El director insular de la Administración del Estado en Fuerteventura, Domingo Fuentes, ha admitido este miércoles que los hoteles no son el mejor lugar para alojar a inmigrantes, por lo que ha pedido al Cabildo majorero que medie para que los ayuntamientos faciliten suelo para construir centros prefabricados en los que poder acogerlos.

Fuentes ha hecho esta solicitud en una reunión con el presidente del Cabildo, Sergio Lloret, los responsables de los centros de acogida para inmigrantes y la directora del Área de Salud de Fuerteventura, Sandra Celis.

La reunión se produce un día después de que un grupo de empresarios, junto al alcalde del municipio, Matías Peña (Alternativa local por Antigua) y la consejera insular de Turismo, Jéssica de León (PP), se concentraran a las puertas del Hotel Costa Caleta, en Caleta de Fuste, tras conocer que un grupo de inmigrantes, entre ellos mujeres y niños, habían sido alojados en el establecimiento para pasar la cuarentena.

Medida que se adoptó después de que el pasado viernes el secretario de Estado de Migraciones, Jesús Javier Perea, ordenara el desalojo progresivo de la “Nave del Queso” donde se internaba a quienes pasaban esa cuarentena a raíz de un informe del Defensor del Pueblo que denunciaba la situación en la que se encontraban quienes estaban en su interior.

Fuentes ha explicado que, tras el informe del Defensor del Pueblo, se vieron con dos pateras en las que viajaba casi un centenar de personas en el muelle y “sin sitio donde derivarlos, ya que el Servicio Canario de Salud notificó que todos eran contactos estrechos de los cinco o seis positivos notificados y hubo que aislarlos”.

Al final, decidieron alojarlos en el Hotel Costa Caleta, propiedad de un empresario que gestiona otros hoteles en el sur de Gran Canaria como centros de gestión compartida para pasar la cuarentena las personas inmigrantes.

Si bien el representante de la Delegación del Gobierno en Fuerteventura ha opinado que sería mejor acoger a los inmigrantes en otro lugar, razón por la que ha pedido que cedan suelo donde poder crear pequeños centros prefabricados en los que “se pudiera atender a los inmigrantes con dignidad”, según ha expuesto tras la reunión.

Y ha recordado que en diciembre de 2019 la Delegación del Gobierno en Canarias envió una carta al Cabildo y a los ayuntamientos pidiendo sitio para construir esos centros y que en septiembre de 2020 se reiteró la solicitud, pese a lo cual “no ha habido ninguna respuesta, excepto del Cabildo de Fuerteventura, y la colaboración del Ayuntamiento de Puerto del Rosario de alojar a los inmigrantes en una cancha deportiva municipal”, según ha destacado.

El presidente del Cabildo majorero, Sergio Lloret, ha respondido a la petición de Fuentes durante una rueda de prensa afirmando que “hay que sentarse y ver qué localizaciones son las mejores, pero sería una solución a medio-largo plazo", apostillando: "las soluciones inmediatas son las que nos preocupan”.

Lloret ha asegurado que la corporación tiene un "compromiso para garantizar los derechos humanitarios de los emigrantes”, pues se trata de “un problema humanitario que se debe mirar desde las instituciones”, pero ha pedido que “se haga coordinadamente”.

El presidente majorero ha subrayado que desde el Cabildo “no ven como solución el alojamiento en zonas turísticas” porque, ante las altas tasas de desempleo, “la única posibilidad inmediata es la reactivación turística”.

“Hay que buscar soluciones alternativas a los inmigrantes en condiciones dignas, pero no en las zonas turísticas que puedan comprometer nuestra recuperación y reactivación económica, ya que pueden crear una situación de alarma en turoperadores y potenciales visitantes”, ha añadido.

Tras meses de tranquilidad en la llegada de pateras a Fuerteventura, este mes de abril han llegado hasta el momento ocho embarcaciones a la isla.

Según la Dirección Insular de la Administración del Estado, 738 personas han alcanzado las costas majoreras en patera y un total de 2.631 desde octubre de 2019 de los que solo 537 permanecen en la isla después de que hubieran devoluciones a Marruecos o salidas coordinadas hacia península por ser parte del colectivo de vulnerables.