El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, intervino este miércoles de forma telemática ante el Senado en una ponencia de estudio sobre la insularidad, junto a otros representantes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Lloret detalló los datos socioeconómicos que ha provocado la pandemia originada por la Covid-19 en Fuerteventura “con una tasa de desempleo en la Isla de un 27,1 por ciento población” y con unos 11.000 trabajadores en un Expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

Además, destacó que en las Islas la disminución del Producto Interior Bruto (PIB) ha alcanzado el 20 por ciento en el último año, frente a los 11 puntos “que descendió el índice nacional”.

En este sentido, el presidente del Cabildo majorero pidió “apoyo económico y la solidaridad del Gobierno de España y la aprobación de un Plan Específico de para Canarias de recuperación del sector turístico”.

También reivindicó “un Plan de Reactivación Económico dotado con líneas de subvenciones, exenciones y bonificaciones fiscales y sociales, y el mantenimiento de los ERTE hasta al menos, final de año”.

“Solidaridad”

En materia migratoria, Sergio Lloret reclamó para Fuerteventura “solidaridad tanto del Gobierno de España como de la Unión Europea, y del resto de territorios autonómicos y de la Unión Europea”.

“Los migrantes no vienen para quedarse en Canarias: la mayoría no quiere quedarse. Canarias es simplemente la puerta de entrada por cercanía, en la ruta que traen prevista hacia el territorio peninsular y el resto de países europeos”, afirmó.

A Fuerteventura, en el período comprendido desde marzo de 2020 hasta la actualidad, han llegado 1.010 migrantes, afirmó Lloret.

Costas

Por último, Lloret quiso finalizar su intervención recordando que las competencias en Costas deben ser transferidas desde el Gobierno central al autonómico, en virtud del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias.

El nuevo presidente del Cabildo majorero reclamó la “implicación urgente” del Gobierno central para “aportar una salida a la angustiosa situación que viven más de 400 familias cuyo sustento depende del futuro del Hotel RIU Oliva Beach”.