La concejal Peña Armas y el técnico José Luis Espinel han quedado en libertad este jueves por la tarde después de que se practicaran una serie de registros en la isla de Fuerteventura en el marco de la operación Odín.

Así lo han indicado fuentes jurídicas próximas a ambos investigados, dos de los tres detenidos en la citada operación, que se centra en presuntos delitos cometidos en contrataciones durante el pasado mandato en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

Si bien la citada investigación se encuentra bajo secreto de sumario, la Policía Nacional corroboró los tres arrestos y precisó que no se descartaban futuras detenciones o imputaciones.

En la operación Odín están bajo sospecha 36 contratos por más de un millón de euros, según confirma la Fiscalía

En la actualidad hay nueve personas investigadas. Uno de los detenidos fue el arquitecto técnico municipal José Luis Espinel, arrestado a primera hora de la mañana en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

Efectivos de la Policía Nacional procedieron al registro de su despacho en las dependencias municipales durante la mañana de este jueves. Espinel permaneció hasta pasadas las 15.00 horas en el Consistorio, de donde salió conducido por agentes policiales.

La concejal Peña Armas, responsable de Contratación en el pasado mandato y actual edil en la oposición, también fue detenida en la mañana del jueves. Armas es líder de Fuerteventura Avanza, partido en la oposición en el presente mandato.

Se investigan supuestos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación y fraude

Según las fuentes consultadas, el tercer detenido fue un empresario que se habría beneficiado de las contrataciones investigadas.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía es la que se ha ocupado de la investigación de esta causa, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, al frente de la que se encuentra el fiscal Javier Ródenas.

Así, están bajo sospecha 36 contratos públicos por un importe total de más de un millón de euros, por obras y servicios, efectuados de forma presuntamente irregular entre 2021 y 2023.

Espinel (dcha.), junto a un agente de la Policía Nacional.

El origen del caso está en las denuncias por supuestas irregularidades en la contratación pública del Consistorio entre 2021 y 2023

La operación está supervisada por la titular del Juzgado de Instrucción número tres de Puerto del Rosario.

En un comunicado, el Ministerio Público detalla que presentó una querella sobre estos hechos en la que describe una serie de prácticas que considera que constituyen delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación y fraude.

Como se recordará, Anticorrupción recibió en 2023, antes de las elecciones locales, dos denuncias por presuntas ilegalidades cometidas en contrataciones menores en el Ayuntamiento capitalino, una de ellas de Podemos.