La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha reiterado al consejero de Transición Ecológica y Energía que la declaración de emergencia energética y el concurso de potencia adicional del Gobierno de Canarias debe respetar la realidad majorera y no permitir, en ningún momento, prórroga de permanencia y explotación de la Central Térmica de El Charco.

Así lo ha hecho saber Lola García en la visita realizada a la Isla por Mariano Hernández Zapata, en un encuentro que contó con la presencia de la consejera insular de Ordenación del Territorio, Nereida Calero, la concejala de Urbanismo y Planeamiento de Puerto del Rosario, Ana Hernández, quienes reiteraron la urgente necesidad de desmantelar la Central Térmica del Charco y que, en sus negociaciones con el Estado, el consejero proponga el traslado de la central a zonas como Zurita.

Lola García solicitó al consejero, además, que conozca sobre el terreno el impacto que tienen los sistemas energéticos que se implantan saltándose la vía ordinaria. "Un daño irreparable para la sostenibilidad, la preservación del territorio y la calidad de vida de las personas que aquí vivimos".

De esta manera, García ha reiterado que "la implantación de sistemas de producción energética debe respetar, en todo momento, el planteamiento que se hace desde las administraciones locales y la realidad majorera". Sin embargo, "se utiliza de forma sistemática un procedimiento extraordinario como el interés general, que permite a las empresas implantar libremente estos sistemas, sin respetar las particularidades de Fuerteventura ni nuestro modelo de Isla". "Desde el Cabildo hemos interpuesto ya contenciosos-administrativos para paralizar las autorizaciones de una decena de proyectos que se saltan la vía ordinaria. El último de ellos, relativo a la subestación eléctrica majorera 132/30kV, en el término municipal de Tuineje", añadió.

La presidenta insular, Lola García, recordó asimismo que "el de Fuerteventura es de los pocos cabildos que trabaja en un Plan Territorial Especial para la implantación de infraestructuras energéticas y lo que pedimos es que se respete el criterio de las administraciones locales".