegal la concesión que se dio a RIU en 2003, su posterior modificación y la prórroga de 2016

La decisión del Ministerio para la Transición Ecológica coincide con el criterio que ya había avanzado la directora general para la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro, que defendió la existencia de irregularidades tanto en la concesión de 2003 como en la modificación efectuada en 2007 y en la prórroga por 75 años que se firmó en 2016.

En un informe del año pasado, la responsable de Costas ya avanzaba que consideraba ilegal la concesión del dominio público puesto que RIU no era la única propietaria del complejo de 432 apartamentos y 10 locales comerciales construido en las Dunas de Corralejo, un “requisito esencial” según la Ley de Costas.

En su informe, Oñoro defendía que lo que procede es anular el permiso de ocupación del dominio público, cuyo trámite ahora se ha incoado según confirma la comunicación trasladada a Intersindical Canaria, a la que se le ha dado un plazo de audiencia de 15 días para presentar alegaciones, toda vez que el sindicato se había personado como parte interesada en el expediente de la licencia de reforma.

Aunque la nulidad de la concesión del dominio público a RIU estaría relacionada con el complejo de apartamentos, el criterio de la directora general de Sostenibilidad de la Costa es que “el acto administrativo que otorga la concesión es uno y único”, por lo que entiende que la anulación se debería extender también a los terrenos sobre los que se asienta el hotel y, en cualquier caso, a los apartamentos.