Asamblea Majorera - Coalición Canaria en Puerto del Rosario ha denunciado lo que considera una “imposición energética inaceptable” por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, tras señalar que se está ignorando el criterio unánime de las instituciones majoreras sobre el desmantelamiento de la Central Térmica de El Charco y su traslado a Zurita.

La formación acusa al consejero Mariano Hernández Zapata (PP) y a la senadora por Fuerteventura, Paloma Hernández (PSOE), de no haber defendido los intereses del municipio y de permitir, según sostiene, la implantación de un modelo que traslada el problema de El Charco a otros barrios, especialmente a la zona alta de Fabelo.

“Lo que están haciendo es cambiar un problema de sitio, no resolverlo. Están sacando la central de El Charco para meterla en otros barrios de Puerto del Rosario”, señalan desde la organización.

Asamblea Majorera - Coalición Canaria recuerda que tanto el Ayuntamiento como el Cabildo han defendido de forma reiterada la centralización de la implantación energética en Zurita, en Los Llanos Pelados, donde, según indican, existe suelo público, planificación urbanística y consenso institucional. Esta alternativa, añaden, ha sido trasladada al Gobierno de Canarias y al Ministerio.

“Se están saltando el planeamiento municipal y el consenso institucional para favorecer ubicaciones más baratas para las compañías”

Sin embargo, la formación denuncia que el procedimiento estatal de concurrencia competitiva y las decisiones vinculadas a la emergencia energética están permitiendo la implantación de nuevas infraestructuras en la zona de La Herradura, donde ya se desarrollan instalaciones y proyectos empresariales.

Para AM-CC, esta decisión responde a “criterios puramente económicos y a la comodidad de las grandes multinacionales energéticas”. “Se está priorizando el coste de las empresas frente a la salud de los vecinos. Se están saltando el planeamiento municipal y el consenso institucional para favorecer ubicaciones más baratas para las compañías”, afirman.

Asimismo, acusan al Ministerio para la Transición Ecológica de liderar este proceso “de espaldas a Fuerteventura” y al consejero Mariano Hernández Zapata de actuar como “cómplice necesario de esta imposición”, al considerar que no ha defendido el criterio acordado en la isla.

En la misma línea, critican el papel de la senadora por Fuerteventura, a la que atribuyen no haber ejercido una defensa efectiva del posicionamiento trasladado desde el Ayuntamiento y el Cabildo. “Cuando Puerto del Rosario necesitaba que se defendiera su postura en Madrid, la senadora ha guardado silencio mientras se imponían decisiones que perjudican directamente a nuestros vecinos”, indican.

Desde la organización advierten de que la aplicación de mecanismos excepcionales como el 6 bis no debe servir, en su opinión, para eludir el Plan General y dispersar infraestructuras energéticas por el municipio. “Esto no es una emergencia, es una excusa para imponer decisiones sin respetar el planeamiento ni a las instituciones locales”, sostienen.

Asamblea Majorera - Coalición Canaria alerta de que, de mantenerse esta situación, se consolidaría un segundo núcleo energético en la zona alta del municipio, con afecciones sobre la calidad de vida de los residentes.

Por último, la formación exige una rectificación inmediata, la paralización de cualquier decisión que implique nuevas ubicaciones fuera de Zurita y el respeto al modelo territorial definido por el municipio.