Empresarios y sindicatos piden una mesa de diálogo que permita salvar los 400 empleos directos del hotel Riu Oliva Beach de Fuerteventura, después de que el Ministerio de Transición Ecológica haya declarado caducada la concesión que permitió levantarlo en las dunas de Corralejo, lo que le aboca a la demolición.

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, ha pedido durante una rueda de prensa que se abra una negociación para evitar "una decisión unilateral que puede perjudicar a Fuerteventura".

A su juicio, debe convocarse una reunión para intentar llegar a un acuerdo, a pesar de que la decisión del Ministerio de Transición Ecológica está avalada por el Consejo de Estado.

Ortega ha destacado "la incertidumbre para la inversión" que generan este tipo de decisiones y ha expresado su "profunda preocupación" por ello.

El hotel Oliva Beach genera 400 empleos directos y 600 indirectos, tiene una facturación anual de 13 millones de euros y crea riqueza en el norte de Fuerteventura, ha señalado el presidente de los empresarios.

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han pedido también que se busque una solución que permita mantener los puestos de trabajo del hotel.

El secretario general de UGT en Canarias, Manuel Navarro, ha pedido que "la Administración resuelva el problema que afecta al hotel" y, consiguientemente, a sus trabajadores.

De igual forma, el secretario general de Comisiones Obreras, Inocencio González Tosco, ha abogado por una mesa de diálogo que permita mantener la actividad turística y ha asegurado que su sindicato apoyará cualquier iniciativa en ese sentido.

En opinión del presidente de la patronal turística FEHT en Las Palmas, José María Mañaricúa, el Ministerio de Transición Ecológica ha tomado una decisión sin tener en cuenta la repercusión que supone para la economía de Fuerteventura.

Asimismo, ha destacado que el mantenimiento del hotel ha contado con el apoyo del Gobierno de Canarias, tanto en su etapa anterior con Ángel Víctor Torres (PSOE) como presidente, como ahora, con el actual presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo (CC).

Mañaricúa ha lamentado que el asunto no se haya debatido en la Comisión Bilateral Canarias-Estado a pesar de que el Gobierno autonómico pidió que se hiciera.

Según ha dicho, "lo importante es llegar a un acuerdo", pues el hotel Oliva Beach supone el 10 por ciento de las camas turísticas de Fuerteventura.

Asimismo, ha pedido que se respete el Estatuto de Autonomía de Canarias, ya que la competencia sobre Costas recae sobre el Gobierno canario tras haber sido transferida.

La letrada del grupo Riu en las islas, Águeda Borges, ha opinado que la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de considerar caducada la concesión otorgada sobre el hotel es "arbitraria e infundada".

A su juicio, el Ministerio ha buscado los argumentos necesarios que avalasen la decisión que quería tomar de antemano y "los argumentos que han utilizado son falsos".

Para la representante de Riu, los incumplimientos que el Ministerio alega para no mantener la concesión no se han producido, pues ni ha habido usos no amparados por la concesión, ni obras no permitidas ni se ha restringido el uso público en la zona.

"Es una decisión absolutamente arbitraria", ha asegurado Borges, quien ha anunciado que Riu recurrirá la decisión en la Audiencia Nacional y luego en el Tribunal Supremo.