Fuerteventura acogerá el próximo 5 de abril una concentración en defensa del derecho a la vivienda. La movilización, que se enmarca en una convocatoria estatal, tendrá lugar a las 12:00 horas en la Plaza de la Iglesia de Puerto del Rosario, frente a la Delegación del Gobierno.

Bajo el lema “Vivienda digna para todas ya”, la protesta busca denunciar la precarización del acceso a la vivienda y el impacto de la especulación inmobiliaria en la población.

Según el Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura, una de las organizaciones convocantes, la situación ha alcanzado un punto crítico. “El acceso a la vivienda no es un problema aislado, sino una crisis estructural agravada por la especulación”, señalan en un comunicado.

Diversos informes apuntan a un deterioro progresivo en las condiciones de acceso a la vivienda, especialmente para los sectores más jóvenes y vulnerables.

Según el Informe de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (2023), una persona joven en España debería destinar el 94 por ciento de su salario para vivir sola. A esto se suma que Canarias es la segunda comunidad autónoma con el salario medio más bajo del país, según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE.

El precio del alquiler en Canarias ha alcanzado niveles récord, duplicándose en menos de una década, según datos de Fotocasa.

En paralelo, el Consejo General del Poder Judicial informó de 1.304 desahucios en Canarias en el primer trimestre de 2024, un 41 por ciento más que el año anterior.

Además, según el Ministerio de Hacienda, dos de cada cinco viviendas registradas en Canarias en 2023 pertenecían a propietarios con cinco o más inmuebles.

Demandas de los colectivos convocantes

Los organizadores de la protesta exigen medidas urgentes para frenar la crisis habitacional. Entre sus reivindicaciones destacan la regulación de los alquileres, la expropiación de viviendas vacías en manos de fondos de inversión y grandes propietarios, la reconversión de pisos turísticos en vivienda habitual y la suspensión de desahucios.

También solicitan la eliminación de incentivos para atraer nómadas digitales y la prohibición de empresas de desocupación.

“La vivienda es un derecho, no un negocio”, sostienen desde el Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura, subrayando la necesidad de reforzar el parque público de vivienda y limitar la construcción de nuevos inmuebles con fines especulativos.

La convocatoria en Fuerteventura se suma a las numerosas protestas previstas en distintas ciudades del país el 5 de abril. Los organizadores han hecho un llamamiento a la ciudadanía a participar en la movilización para visibilizar una problemática que, según destacan, afecta a una parte significativa de la población.