El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Puerto del Rosario ha rechazado el recurso interpuesto por Blas Acosta, actual presidente del Cabildo de Fuerteventura y exconcejal de Urbanismo de Pájara, contra el auto que dio por concluida la instrucción del denominado Caso La Pared y su pase a la fase de procedimiento abreviado, antesala de la apertura de juicio oral.

El juez Pedro José Sosa reitera que existen “indicios racionales” y “sólidos” de un presunto delito de prevaricación de los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pájara, que el 25 de enero de 2010 concedió una licencia en La Pared con un informe técnico y otro jurídico, de los funcionarios del Consistorio, de carácter desfavorable.

En su auto, el Juzgado recalca que los investigados, entre los que se encuentran Rafael Perdomo, exalcalde de Pájara y actual concejal, o Rosa Bella Cabrera, diputada autonómica del PSOE, “habrían votado a favor de la concesión de la licencia pese a tener conocimiento” de un informe del técnico municipal “en contra de la concesión”, tratándose además “de un técnico cualificado, experto en la materia”.

“Sin embargo”, añade el juez instructor, sin solicitar “otros informes” que pudieran “fundamentar” la concesión de la licencia, “procedieron a votar a favor de su concesión”.

“Estos hechos resultarían suficientes para sostener asimismo la existencia de indicios racionales de que los investigados habrían actuado vulnerando el ordenamiento jurídico de una forma consciente y deliberada”, recalca el juez.

En septiembre del año pasado, el Juzgado número dos de Puerto del Rosario dio por concluida la fase de instrucción del caso La Pared y decretó su continuación como procedimiento abreviado por la presunta comisión de un delito de prevaricación.

Frente a esa resolución judicial, presentaron recursos Blas Acosta, Rafael Perdomo y Rosa Bella Cabrera, todos cargos públicos en activo, así como el exconcejal Jesús Manuel Umpiérrez. El juez instructor los rechaza por completo y confirma “en todos los extremos” la decisión de seguir adelante con el procedimiento penal.

No ha prescrito

En un auto del Juzgado número dos de Puerto del Rosario, dictado el viernes de la semana pasada, se desestiman los recursos de los investigados, que también llegaron a plantear que el delito habría prescrito.

El juez instructor resalta que el plazo de prescripción para este tipo de ilícitos penales es de 10 años. En el caso La Pared, añade, se “evidencia” que “con independencia de que los hechos se tipifiquen como prevaricación administrativa o prevaricación urbanística, en ambos casos la infracción penal no habría prescrito”.

Así, el juez recuerda que la concesión de la licencia con informes desfavorables se produjo en enero de 2010, la incoación de la causa se dio en febrero de 2019 “e incluso la declaración” de los investigados en el Juzgado se efectuó en junio de ese mismo año.

“Garantía” judicial

La defensa de Blas Acosta alegó que el auto judicial del pasado mes de septiembre, que dio por finalizada la fase de diligencias previas, y apreciaba indicios delictivos, vulneraba su “derecho fundamental a la presunción de inocencia”.

“El motivo de su recurso”, concluye el juez instructor, “no debe prosperar”. Resalta que esa resolución judicial, ahora confirmada, en la que además se dio traslado a la Fiscalía para que formulase el escrito de acusación, no es una “condena” sino “una garantía más en el procedimiento penal”.