El caso Odín ha sacudido los cimientos del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y de la política majorera. En el centro de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción aparecen tres figuras destacadas: la concejal Peña Armas, que durante el pasado mandato manejó áreas como Contratación, Obras y Personal; el arquitecto técnico municipal José Luis Espinel, que informaba las contrataciones sobre las que se está indagando y las justificaba para levantar los reparos de Intervención; y Cipriano Armas Mesa, primo de la edil y en la cúspide del entramado empresarial bajo sospecha. Estas son las principales claves:

Fuerteventura Avanza. En el pormenorizado informe de 95 páginas del fiscal Javier Ródenas, en el que analiza el estado de la instrucción y solicita las entradas y registros de viviendas y despachos de los investigados o la intervención de dispositivos informáticos y documentos, se reitera que la investigación apunta a supuestos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración. Pero también introduce uno más: “financiación ilegal de partido político”.

Anticorrupción ha puesto el foco, en una “laboriosa investigación”, en 36 contratos que suman 1.129.056 euros. De la información recabada “se evidencia que los investigados convinieron en participar en un plan fraudulento en el seno de la contratación pública del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, cuya finalidad era un incremento económico de las empresas adjudicatarias vinculadas familiarmente” y “por relaciones de amistad” con Peña Armas. De todos los contratos investigados, un total de 29, por importe de 956.653 euros, fueron “adjudicados al entorno familiar de la concejal”.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional rastreó las cuentas corrientes y llamó la atención sobre “retiradas” de dinero en efectivo “vinculadas a los expedientes de contratación”: 26.816 euros por un lado, 5.000 euros por otro, 15.000 euros en una ocasión, 16.000 euros en otra u otros 5.000 euros. En total, 67.816 euros.

Entre otros elementos, la Fiscalía adujo la necesidad de las entradas y registros realizados finalmente el pasado 17 de julio en la “indiscutible finalidad esencial de recabar elementos de cargo” que permitan determinar si por parte de los empresarios “se reintegraba (a la vista de las retiradas en efectivo de las cuentas bancarias analizadas) parte del dinero en favor de la campaña electoral de la formación política Fuerteventura Avanza”. El partido se estrenó en las elecciones de 2023, con un destacado despliegue promocional, y quedó como segunda fuerza en la capital majorera, con los mismos cuatro concejales que PP y PSOE, pero más votos.

Cartel electoral de Fuerteventura Avanza en 2023.

Indicios más que suficientes. El fiscal Anticorrupción resalta que los indicios de criminalidad “incluso exceden” de los que serían precisos “para decretar el procesamiento de una persona”, es decir, enviarla al banquillo de los acusados. Sin embargo, más allá de las presuntas irregularidades en la contratación municipal, en el caso Odín aparece otra pata de la investigación: “Las irregularidades en relación a la compra del domicilio de la investigada María de la Peña Armas Hernández”.

La concejal es titular al cien por cien de una propiedad, adquirida el 23 de junio de 2022, que la UDEF plasmó en uno de sus informes, fechado el 3 de abril de este año. Con la entrada y registro del citado inmueble se perseguía “encontrar elementos de cargo” respecto a su compra, efectuada ante el notario Emilio Romero, y de la que el grupo especializado de la Policía también presentó un oficio, el 23 de mayo, “en el que se detallan irregularidades del modo de pago”.

El fiscal alude a un “plan fraudulento” para “favorecer al círculo” de Armas

En este punto de la instrucción, el fiscal dice “que existe la sospecha fundada de una actividad delictiva corrupta, sostenida en el tiempo” y llevada a cabo desde mediados de 2020 a inicios de 2023. “El resultado del análisis de las cuentas bancarias”, remitido el pasado 4 de abril por la UDEF, también ofrece “un pronóstico de imputación” y “evidencia que no estamos ante meras conjeturas o sospechas”, destaca Anticorrupción. De forma expresa cita los lazos entre la antigua tercera teniente de alcalde y el arquitecto técnico del Ayuntamiento, “con un determinado grupo de personas unidas familiarmente entre sí que han sido beneficiadas con la adjudicación de expedientes de contratación” con “marcados rasgos de ilicitud penal tanto en su fase de adjudicación como en su fase de ejecución”.

“Con el análisis de los movimientos bancarios observados en las cuentas corrientes de los investigados” entre el arranque de 2020 y el final de 2023, incidiendo en las operaciones relacionadas “con las transferencias efectuadas por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, es fácil constatar que la conducta de adjudicar los contratos menores de obras y servicios esconde una finalidad ilícita”, añade la Fiscalía.

En su informe, que hace explotar el caso Odín, resalta el “artificio fraudulento de la necesidad de ejecutar adjudicaciones por urgencia, cuando el objeto específico de la contrata estaba ya ejecutado” y en contra de los reparos de Intervención, “pero con la inescindible ayuda de la supervisión del técnico investigado”, José Luis Espinel. El fiscal aclara que “lo que marca la perspectiva penal de los hechos no es que exista una relación de parentesco” de Armas con los empresarios, “primos hermanos beneficiarios de los contratos”, sino que “se haya falseado la competencia, precisamente para favorecer a estos familiares” cercanos.

