Los populares advierten de que la inclusión de los inmuebles de La Cornisa se ha hecho “sin seguridad jurídica” y puede generar problemas legales y económicos al Ayuntamiento

El PP de Puerto del Rosario critica que “el alcalde busca más rédito electoral que una verdadera protección del patrimonio”
Los populares advierten de que la inclusión de los inmuebles de La Cornisa se ha hecho “sin seguridad jurídica” y puede generar problemas legales y económicos al Ayuntamiento
El Partido Popular de Puerto del Rosario ha advertido de que el alcalde y su grupo de gobierno están actuando con “improvisación” en la tramitación del catálogo patrimonial municipal y que “sus decisiones responden más a una estrategia electoral que a una verdadera protección del patrimonio”.
Desde el PP aseguran que durante toda la tramitación del catálogo el propio grupo de gobierno había mantenido el criterio de los informes jurídicos del Ayuntamiento, en los que se recogía que los inmuebles de La Cornisa debían quedar fuera del documento.
Según esos informes, sobre dichos inmuebles existe una sentencia judicial que obliga a realizar previamente una modificación del Plan General de Ordenación (PGO) para poder dar cumplimiento al fallo. Además, se advertía de que incluirlos en el catálogo podría suponer que la tramitación del documento fuera considerada nula de pleno derecho.
Sin embargo, tal y como denuncian los populares, en el último pleno municipal el grupo de gobierno cambió de criterio “deprisa y corriendo” e incluyó finalmente estos inmuebles en el catálogo, sin contar con un nuevo informe jurídico del departamento de Urbanismo que motive o justifique esta decisión.
Desde el Partido Popular consideran que “este giro resulta incomprensible y evidencia una forma de gobernar basada en la improvisación”. A su juicio, “las decisiones adoptadas sin el debido respaldo técnico no solo no garantizan la protección del patrimonio, sino que podrían generar problemas jurídicos y económicos importantes para el Ayuntamiento”.
Los populares lamentan que “lo ocurrido en el último pleno dé la impresión de responder más a una estrategia política que a una planificación seria”. En este sentido, advierten de que “actuaciones de este tipo parecen orientadas a obtener rédito electoral de cara a las próximas elecciones en lugar de abordar con rigor y seguridad jurídica la protección del patrimonio municipal”.















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