En la última actualización del censo de vertidos desde la tierra al mar en el Archipiélago, elaborado por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, se contabilizan unos 40 puntos repartidos por el litoral majorero, de los cuales hay 11 autorizados, 10 figuran en trámite y 19 aparecen como no autorizados. El informe del censo de vertidos elaborado por el gobierno canario está acompañado de un mapa interactivo con información concreta acerca de cada punto. El problema, según los expertos consultados, es que el número de puntos de vertidos al mar puede ser mucho mayor porque muchas administraciones en las Islas desconocen con exactitud la cantidad de residuos que se emiten al océano desde su territorio.

Esta situación ha vuelto a centrar la atención mediática después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) diera la razón a la Comisión Europea y condenara a España por su gestión de los vertidos al mar. La sentencia, que se dio a conocer pasado el 18 de diciembre, concluye que España ha incumplido sus obligaciones relativas a la Directiva comunitaria sobre recogida y tratamiento de las aguas residuales urbanas, que está en vigor desde 1991.

En total, la Corte europea, con sede en Luxemburgo, señala a más de cincuenta aglomeraciones urbanas en toda España por su deficiente gestión en la recogida, depuración y control de los vertidos. La mayor parte de los puntos señalados afecta a Andalucía y Canarias, todos en ellos en la isla de Tenerife. La sentencia se hace eco de los casos de incumplimiento más flagrantes, pero la situación es preocupante en todo el Archipiélago, según los expertos consultados por Diario de Fuerteventura. Por el momento la sentencia es un toque de atención que no prevé sanciones económicas, aunque éstas podrían llegar en el futuro si no se corrige la situación.

Eustaquio Villalba fue profesor de Geografía en la Universidad de La Laguna y actualmente es el portavoz de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN). Señala que hasta la década de los 90 las autoridades españolas no empezaron a tomarse en serio la cuestión de la depuración y el vertido de las aguas, debido a las obligaciones marcadas por la normativa europea. La citada Directiva obliga al tratamiento antes de su vertido o reutilización, lo que provocó que comenzaran a construirse depuradoras por las Islas. “El problema fundamental”, explica Villalba, es que numerosos núcleos de población en el Archipiélago “carecían de alcantarillado”, las obras no se generalizaron hasta este siglo y el déficit no se ha terminado de resolver. “Por tanto, las primeras depuradoras fueron rentables para quienes las hicieron, pero no para la depuración de aguas”, afirma Villalba.

El censo oficial identifica 40 puntos de vertido en la Isla, solo 11 con permiso

La obligación de contar con un censo de vertidos autorizados se estipula en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, por el cual se obliga a las comunidades autónomas a informar a la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para mantener actualizado el Censo Nacional de Vertidos. El último informe del Gobierno canario, del pasado verano, identifica más de 400 puntos de vertidos en el Archipiélago, de los que poco más de la mitad están autorizados desde el punto de vista administrativo.

Problema ambiental

Anne Striewe es directora general de la Fundación Canarina, cuyo objetivo principal es la defensa de la naturaleza y del territorio canario. Sus ámbitos de actuación abarcan la investigación y la educación ambiental, además de realizar actividades relacionadas con la formación, la protección animal y la agroecología regenerativa. La fundación toma su nombre de la Bicacarera (Canarina canariensis), uno de los primeros endemismos vegetales catalogados en todo el archipiélago canario. La cuestión de los vertidos al mar ha sido estudiada en profundidad por esta fundación, que advierte de que la raíz del problema está en la infraestructura de saneamiento de todas las Islas, que no ha sido capaz de evolucionar al mismo ritmo que la creciente demanda debido al aumento poblacional.

“Hay un sistema ilegal de vertidos tolerado por la falta de control e inspección”

Striewe explica que las autorizaciones de los vertidos señaladas en el censo proceden del Gobierno de Canarias, previo informe de los cabildos. En el marco normativo más amplio están la Ley estatal de Costas de 1988 y la Ley autonómica de Aguas de 1990. Además, apunta que los vertidos que no van al mar directamente pero sí a barrancos y suelos también necesitan autorización previa de los cabildos. 

Coincidiendo con la opinión de Villalba, Striewe afirma que “construir depuradoras no daba votos. Ahora sí, porque la gente está cabreada y se cierran playas al baño. Como antes no se veía, se barría todo debajo de la alfombra. Hasta hace unas décadas no se invertía prácticamente nada en estos temas”. “No obstante, hoy ya es imposible de obviar: hay gente que se enferma, playas que se cierran al público e incluso vertidos y residuos que son visibles, como espuma, plásticos o toallitas”, sentencia Striewe.

Ambos expertos coinciden en que a pesar de que exista información pública sobre los vertidos al mar, falta transparencia, ya que los datos y la normativa no resultan nada fáciles de entender para la ciudadanía. A esto se suma que las infraestructuras para gestionar las aguas residuales han ido muy por detrás de las necesidades: “La administración pública ha demostrado con los hechos que no ha tomado las medidas adecuadas”, opina Villalba.

“El aumento de población y la construcción de nuevas urbanizaciones se ha traducido en el colapso y la falta de capacidad del sistema de saneamiento. Basándonos en los hechos, es frecuente que las distintas administraciones se pasen las responsabilidades, mientras que las actuaciones se caracterizan por el fracaso rotundo”, resalta el portavoz de ATAN.

El hecho de que la titularidad de muchas depuradoras y puntos de vertido sea municipal, como puede comprobarse en el mapa interactivo disponible en el portal de Grafcan, no ayuda a que la ciudadanía entienda la magnitud del problema. “Curiosamente, la cuestión del agua es una de las más opacas que hay en cuanto a transparencia y acceso a información”, afirma Striewe.

