Las exalcaldesas de La Oliva, Rosa Fernández (PSOE) y Claudina Morales (CC), han sido condenadas por el Juzgado de lo Penal de Puerto del Rosario en el marco del caso 'Dedocracia' a ocho y nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público, respectivamente, por cometer sendos delitos de prevaricación.

El Juzgado las considera responsables de un delito de prevaricación administrativa –en el caso de Morales cometido de forma continuada- por el nombramiento irregular de tres técnicos municipales -la secretaria, la interventora y el tesorero- entre los años 2008 y 2013.

Tanto la Fiscalía como Votemos Fuerteventura, que ejerció la acusación popular, solicitaban la misma pena que finalmente ha dictado en sentencia la magistrada del Juzgado de lo Penal, Alicia María Buendía.

En la actualidad, Claudina Morales continúa como directora del Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias en funciones. Además de alcaldesa de La Oliva fue concejal en Puerto del Rosario, senadora y diputada autonómica.

En cuanto a Rosa Fernández, tuvo responsabilidades en el pasado mandato como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de La Oliva y teniente de alcalde hasta la moción de censura contra Pedro Amador. Desde septiembre de 2017 también fue contratada como asesora en el Cabildo.

Nombramientos ilegales

En su etapa en la alcaldía, Rosa Fernández nombró como interventora accidental a Rita Darias, que es técnico administrativo y bachiller superior, por decreto y sin que se conformara un expediente administrativo. De igual modo, en 2009, 2010 y 2011 no se aprobaron las bases para la provisión del puesto de trabajo por lo que nadie más pudo acceder a esa plaza.

Por su parte, Claudina Morales nombró en 2011 a Rosa Delia Cabrera como secretaria accidental, cuando su puesto es de técnico administrativo y su formación bachiller superior. Para la plaza de tesorero, que se creó en el año 2013, no se realizó la convocatoria pública y la acabó ocupando José Hilarión Cabrera, que es auxiliar administrativo y graduado escolar.

La Fiscalía y la acusación popular consideraron que los nombramientos se hicieron sin expediente, que la resolución no la hizo un órgano colegiado, sin motivar y sin informe de la comunidad autónoma que acreditase que no había funcionarios de habilitación nacional interesados en el puesto de trabajo.

Nueva investigación

Además, en el fallo de la sentencia se ordena, una vez que la resolución judicial sea firme, deducir testimonio contra Aarón Afonso, que fue director general de Función Pública de la comunidad autónoma entre 2011 y 2015, “por si con su conducta pudiera haber incurrido en un delito continuado de prevaricación administrativa”. Afonso, vicesecretario del PSOE de Tenerife, fue también, en la pasada legislatura, consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias.

En su escrito de acusación, Votemos pidió que se acordaran acciones penales contra Afonso, que declaró como testigo en el juicio, por presunta prevaricación administrativa continuada “al haber convalidado actos que adolecen de nulidad de pleno derecho”. Esos nombramientos fueron "irregulares" al haber sido dictados por órgano "manifiestamente incompetente y obviando de forma flagrante y grosera el procedimiento regulado al efecto".

Votemos también pidió que se abrieran diligencias contra Afonso por haber dado por válidas “las designaciones conferidas mediante prevaricación, sin haber puesto estos hechos en conocimiento de la autoridad judicial, ni haber dictado resolución anulando las designaciones".