El Ministerio de Transición Ecológica ha acordado en una resolución firmada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, “declarar la caducidad de la concesión otorgada” en julio de 2003 al Hotel Oliva Beach y los apartamentos del mismo nombre, para ocupar el dominio público marítimo terrestre en las Dunas de Corralejo.

La decisión del Ministerio de Transición Ecológica se produce después de haber recibido el informe favorable del Consejo de Estado. El citado órgano consultivo elaboró su dictamen el pasado 15 de febrero, tuvo entrada una semana más tarde en el Ministerio y este martes se firmó la resolución que condena al Oliva Beach al derribo.

La concesión se había modificado en abril de 2007 y prorrogado en septiembre de 2016, pero el Gobierno central lleva desde 2019 tratando de anular la concesión por incumplimientos que atribuye a la cadena hotelera RIU.

Ahora, la resolución del Ministerio de Transición Ecológica ordena a la empresa Geafond Número Uno Lanzarote, de la cadena RIU, el “levantamiento y retirada del dominio público marítimo-terrestre de las instalaciones existentes a sus expensas”.

“La demolición de la parte del complejo ocupada por los apartamentos queda suspendida hasta que se instruyan los expedientes que resuelvan la situación jurídica en la que se hallan los titulares registrales no amparados por el título concesional”, señala la resolución del Ministerio, en referencia a que había una veintena de apartamentos de otros titulares.

Además, ordena a la Demarcación de Costas de Canarias que “lleve a cabo el acta de reversión”, es decir, que recupere el dominio público ocupado. Contra la resolución firmada por el secretario de Estado por delegación de la ministra Teresa Ribera, RIU podrá interponer un recurso ante la Audiencia Nacional, lo que es más que previsible que suceda.

Condiciones

En septiembre de 2019, el Ministerio dio los primeros pasos para anular la concesión del dominio público, de 59.768 metros cuadrados en las Dunas de Corralejo, después de descubrir, en abril de 2017, que había 20 apartamentos que habían sido vendidos por la empresa concesionaria. Una de las condiciones de la concesión era que RIU tenía que garantizar que era la única dueña de los inmuebles.

El Ejecutivo central ordena el derribo del hotel “a expensas” de RIU y suspende el de los apartamentos hasta que se aclare la situación de los otros propietarios

Además, entre las prescripciones de la concesión del dominio público está garantizar “el acceso público y gratuito” a 18.122 metros cuadrados de la superficie, con “carteles indicadores”. También se dejaba claro que en las instalaciones “únicamente estarán permitidas, previa autorización” del Ministerio, “obras de reparación, mejora, consolidación y modernización, siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes”.

En un primer momento, el Gobierno central inició la vía de la revisión de oficio de la concesión otorgada en 2003, pero luego optó por otra vía, la de caducar aquella autorización para ocupar el dominio público. En el primer caso, el Ejecutivo tendría que reconocer implícitamente que se había equivocado al otorgar la concesión, mientras que con la segunda opción la culpabilidad se hacía recaer en la empresa de RIU, por los incumplimientos de las condiciones establecidas.

Incumplimientos

En noviembre de 2020, la Demarcación de Costas de Canarias inspeccionó las instalaciones y comprobó que no se respetaba el acceso libre a las instalaciones, en contra de las condiciones de la concesión, entre otros incumplimientos, y que prácticamente todo el complejo estaba vallado.

Costas había impuesto una multa de 204.000 euros a RIU por “aumento” de superficie de las instalaciones autorizadas, que cifró en un 22%

En marzo de 2022, la Dirección General de la Costa y el Mar impuso una multa de 204.458 euros a RIU por la comisión de una infracción grave y de dos infracciones leves, ya que había llevado a cabo un “aumento de superficie, volumen o altura construidos sobre los autorizados” en la concesión. “Como ha quedado probado durante la tramitación del expediente sancionador, se ha producido un aumento de superficie y volumen del 22% del total autorizado”, subraya la resolución.

En ese sentido, se destaca como incumplimientos el vallado de parcela, la construcción de la carretera y el aparcamiento, la construcción de la acera, la “transformación de terrenos para zona ajardinada”, la “instalación de contenedores metálicos de residuos”, la instalación de un contenedor de residuos con puerta abatible, un contenedor marítimo, un depósito de propano, un depósito de agua sin tratar e instalación eléctrica. Además, tenía una tienda abierta al público, “lo que constituye un incumplimiento de las condiciones del título, que no contempla estos usos”.

Competencia

El Gobierno de Canarias trató de parar en agosto pasado el expediente pero el Ejecutivo central responde que es de su exclusiva competencia

En agosto del año pasado, el Gobierno de Canarias, ya con Fernando Clavijo en la presidencia, solicitó al Ministerio de Transición Ecológico que se abstuviera de la “instrucción del expediente” al Oliva Beach, alegando que la “competencia exclusiva” sobre la ordenación y gestión del litoral era de la comunidad autónoma.

Sin embargo, en esta última resolución del Ministerio de Transición Ecológica se sostiene que, “para todo lo referente a la gestión de las concesiones otorgadas en aplicación de lo previsto en la disposición transitoria primera de la Ley [de Costas] será competente la Administración General del Estado, incluyendo esa gestión, entre otros procedimientos, la transmisión, prórroga y extinción de los títulos, así como la potestad sancionadora sobre estas concesiones”.