Informe de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso Odín.

Quién es quién. En la investigación se subrayan los 16 contratos por importe de 522.272 euros a Cipriano Armas Mesa. “El 50 por ciento de los expedientes de contratación investigados son adjudicados en favor del primo” de la concejal o de alguna de las empresas que administra, como es el caso de Codeplag Canarias, Tuercon Canarias y Montaña del Silvo. En esta última comparte administración son su hermano, Sergio Armas Mesa. A Lorena Brito Branco, esposa de Cipriano, el Ayuntamiento le concedió seis contratos por 210.011 euros, “lo que suma entre ambos cónyuges un total de 732.283 euros”. Estos pagos fueron transferidos a la misma cuenta en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. La Fiscalía alerta de que las contrataciones a “primos hermanos” de Peña Armas suponen “un claro riesgo de parcialidad en el procedimiento de contratación” y recalca que 13 adjudicaciones a Cipriano y su esposa “fueron tramitadas o resueltas directamente por su prima” concejal.

Hay contratos por 956.653 euros “adjudicados al entorno familiar de la concejal”

Igualmente, añade la Fiscalía, el Ayuntamiento resolvió a favor de Sergio Armas Mesa o empresas que controla, como Ocios Armas Canarias, Ocio Armas y la citada Montaña del Silvo, un total de 132.396 euros. Por su parte, Alberto Javier Brito Reyes, suegro de Cipriano, recibió dos contratos por 61.244 euros. A Dagmara Ewelina Wieclawska, que había estado contratada entre 2007 y 2021 por la empresa Ocio Armas, “administrada por su pareja sentimental Sergio Armas Mesa”, se le adjudicaron contratos por valor de 93.666 euros.

Anticorrupción recalca los “variados indicios” de que los investigados “podrían haberse valido de una abusiva y fraudulenta utilización de la contratación de emergencia y de la contratación menor, obviando las advertencias y los reparos del interventor”, Antonio Nuevo Hidalgo, y que “instrumentalizaron los expedientes de adjudicación para evitar la libre concurrencia y favorecer al círculo familiar y de amistad” de la concejal Peña Armas. Y sostiene que el “método empleado” era “dar la apariencia de un cumplimiento formal de la legalidad, cuando lo decisivo es que la adjudicación estaba ya decidida de antemano”. Un “plan fraudulento” que “nace de una coordinada actuación de los investigados”, mediante un “pacto clandestino”, apostilla el fiscal.

José Luis Espinel, el día de las detenciones. 

Múltiples “irregularidades”. En el detallado informe del fiscal Ródenas, adelantado por Radio Insular, se enumeran múltiples “irregularidades” de los contratos investigados. En uno, para ejecutar reductores de velocidad en Los Estancos, por unos 27.000 euros, “las cuatro empresas están relacionadas entre sí”. En el análisis de un posible delito de malversación de caudales públicos, el fiscal señala que el Ayuntamiento asignó un contrato de 295.000 euros a Construcciones Rodríguez Ramírez para la instalación de “reductores de velocidad” en varias zonas, “entre ellas Los Estancos, obra que se supone ejecutada en el año 2021”.

Se contrataba con reparos de Intervención pero la “inescindible ayuda” de Espinel

También abundan los contratos por “limpieza” o “desinfección” de solares, instalaciones municipales o exteriores del Ayuntamiento. Se hace alusión a que falta documentación en los expedientes, que no constan de forma fehaciente las solicitudes de ofertas a otras empresas, pese a que se sostiene que se las invitó a participar, o que los informes para iniciar los trámites se emiten “con posterioridad” al inicio del servicio. Hay casos en los que se adjudica por una cantidad “muy superior al presupuesto”. En otro contrato se presenta la factura y se firma por Peña Armas “cuando aún faltaban dos semanas para que finalizara el servicio contratado”. Y “resulta altamente indiciario” de presunta malversación “la asignación de contratos para ejecutar determinados servicios, similares a los resueltos meses antes por empresas representadas por el mismo administrador”.

A Anticorrupción le resulta llamativo que Cipriano Armas Mesa solicita el alta en la actividad de albañilería “un día después de haber presentado el presupuesto” para una obra en el centro cultural de Tetir por 39.564 euros. En una ocasión, “las empresas tenían menos de 24 horas para estudiar la oferta y presentar su presupuesto”. Estaba relacionado con la desinfección del Ayuntamiento y la única que se presentó fue Codeplag Canarias. A favor de esta empresa de Cipriano, según la investigación, se emitieron varias transferencias por parte de otras adjudicatarias del círculo tras los ingresos del Consistorio. Anticorrupción destaca una: el 20 de febrero de 2022, Alberto Javier Brito Reyes recibe del Ayuntamiento 32.795 euros por trabajos para instalar fibra óptica en Casillas del Ángel. Ese mismo día “se transfiere más del 90 por ciento de su importe” a la mencionada empresa de Cipriano Armas Mesa.