El Partido Socialista (PSOE) de Fuerteventura resalta el “valor operativo portuario”de la ampliación del muelle comercial de Puerto del Rosario para “mejorar el servicio al tráfico marítimo actual y asumir con garantías” futuras conexiones marítimas como la de Tarfaya, tal y como adelantó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Su secretario general, Benito Núñez, anunció el inminente inicio de las obras de ampliación, un proyecto financiado por el Programa Operativo Canarias FEDER con 38 millones de euros y un plazo de ejecución de 17 meses.

En línea con la posición marcada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y en concordancia con la normativa de la Unión Europea, los socialistas majoreros apoyan la reactivación de la línea marítima entre los puertos de Puerto del Rosario y Tarfaya “desde la iniciativa privada” de las navieras con el respaldo estratégico de la administración pública.

El secretario general del PSOE majorero, Blas Acosta, recuerda que “la mejor garantía de éxito para reactivar la conexión marítima entre Fuerteventura y Tarfaya es que un operador privado tome la iniciativa de forma activa, tal y como exige la normativa europea, y desarrolle un plan de negocios viable”.

“Con esas condiciones de cumplimiento normativo y rentabilidad empresarial, la naviera que tomara la iniciativa daría pie al respaldo decidido de las administraciones públicas y de la mayoría de organizaciones políticas de Fuerteventura”, explica Blas Acosta.

El líder de los socialistas majoreros puso como ejemplo las gestiones preparatorias que se realizan entre los gobiernos de España y Marruecos para resolver las cuestiones de seguridad aduanera, en caso de que se reactivase la línea, y “garantizar así el control fitosanitario, un aspecto al que prestamos mucha atención”

En este sentido, explica que igual que la normativa europea exige que sea un operador privado quien tome la iniciativa en el marco de la plena liberalización del sector marítimo comercial, la conexión marítima entre dos países requiere que ambos gobiernos ajusten sus infraestructuras portuarias y su organización administrativa para dar respuesta a una eventual reactivación de las conexiones.