El empresario Antonio Hormiga, presidente de la patronal turística Asofuer, admitió ante el Juzgado de lo Penal número dos de Puerto del Rosario haber cometido un delito de “desobediencia grave” por levantar el precinto de mesas, sillas y sombrillas del bar Galera Beach, colocado por Costas por ocupar la playa de la Goleta, en Corralejo.

Hormiga llegó a una sentencia de conformidad con la Fiscalía, aceptó que había cometido el delito y consiguió así una rebaja de la petición de condena, que originalmente incluía una pena de un año de prisión. Se le impuso una multa de 4.500 euros.

“En el acto del juicio oral el Ministerio Público y la defensa del acusado, con la aquiescencia del mismo, solicitaron a esta juzgadora [que] se procediera a dictar sentencia de conformidad con la acusación que en el mismo acto fue formulada por dicho Ministerio Público”, señala la resolución de la titular del Juzgado de lo Penal número dos.

La Fiscalía calificó los hechos “como constitutivos de un delito de desobediencia”, del que Antonio Hormiga “resulta criminalmente responsable en concepto de autor”. Se le impuso una pena de seis meses de multa con una cuota diaria de 25 euros.

La sentencia incluye en su apartado de hechos probados, aceptados por Hormiga, que el 30 de noviembre de 2017, la Demarcación de Costas de Canarias, en el marco de un expediente sancionador “incoado por ocupación de dominio público marítimo terrestre sin título habilitante para ello”, se le impuso al empresario una multa de 4.600 euros.

Hormiga, “hasta ese momento”, había gestionado una actividad de hostelería en la denominada playa de la Goleta, en Corralejo, denominada Bar Galera Beach, que “dispensaba comidas y bebidas para los bañistas sobre la misma arena de la playa”.

Hormiga, que se enfrentaba inicialmente a una pena de prisión, admitió el delito de desobediencia grave por haber levantado el precinto de Costas

Además de la sanción económica, añade la sentencia, la resolución de Costas determinaba que Hormiga “estaba obligado a la retirada de la arena de la playa de las 100 sillas, 35 mesas y 24 sombrillas cuya colocación había sido objeto de expediente sancionador, y que debía proceder a las restituciones necesarias para dejar los terrenos en su estado originario”.

Con posterioridad, el 2 de marzo de 2008, la Secretaría general técnica de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, del Ministerio de Medio Ambiente, desestimó el recurso interpuesto por Hormiga contra la resolución de Costas, que fue “confirmada”.

Más tarde, el 13 de junio de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimó la petición de Antonio Hormiga, que pidió la “suspensión” de la resolución de Costas que le multó y obligó a retirar las sillas, mesas y sombrillas del dominio público.

Imagen de marzo de este año de Corralejo, con mesas, sillas y sombrillas ocupando la playa, por lo que Ecologistas en Acción otorgó a la localidad del norte de Fuerteventura una bandera negra en su informe anual sobre el estado de la costa en España. Foto: Carlos de Saá.

Aumentó la superficie de ocupación

“El 20 de junio de 2019, una vez que el acusado no atendía al requerimiento para la retirada de las instalaciones efectuado por resolución de 1 de abril de ese mismo año, por el personal de la Demarcación de Costas se procedió al precintado y reportaje fotográfico”, detalla la sentencia.

“Sin embargo, a las 14.00 horas del 21 de junio de 2019, el servicio de vigilancia de la Demarcación de Costas de Canarias comprobó que las sombrillas fijas con precintos y las cintas que se habían colocado sobre ellas habían sido retiradas por el acusado, siendo sustituidas las sombrillas que estaban fijas por otras desmontables”, se apunta en el apartado de hechos probados, que admitió Hormiga en el Juzgado.

De esta manera, “la zona precintada había vuelto a ser ocupada con mobiliario, reiniciándose la actividad hostelera”, añade la sentencia. El 27 de junio, el personal de Costas constató que “había aumentado la superficie de la ocupación de la arena de la playa en mesas, sillas y sombrillas”.

Ignoró el “principio de autoridad”

“Todo ello no hace sino corroborar que el acusado, al menos desde noviembre de 2017, y sabedor de su obligación de retirar el mobiliario y demás enseres de su establecimiento hostelero en la playa de la Goleta, con evidente intención de ignorar el principio de autoridad, no atendió a las órdenes de retirada y posterior precinto establecidas por la Demarcación de Costas de Canarias, pese a estar presente en el momento en que se efectuó el precintado, reubicando el mobiliario apenas un día después de que se procediera al mismo por la autoridad administrativa”, concluye la sentencia.