El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Puerto del Rosario ha citado al alcalde de Pájara, Pedro Armas, en el marco de un procedimiento penal iniciado por una querella en su contra por un presunto delito de prevaricación.

En la querella, a la que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, se detalla que Armas dictó el pasado mes de septiembre, “de manera irregular”, una resolución que ordenaba a la empresa FuertCan “la realización de los tratamientos fitosanitarios” para las plagas del ‘picudo rojo’ y de la diocalandra, además del restablecimiento “urgente e inmediato del riego” y la retirada de 124 palmeras muertas.

Contra esa resolución municipal no se permitía recurso en vía administrativa. En la querella se apunta que la orden del alcalde se efectuó “en un injustificado abuso de poder” y arrogándose competencias que corresponden a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias.

Para tratar de justificar su competencia, se añade en la querella, el alcalde utilizó, de forma injustificada, una disposición legal que le permite “en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos”, adoptar “las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al pleno” del Ayuntamiento.

En la querella se destaca que la orden del alcalde sobre el tratamiento fitosanitario de las palmeras en la urbanización Cañada del Río coincidió en las mismas fechas en las que tuvo conocimiento de que la Junta de compensación del polígono de La Lajita, cuyo presidencia recae en la citada empresa, adoptó el acuerdo de interponer acciones penales contra Pedro Armas.

De hecho, se relata que el alcalde acudió acompañado del secretario municipal, contra el que también se dirige la querella, a la reunión de la Junta de compensación de La Lajita, que reúne a los propietarios de la futura urbanización.

Tras el decreto, que la empresa considera ilegal porque el alcalde “asume competencias de la comunidad autónoma que ni le son propias ni le han sido delegadas” y porque contra el mismo no permitió recurso en vía administrativa, en el mes de octubre Pedro Armas emitió un apercibimiento para que el Ayuntamiento acometiera “los trabajos que resulten necesarios” y repercutir posteriormente los “costes” a la empresa, promotora de la urbanización Cañada del Río.

En la querella también se destaca que, en ese mismo mes de octubre, el alcalde de Pájara dictó el acta de precinto de un aparcamiento de vehículos a la misma empresa, sin que contestase a las alegaciones de la compañía hasta noviembre. “Primero precinta el parking y luego resuelve el recurso de reposición”, recalca la mercantil, que sostiene además que la competencia para cesar la actividad era de la Junta de Gobierno.

“Deber de abstención”

Una de las bases de la querella contra Pedro Armas, contra el secretario y contra un técnico municipal es que, a juicio de la acusación particular, especialmente el alcalde presuntamente está incumpliendo “la obligación de abstenerse” en los expedientes relacionados con compañías vinculadas al empresario Gregorio Pérez por las querellas interpuestas y admitidas a trámite en su contra.

En la querella se destaca que “son motivos de abstención” el tener “cuestión litigiosa pendiente con algún interesado”. Para la acusación particular, el alcalde de Pájara tenía la “clara conciencia” de la “ilegalidad” de la resolución dictada en septiembre pasado sobre la orden del mantenimiento fitosanitario de palmeras en Cañada del Río, y que con la misma buscó “la manera de perjudicar” a la empresa de la que es administrador Gregorio Pérez.

Declaraciones en el Juzgado

Esta querella contra el alcalde de Pájara, el secretario municipal y un técnico del Ayuntamiento se admitió a trámite el pasado mes de junio. Este martes se citó a la empresa que asume la acusación particular (Costa Calma Express Inmobiliaria SL) y este miércoles están llamados a declarar el alcalde de Pájara, el secretario y el técnico querellados.