La Audiencia Provincial de Las Palmas ha contradicho al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Puerto del Rosario y ha decretado el archivo de la causa por prevaricación contra la Junta de Gobierno de Pájara de enero de 2010, en la que Blas Acosta era concejal de Urbanismo.

La Sección Primera de la Audiencia, en un auto cuyo ponente ha sido el magistrado Pedro José Herrera Puentes, que fue viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias entre 2011 y 2015, en un departamento dirigido por el PSOE, ha anulado la resolución del Juzgado que daba por finalizada la instrucción de la causa y ha acordado el sobreseimiento provisional de la misma.

En este procedimiento, la Fiscalía solicitaba para Acosta, actual viceconsejero de Economía del Ejecutivo regional, una condena de tres años de prisión por un presunto delito de prevaricación urbanística, así como nueve años de inhabilitación para cargo público.

La Junta de Gobierno de Pájara de enero de 2010 se otorgó una licencia de ocupación en La Pared con informe jurídico y técnico desfavorable, cuando las obras de la urbanización no estaban concluidas y no estaba finalizado el sistema de depuración de aguas residuales.

En su auto, dado a conocer este miércoles, la Audiencia Provincial interpreta que “a diferencia del informe jurídico, el emitido por el arquitecto técnico, aunque también desfavorable, deja abierta una puerta que puede ser compatible con la licencia de primera ocupación”.

“Se puede pensar que, aunque la urbanización no esta terminada en su totalidad, por la zona de la parcela estaba lo suficientemente avanzada para llevar a cabo la ocupación y uso de la edificación construida”, señala el auto cuyo ponente ha sido Herera Puentes, que habla de que la “situación” era “cuando menos difusa” y considera que “es imposible de delimitar hacia un lado o hacia otro”.

La Sección Primera de la Audiencia añade que “no es cuestión de respaldar ahora el actuar de los investigados”, entre los que se encontraba la diputada regional Rosa Bella Cabrera, también del PSOE, “el cual bien ha podido chocar con el rigor y buen hacer exigible a la función pública comprometida”.

No obstante, la Audiencia concluye que no se cumple en la decisión de la Junta de Gobierno de Pájara los criterios que revisten el delito de prevaricación y sostiene que “no es posible extraer datos claros” del procedimiento “que faciliten un relato inculpatorio para todos o alguno de los investigados”.