Ciclo de tratamiento

Según explica Striewe, las estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) no tratan las aguas directamente, sino que son simples puntos de acumulación previos a la fase del tratado o depurado. Las EBAR suelen estar en puntos bajos, a nivel del mar, y necesitan electricidad para bombear el agua a las cotas más altas, donde están las estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR).

Striewe explica que desde las estaciones de bombeo no debería verterse agua de forma directa al mar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las EBAR siempre deben contar con un desagüe o aliviadero para situaciones excepcionales, como los fallos técnicos y los cortes de electricidad. Para cuando se queda sin energía, una estación de bombeo debe disponer de un mecanismo para dar salida a sus aguas y evitar que reviente.

“Construir depuradoras no daba votos. Ahora sí, porque la gente está cabreada”

En lo que respecta a la depuración de las aguas, Striewe distingue tres fases. En primer lugar, el tratamiento primario actúa a modo de filtro, pues solo elimina los residuos sólidos y no los contaminantes. El tratamiento secundario sí incluye un tratamiento a nivel bacteriano que elimina la materia orgánica disuelta que queda tras el tratamiento primario. Finalmente, el tratamiento terciario es el más exhaustivo de todos, pues elimina contaminantes residuales no tratados antes. Este último sería el ideal antes de que las aguas se viertan al mar.

Para entender bien la magnitud del problema, en Fuerteventura habría que estudiar qué tipo de tratamiento existe en cada punto de vertido de agua al mar, y qué consecuencias pueden tener las emisiones en el medio ambiente, tanto en la actualidad como a largo plazo.

Ante la pregunta de por qué 10 de los 40 puntos de vertidos al mar del litoral majorero -el 25 por ciento- aparecen como inactivos, Striewe sostiene que puede deberse a que algunos hoteles o urbanizaciones vertieran directamente al mar en el pasado y que ahora estén conectados a una red de saneamiento para que se depuren sus aguas. No obstante, advierte de que hay que tomar mucha cautela con los datos difundidos por el Gobierno, porque otro de los grandes problemas es la falta de monitorización.

“No se hacen revisiones de las autorizaciones ni tampoco hay inspecciones sistemáticas. Los controles dependen de si hay una denuncia ciudadana o procedente de algún colectivo, o también de si hay algún episodio visible, como espuma o mal olor, que se traduce en un cierre de playas y en presión mediática”, explica Striewe.

Por otro lado, que haya una autorización no significa que el vertido esté cumpliendo de facto con la normativa. Por el contrario, que no exista una autorización no impide en la práctica que se viertan aguas al mar. “Hay un sistema ilegal que se mantiene y está tolerado porque no se ha sabido gestionar”, concluye Striewe.

Zonas turísticas

El crecimiento desmesurado en las últimas décadas se ha traducido en una falta de planificación a la hora de poner medios para un adecuado tratamiento de las aguas residuales. Esto se refleja claramente en zonas turísticas, como es el caso de Morro Jable, Costa Calma o Caleta de Fuste. También en Corralejo, donde existen varios puntos de vertidos no autorizados. En concreto, no tienen autorización la EBAR Poseidón, la EBAR Muelle Chico, ni la EBAR del Puerto, además del emisario submarino de Corralejo, todos de titularidad municipal. Desde Fundación Canarina advierten de que las obras públicas no están dimensionadas correctamente porque el crecimiento poblacional no es suficiente para gestionar esos vertidos.

Vertidos no autorizados y vertidos en trámite.

Corralejo concentra varios vertidos no autorizados, con emisarios

También resultan llamativos los casos de los hoteles RIU Oliva Beach y el Tres Islas, en las dunas de Corralejo. Los vertidos procedentes de los dos hoteles sí cuentan con autorización administrativa y las aguas se vierten al mar después de haber sido filtradas por depuradoras siguiendo en ambos casos un tratamiento secundario, según la información proporcionada por el Gobierno de Canarias. Sin embargo, ambos hoteles aparecen en el informe Banderas Negras, de Ecologistas en Acción, publicado en junio de 2025. El motivo es que el Oliva Beach tiene su concesión para ocupar el dominio público marítimo terrestre caducada por el Ministerio de Transición Ecológica, y sobre el Tres Islas también han pesado expedientes similares, que no concluyeron. No obstante, los ecologistas han denunciado vertidos en la zona en los últimos años.

En cuanto a la contaminación por vertidos, el informe de Ecologistas en Acción señala especialmente a Playa Jardín, situada en Puerto de la Cruz (Tenerife), como uno de los máximos exponentes de los problemas derivados de los vertidos de aguas al mar en Canarias. La mala gestión de los vertidos que acaban en el mar tiene consecuencias muy peligrosas para la salud humana. El motivo principal que llevó al cierre de Playa Jardín durante casi un año fue la detección de contaminación microbiológica, con valores elevados de E. coli, un indicador de contaminación fecal. Este tipo de contaminación puede causar problemas gastrointestinales y otras infecciones en oídos y ojos si se ingiere agua contaminada, o incluso en la piel si se entra en contacto con ella. En Arrecife, la playa del Reducto lleva cerrada al baño desde el pasado 14 de octubre y todavía no se ha localizado el origen de la contaminación.

Striewe señala que no hace falta bañarse en una playa altamente contaminada para verse afectado, ya que el simple hecho de pasear por la orilla también podría tener consecuencias en las vías respiratorias a través de patógenos presentes en el aire. Además, Villalba señala que la contaminación vertida al mar produce una alteración de cadenas tróficas y de todo el ecosistema, amenazando al litoral y a las especies que lo habitan. Por último, sostiene que “la presencia de restos de fármacos, productos de limpieza y de microplásticos está causando una acumulación de contaminantes en peces y marisco, y todo eso nos llega de vuelta si los consumimos”.