El Ayuntamiento de La Oliva estima que la nueva tasa turística de 56 céntimos por persona y noche de alojamiento podría generar unos seis millones de euros anuales, una recaudación que el grupo de gobierno prevé reservar ante la posibilidad de que una resolución judicial obligue a devolver las cantidades ingresadas.

Así lo ha explicado este viernes en Radio Canaria el concejal de Hacienda de La Oliva, Juan José Rodríguez, quien ha señalado que los seis millones de euros previstos representan una cantidad considerable en relación con el presupuesto municipal, que asciende a 49 millones.

Preguntado por la posibilidad de tener que devolver el dinero si la ordenanza resulta anulada judicialmente, Rodríguez ha afirmado: "Vamos a ser cautos y no vamos a gastarlos. Tenemos margen".

El edil también ha indicado que el Ayuntamiento de Mogán continúa recaudando su tasa turística pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), a la espera de lo que resuelva el Tribunal Supremo.

Estas declaraciones se producen después de que el pleno de La Oliva aprobara inicialmente este jueves la ordenanza reguladora de la tasa por prestación de servicios y realización de actividades derivadas de la acción turística y la obligación de sostenibilidad.

La propuesta salió adelante con los votos favorables del grupo de gobierno, integrado por Coalición Canaria y PSOE, además del concejal de Nueva Canarias, Oliver Rodríguez. El Partido Popular votó en contra y En Marcha se abstuvo.

Durante su intervención en el pleno, el responsable de Hacienda defendió la implantación de la tasa por los costes que, según explicó, genera la actividad turística en los servicios públicos municipales.

Rodríguez señaló que La Oliva cuenta con unos 31.000 residentes, aunque la población media que debe atender el Ayuntamiento se aproxima a las 60.000 personas al incorporar a visitantes y población flotante.

"El estudio económico nos dice que de media los turistas en el municipio son 22.500, es decir, el 38 por ciento. De nuestros recursos damos servicio a un 38 por ciento a turistas", afirmó.

El concejal consideró que la presión de esta población adicional justifica la búsqueda de nuevas fuentes de financiación municipal.

"La sobrecarga y los gastos que tenemos que asumir creo que son considerables como para tener que tomar una medida de este tipo", manifestó el edil

"La sobrecarga y los gastos que tenemos que asumir creo que son considerables como para tener que tomar una medida de este tipo", manifestó.

Según explicó, la cuantía de la tasa, de 56 céntimos de euro por persona y día, a excepción de los menores de tres años y quienes residan en el municipio, se ha determinado mediante el estudio económico incorporado al expediente.

El edil precisó que los ingresos previstos dependerán del cumplimiento de las obligaciones de pago por parte de los establecimientos turísticos.

También indicó que, según la experiencia trasladada desde Mogán, el cumplimiento de estas obligaciones es mayor entre los establecimientos hoteleros que en el sector de las viviendas vacacionales.

Dudas y riesgos jurídicos

Rodríguez reconoció durante el pleno la existencia de objeciones jurídicas a la ordenanza, entre ellas las recogidas en informes técnicos municipales.

"Somos conscientes de las dudas, de los riesgos de que el expediente no salga adelante, pero creo que es importante y vale la pena pelearlo", afirmó.

"Somos conscientes de las dudas, de los riesgos de que el expediente no salga adelante, pero creo que es importante y vale la pena pelearlo", afirmó Rodríguez

El concejal defendió que el grupo de gobierno, compuesto por CC y PSOE, haya buscado otros informes para fundamentar la viabilidad de la tasa, pese a las observaciones formuladas durante la tramitación.

Rodríguez aseguró que el expediente lleva más de dos años de tramitación y que se han estudiado sus posibles consecuencias. Ante informes desfavorables, como el de la Tesorería municipal, el edil aseguró que el Ayuntamiento ha buscado asesoramiento sobre la viabilidad de la medida.

También admitió que los ayuntamientos no tienen competencias para establecer impuestos, por lo que La Oliva ha configurado el tributo como una tasa vinculada a la prestación de servicios.

El responsable municipal añadió que el grupo de gobierno ha trasladado al Ejecutivo canario la conveniencia de ofrecer un respaldo normativo que proporcione mayor seguridad jurídica a este tipo de iniciativas.

Limpieza, socorrismo y servicios turísticos

El concejal explicó que la intención inicial del Ayuntamiento era utilizar la tasa para reforzar especialmente los servicios de seguridad y limpieza, aunque señaló que la legislación de haciendas locales impide vincular directamente determinados gastos a este tributo.

La ordenanza aprobada establece como hecho imponible la prestación de servicios públicos y actividades municipales que beneficien particularmente a las personas vinculadas al turismo.

Entre ellos figuran el mantenimiento de zonas verdes y parques, la vigilancia y el socorrismo en playas, el saneamiento, el abastecimiento de agua, la reposición de infraestructuras, los servicios de emergencias y los eventos deportivos y culturales.

Rodríguez citó durante el pleno el coste del servicio de socorrismo como ejemplo de la presión que, a su juicio, soportan las arcas municipales. "¿Y quién está asumiendo esos sobrecostes? Nuestros residentes", afirmó al referirse a la necesidad de disponer de más socorristas por la presencia de visitantes.

También mencionó los gastos relacionados con los informadores turísticos, los guías ambientales y las intervenciones de los servicios de emergencia en zonas visitadas por turistas.

Según el concejal, algunos de estos servicios estaban financiados anteriormente mediante planes de sostenibilidad turística y ahora deben mantenerse con fondos propios.

Rodríguez sostuvo que disponer de más recursos permitiría mejorar los servicios municipales y defendió que la tasa no perjudicaría la competitividad del destino.

"Esto creo que es una medida justa y que nos va a dar mayor competitividad y mayor capacidad para poder poner los servicios a la altura de lo que se merece", concluyó.