El juez Pedro José Rosa Romero, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Puerto del Rosario, ha archivado la causa contra el alcalde de la capital majorera, Juan Jiménez, que fue incluido en la querella interpuesta por la exasesora Yaiza Sotorrio por presunto acoso sexual del concejal José Juan Herrera.

El auto declara el sobreseimiento provisional de la causa para Jiménez y, al mismo tiempo, ordena que se continúe con la tramitación del procedimiento judicial, en la fase de procedimiento, contra José Juan Herrera por un presunto delito de acoso sexual, dando plazo a la Fiscalía y a la acusación particular para que presenten sus escritos de acusación.

En la querella se pretendía vincular la destitución de Sotorrio como cargo de confianza del Ayuntamiento de Puerto del Rosario al hecho de que se había negado a mantener relaciones sexuales con el edil José Juan Herrera y se intentó situar a Jiménez como supuesto cooperador necesario.

Sin embargo, en un auto notificado este jueves al que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, el juez considera acreditado que la destitución de Sotorrio “habría tenido su origen en los cambios que se produjeron en el equipo de gobierno en febrero de 2020”.

A comienzos del año pasado salieron del grupo de gobierno tanto Manuel Travieso, cabeza de lista de la Agrupación de Electores -organización política a la que pertenecían Herrera y Sotorrio-, como Mayra Marichal, de AMF.

El cese efectivo de Sotorrio como cargo de confianza del Ayuntamiento, que se produjo en julio del año pasado, se dilató “ante el estado de alarma sobrevenido” y la “consiguiente parálisis administrativa”, como declaró el alcalde, corroboró algún miembro del grupo de gobierno en sede judicial y estimó acreditado el juez instructor.

“No constan indicios racionales”, añade el titular del Juzgado número dos de Puerto del Rosario, de que el alcalde actuase “con ánimo de presionar en forma alguna” a Sotorrio, “y menos aún para compelerle a que accediera a las supuestas proposiciones de índole sexual” lanzadas por el concejal José Juan Herrera.

El juez resalta que no hay motivos para creer que la destitución, firmada por el alcalde, tuviera como objetivo cumplir los presuntos propósitos de José Juan Herrera “de amedrentar y humillar” a Yaiza Sotorrio, “y menos aún de obligarla a realizar actos de naturaleza sexual contra su voluntad.

No constan “indicios racionales”

De hecho, el juez resalta que “ni siquiera constan indicios racionales” de que Juan Jiménez “fuera debidamente informado” de la situación relatada por Sotorrio en la querella. La exasesora señaló que “puso los hechos en conocimiento” de Mayra Marichal, “inicialmente, pero no así” del alcalde, ni verbalmente ni por escrito.

En el auto judicial, avanzado por Canarias7, se detalla que el concejal Manuel Travieso sí que vio “unos cuantos” mensajes de Herrera a su compañera de partido entre septiembre y octubre de 2019. Travieso, abogado de profesión, sostuvo que “habló” con Jiménez porque entendía que “el alcalde era el que consideraba [que] tenía que tomar medidas”.

“Sin embargo”, recalca el juez instructor, “no concurren indicios racionales” de que el alcalde “pudiera llegar a tener el adecuado conocimiento” de la conducta de Herrera.

En la misma línea, el juez subraya que aunque Travieso y Herrera hubiesen hablado del asunto con el alcalde, no hay ningún indicio de que la información facilitada “lo fuera en forma completa y adecuada” para que el primer edil “lo tomara como una información seria por la cual se viera obligado a tomar medidas”.

“No tuvo oportunidad de ver los mensajes”

El juez también resalta el “conflicto” que ya existía entonces entre José Juan Herrera, de un lado, y Manuel Travieso y Mayra Marichal, de otro, que “concluyó” con la salida de ambos del equipo de gobierno municipal en las primeras semanas de 2020.

Así, reitera el juez instructor, Juan Jiménez “no tuvo oportunidad de ver los mensajes que la querellante [Yaiza Sotorrio] habría recibido, dado que ni ésta ni los testigos Travieso y Marichal le mostraron mensaje alguno”.

Por ello, concluye el juez instructor, “pudo entender que las manifestaciones” de ambos concejales obedecerían a “una trama dirigida a obligarle a revocar la delegación” de competencias de José Juan Herrera.