El Juzgado de lo contencioso administrativo número 3 acaba de anular el intento del Ayuntamiento de Pájara de cambiar el sistema de gestión del plan de La Pared para que fuese de “ejecución forzosa”, por lo que los vecinos corrían el riesgo de tener que hacer frente al coste económico de las obras de urbanización, pese a no ser los promotores.

La Justicia obligó al Ayuntamiento de Pájara –a través de una sentencia de octubre de 2014, confirmada en abril de 2016- a hacerse cargo en La Pared de los servicios públicos de su competencia, como el alumbrado, la limpieza de calles, el abastecimiento de agua potable, el alcantarillado y la pavimentación de las vías públicas.

Los servicios técnicos municipales estimaron que era necesaria una inversión de unos 993.000 euros en La Pared: 453.000 en la pavimentación de calles, 350.000 euros en alumbrado, 150.000 en la red de abastecimiento y otros 106.000 en alcantarillado. Además, la limpieza de calles, que en el resto del municipio se adjudicó a FCC, tiene un coste estimado de casi 50.000 euros al año.

El planeamiento a través del que debería haberse levantado La Pared se aprobó de forma definitiva entre los años 1997 y 1998, pero al haberse anulado por los tribunales el Plan General de Ordenación (PGO) también en 1998, la interpretación que ha hecho el Ayuntamiento de Pájara es que los instrumentos de desarrollo de la urbanización han de considerarse asimismo anulados, por lo que a día de hoy no tendrían vigencia.

Pese a ello, el Ayuntamiento de Pájara acordó en mayo de 2018 el cambio en el sistema de gestión urbanística del plan de La Pared, de compensación al de ejecución forzosa. El acuerdo fue impugnado en los tribunales por la asociación de vecinos del Viejo Rey, que agrupa a buena parte de los residentes en la urbanización, que lleva años denunciando las carencias de la zona. Entre las principales quejas se encuentran los recurrentes cortes de agua.

Sentencia contra el Ayuntamiento

En una sentencia dictada el lunes de la semana pasada, la magistrada María Olimpia del Rosario estima la demanda de la asociación y falla en contra del Ayuntamiento de Pájara. La resolución judicial incide en que el Consistorio incumplió el plazo de tiempo para llevar a cabo el cambio en el sistema de gestión del plan de La Pared, sin entrar a valorar el resto de argumentos.

No obstante, los vecinos alegan que no son los promotores de la urbanización y que compraron parcelas libres de cargas. El colectivo vecinal se puso alerta cuando los servicios técnicos municipales señalaron en un informe que “los gastos que el Ayuntamiento tenga que asumir para el cumplimiento de la sentencia” de hace seis años que le obliga a ocuparse de los servicios públicos de la urbanización “deberán ser repercutidos a los propietarios”.

En el citado informe técnico municipal se apuntaba a la aplicación de “contribuciones especiales” que se especificarían en “los nuevos instrumentos de ordenación que deben redactarse y aprobarse” para La Pared.

La obligación de los promotores originarios

En el procedimiento judicial, los vecinos recuerdan que la urbanización de La Pared tiene unos promotores y que el Ayuntamiento llegó a firmar un convenio urbanístico con la empresa Beach Golf, representada en su momento por Fritz Junkermann como presidente de las juntas de compensación, y con la empresa Acciona Inmobiliaria SLU.

En ese convenio, que no llegó a entrar en vigor al no prosperar el Plan General que se tramitaba en 2002, “se reconoce palmariamente que los promotores adoptaron acuerdos con los propietarios minoritarios” que, o bien adquirieron parcelas edificables o bien “ya habían pagado en su día” por las infraestructuras de La Pared.

"Enriquecimiento injusto"

En su escrito de conclusiones del procedimiento judicial, la asociación de vecinos tacha de “realmente sorprendente” que el Ayuntamiento “tenga dificultades para entender” que “lo lógico y lo justo” es que “se exija el cumplimiento de los deberes urbanísticos”, con las inversiones que necesita La Pared, a los “promotores originarios”.

Si el Consistorio asumiera las obras necesarias con cargo a los presupuestos municipales, concluye la asociación vecinal, se produciría “un enriquecimiento injusto para los promotores originarios de la urbanización, que obtuvieron un beneficio lucrativo relevante vendiendo parcelas netas edificables” y que se encontrarían ahora “con la agradable sorpresa de que el Ayuntamiento de Pájara se hace cargo de sus obligaciones”.