La Fiscalía ha vuelto a solicitar pena de prisión por romper precintos de Costas en la terraza de una cafetería en la playa de La Goleta. La zona ha estado envuelta en la polémica por la ocupación indiscriminada del dominio público por negocios privados. Hace tres años, el presidente de la asociación turística Asofuer, Antonio Hormiga, ya fue condenado por un delito de desobediencia por levantar el precinto de sillas, mesas y sombrillas. En aquel momento, aceptó una sentencia de conformidad y el reproche penal se redujo a una multa.

Aquella resolución judicial sirvió, en la práctica, de poco y agentes de Costas tuvieron que volver a precintar la terraza en la playa del complejo de apartamentos Galera Beach. Quienes explotaban en aquel momento el negocio hicieron caso omiso y la terraza desobediente ha vuelto a los Juzgados. La Fiscalía formula acusación contra los responsables de la empresa Isabella JCLB, uno de ellos administrador único de la mercantil. Otro de los acusados es su hijo.

La citada empresa firmó el 1 de enero de 2021 un contrato de arrendamiento de la cafetería La Galera. Desde abril de 2017, Costas abrió un procedimiento sancionador, en aquel momento contra Antonio Hormiga, por la ocupación del dominio público sin autorización. La Fiscalía destaca que tanto el 23 de noviembre como el 21 de diciembre de 2022, los agentes procedieron “a la retirada del mobiliario de la terraza” del establecimiento y al “pertinente precinto de esa zona pública”.

Costas abrió en 2017 un expediente sancionador y sus órdenes se han incumplido

Sin embargo, “con evidente ánimo de desafiar el principio de autoridad estatal y a sabiendas de su ilicitud y de las consecuencias penales de su acción”, los acusados “procedieron a romper los precintos y volver a colocar el mobiliario”, tal y como comprobaron los agentes de Costas días después de haber clausurado la terraza. La Fiscalía aprecia la comisión de un delito continuado de desobediencia grave y solicita para los tres acusados la pena más elevada, de un año de prisión.

El asunto podría ser incluso de mayor entidad, pero ya en el anterior proceso, el Ministerio Fiscal descartó que servir comidas y bebidas en una terraza ilegal sea “susceptible de integrar el grave daño o peligro” que exige el delito medioambiental. La terraza en cuestión ha seguido haciendo caja.