El vicepresidente del Gobierno de Canarias y responsable de la Consejería de Industria, Manuel Domínguez, ha admitido este viernes en el Parlamento que se siguen tramitando los permisos de tierras raras en Fuerteventura y ha deslizado la posibilidad de que el Ejecutivo regional buscará que la empresa le ceda las autorizaciones.

A pregunta del diputado socialista Manuel Hernández Cerezo, el vicepresidente del Gobierno señaló que habían encargado un informe “para analizar las acciones” que desde la comunidad autónoma se podrían llevar a cabo respecto a los permisos de investigación de tierras raras en Fuerteventura.

Domínguez indicó que, según el citado informe, las autorizaciones se deberían otorgar “en base a ley” y “en función del orden de llegada”. También apuntó que era necesario para conceder las autorizaciones los informes sectoriales de Medio Ambiente, de Costas “e incluso la evaluación ambiental estratégica o de impacto”.

Del mismo modo, el vicepresidente señaló que el Cabildo de Fuerteventura tendría que informar “sobre la adecuación a la normativa insular” y analizarse cómo afectarían las exploraciones a la fauna, al solicitarse para espacios catalogados como zona de especial protección de aves.

En su intervención en el Parlamento, Manuel Domínguez también mencionó que en el informe se abordó “si cabría cesión o subrogación de los derechos” mineros. “Nada se opone” a esta opción, resaltó, “particularmente” si la entidad que se fuera a subrogar es “pública” y estuviera contemplado “en su objeto social”.

Acto seguido, Domínguez recalcó: “Es intención de este Gobierno que no se lleven a cabo las prospecciones y que podemos tener los derechos pertinentes”. De esta manera, el vicepresidente del Ejecutivo formado por CC y PP sugirió que en vez de rechazar las solicitudes de Satocan, que ha pedido permiso para perforar en una superficie superior a los 45 kilómetros cuadrados, negociarán con la empresa.

El vicepresidente desmintió que la empresa se hubiera retirado, tal y como anunció en mayo la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, y recalcó que el Gobierno está “en posición” de asumir una “posible subrogación o cesión” de los permisos para tierras raras en la Isla en una “futura negociación” si “fuera necesario”.

“Enorme preocupación”

Por su parte, el diputado Hernández Cerezo reiteró la “enorme preocupación de la sociedad majorera sobre este asunto” y las “muchas dudas” que ha generado “el proceder del Gobierno de Canarias” en este asunto.

El parlamentario majorero recordó que en abril se aprobó por todos los grupos parlamentarios salvo Vox una proposición no de ley que instaba al Gobierno a adoptar determinadas medidas, tanto para evitar que saliesen las autorizaciones solicitadas por Satocan como para evitar que en el futuro otras empresas pudiesen seguir el mismo camino.

Hernández Cerezo también criticó que, mientras para otros asuntos el Gobierno se daba prisa para aprobar decretos ley, el que se reclamaba respecto a habilitar respuestas frente a solicitudes como la de Satocan no se había impulsado pese al mandato del Parlamento.

En respuesta al vicepresidente del Gobierno, el diputado socialista reflexionó con preocupación: “Nos confirma que la empresa no ha retirado las solicitudes y, por lo que veo, la tramitación sigue su curso con solicitud de informes sectoriales. El riesgo que existe para Fuerteventura sigue latente”.