El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha garantizado su intervención personal para impedir que se suba el alquiler de forma ilegal en las 56 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible en Puerto del Rosario.

Rodríguez ha comparecido en una comisión parlamentaria a instancias de la diputada Carmen Hernández, de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), quien ha mostrado su satisfacción por la intervención de la Consejería después de que la empresa propietaria elevara los alquileres al margen de la ley, pero ha reclamado además que se devuelva el dinero cobrado ilegítimamente y que se permita volver a los inquilinos que dejaron la casa por no poder afrontar el incremento.

Pablo Rodríguez no ha respondido a la petición de resarcimiento de los afectados, también formulada por las diputadas Paula Jover (Vox) y Jennifer Curbelo (PP), aunque ha dejado claro que el aumento del alquiler se hizo al margen de la legislación aplicable y en contra de los contratos firmados por la promotora.

En su intervención, Carmen Hernández explicó que la empresa promotora recibió una subvención del Gobierno de Canarias (490.000 euros, según aclaró el consejero) en el marco del Plan Canario de Vivienda 2020-2025 para terminar un edificio inacabado con la condición de que fueran destinadas a alquiler en régimen de vivienda protegida, lo que implica precios limitados.

Sin embargo, según la denuncia vecinal, la empresa promotora está aplicando revisiones de 200 euros mensuales que suponen un aumento significativo del coste (hasta 745 euros, según el diputado del PSOE Rafael Nogales).

También denuncian los vecinos la falta de justificación en los gastos comunitarios asignados, porque no se detallan adecuadamente los costes de agua, luz y limpieza.

Para Hernández, esta situación supone "una injusticia que lesiona los principios básicos de la vivienda protegida", que debería ser accesible y asequible.

La diputada apoyó el modelo de colaboración público-privada para la promoción de viviendas asequibles en alquiler, pero eso no puede derivar en que los precios se acercan más al mercado libre.

Algunos vecinos han abandonado sus viviendas ante los incrementos de alquiler, otros han pagado y algunos más viven con la angustia de no poder afrontar esos gastos, denunció la diputada de NC-bc, quien reclamó la intervención del Gobierno de Canarias para reconducir el precio de los alquileres y que los inquilinos recuperen su dinero, además de ofrecer la posibilidad de regresar a los que se han marchado.

El consejero Pablo Rodríguez corroboró que la subida de precios ha sido al margen de la legislación vigente y así se le ha comunicado a la empresa y se comprometió a contactar personalmente con las dos partes para dejar claro que la vivienda protegida cuenta con precios máximos establecidos en el módulo básico canario vigente en el momento de la firma del contrato, en este caso el aprobado en 2020 y no el de 2024, puesto que los alquileres son de 2023.

Lo que sí puede hacer la empresa es actualizar el alquiler conforme al IPC, tal como estaba vigente cuando se firmaron los contratos de estas viviendas, calificadas como protegidas en régimen general o de alquiler asequible por un plazo de diez años, hasta 2033.

La subida aplicada se debe a que la empresa pretendía actualizar el precio en función del nuevo módulo básico canario de 2024, lo cual "es un error" porque se debe aplicar el de 2020, el vigente en el momento de la firma de los contratos.

"La empresa ya ha corregido el error y se ha comprometido a adaptarse a los precios establecidos", afirmó el consejero, quien se comprometió a hablar directamente con los vecinos para explicárselo porque al parecer ellos no tienen esa información.

En un momento de su intervención, el consejero reconoció un error en su explicación inicial, aclarando que los contratos firmados antes de la Ley estatal mantienen la actualización por IPC de forma permanente, mientras que a los firmados posteriormente se les aplica el nuevo índice de referencia.

En opinión del consejero, no es necesario crear nuevos mecanismos de control sobre las empresas que construyen vivienda protegida, porque la ley "es clara" y permite al Gobierno intervenir si no se cumplen los requisitos.