La Fiscalía solicita multas que superan los 13 millones de euros a la compañía petrolera Cepsa, que ahora se denomina Moeve y que está en el ranking de las que más facturan en España, por un caso de fraude masivo a la Agencia Tributaria Canaria que fue denunciado desde Fuerteventura y que ha salpicado a varios funcionarios del propio organismo autonómico. El Ministerio Fiscal solicita la suspensión de la actividad de la empresa durante cuatro años e incluso la “disolución” de la compañía.

“Al menos” en el periodo comprendido entre enero de 2016 y octubre de 2021, la empresa Cepsa, a través de su filial Petróleo de Canarias (Petrocan), con el “claro ánimo de defraudar” a la Hacienda Pública autonómica, liquidó de forma “deliberada y sistemática”, con carácter mensual, el impuesto sobre el combustible que importaba a las Islas como si fuera fuelóleo cuando en realidad era gasóleo.

La diferencia es enorme: mientras que el impuesto al gasóleo es de 222 euros por cada mil litros, en cambio el tributo que se aplica al fuelóleo, un combustible más denso, de menor calidad y con usos más restringidos, como abastecer a grandes barcos o centrales eléctricas, es de apenas 56 céntimos de euro por cada tonelada métrica.

El Ministerio Fiscal solicita en su escrito de acusación la “disolución” de la empresa

La consecuencia económica del presunto fraude para las arcas públicas de la comunidad autónoma se tradujo en 781.295 euros en el año 2016, de 404.134 euros en 2017, de 1,4 millones en 2018, de más de 2,3 millones en 2019, casi 1,6 millones en 2020 y 1,2 millones en los diez primeros meses de 2021. En total, más de 7,7 millones de euros que se dejaron “ilícitamente de ingresar al erario público regional”, subraya la Fiscalía.

La acusación se dirige contra la empresa Cepsa y también contra la que era su responsable del Área de Impuestos Indirectos, María Inés Martínez, a la que se vincula con la “decisión” de haber importado gasóleo y haberlo distribuido en operaciones de venta mayorista en las Islas bajo la denominación “Diésel Oil industrial”, pero declarando ante la Agencia Tributaria Canaria que el combustible era fuelóleo.

El fiscal Tomás Fernández de Páiz, especializado en delitos económicos, considera acreditada la comisión de seis delitos contra la Hacienda Pública: uno básico por la defraudación de más de 120.000 euros en el año 2017 y cinco con la pena agravada por eludir el pago de más de 600.000 euros en cada uno de los otros años investigados.

El gasóleo tributa a 222 euros por cada 1.000 litros, pero el fuelóleo apenas 56 céntimos por tonelada métrica

En el escrito de acusación se solicitan para Cepsa un total de 13,2 millones de euros de multas, además de perder la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. Por el fraude de 2017 solicita la “suspensión de la actividad empresarial por tiempo de cuatro años”, pero por los otros cinco delitos contra la Hacienda canaria pide también la “disolución de la persona jurídica”.

La acusación contra la directiva de Cepsa se concreta en tres años de prisión y multa de 1,2 millones de euros por el fraude más bajo, y cinco años de cárcel y multa de 4,8 millones “por cada uno” de los otros cinco delitos. En total, la petición se eleva a 28 años de prisión y más de 25 millones de euros en multas. Además, tanto la acusada como Cepsa tendrían que indemnizar de forma solidaria a la Agencia Tributaria Canaria con los 7,7 millones de euros defraudados y los intereses correspondientes.

Denuncias desoídas

El caso de Cepsa investigado por la Fiscalía ha puesto también sobre la mesa que la propia Agencia Tributaria Canaria hizo oídos sordos a las denuncias que le llegaban sobre las prácticas de la petrolera. El administrador de la empresa IR Maxoinversiones, que explota gasolineras en Corralejo, Puerto del Rosario y Morro Jable, formuló una denuncia por los “mismos hechos” ante la Agencia Tributaria en julio de 2019. Presentó otra segunda denuncia ampliada en octubre de 2020 e incluso una tercera queja.

Acusados tres funcionarios de Canarias por no investigar pese a las reiteradas denuncias

Sin embargo, en el organismo que depende de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias no intervinieron pese a tener “conocimiento de las citadas denuncias” y de existir el “deber legal” de investigar los hechos. La Fiscalía considera que en concreto tres funcionarios “no adoptaron deliberadamente ninguna” medida “sino con posterioridad a tener constancia oficial” desde septiembre de 2021 de las investigaciones del Ministerio Fiscal.

Se da la circunstancia de que la denuncia presentada en 2021 ante la Fiscalía tenía un contenido “sustancialmente similar” a las registradas dos años antes en la Agencia Tributaria Canaria. El fiscal acusa a los tres funcionarios de permitir que transcurrieran, “al menos, más de 28 meses sin ninguna actividad material y sustancial de actuación” de la Hacienda canaria, como podría haber sido la fiscalización de los impuestos de Cepsa o la investigación sobre el combustible que realmente estaba importando a las Islas.

Una empresa del sector denunció hasta tres veces ante la Agencia Tributaria Canaria

Por ello, la Fiscalía también entiende acreditado que se produjo una omisión del deber de perseguir delitos, que atribuye a la jefa de la Dependencia de Tributos a la Importación y Especiales, que desde agosto de 2021 pasó a ser subdirectora de Grandes Contribuyentes y Tributos a la Importación; a su antecesor en este último cargo y jefe de la Dependencia de Inspección Tributaria desde junio de 2021; y a la adjunta jefe de la Dependencia de Inspección Tributaria entre junio de 2019 y noviembre de 2020, y subdirectora de Inspección desde esa fecha y hasta el final del periodo investigado a Cepsa. Para los tres funcionarios, el fiscal solicita que sean inhabilitados para empleo o cargo público durante dos años.