El Ayuntamiento de Antigua tiene ya dos sentencias en contra por la ocupación de los terrenos para construir la carretera entre Triquivijate y El Castillo-Caleta de Fuste. La carretera se empezó a construir en el año 2001 y aún no se ha indemnizado por esa ocupación.

La primera sentencia es de finales del año pasado. El Juzgado condenó al Ayuntamiento por incumplir un convenio urbanístico, por el que el propietario, Gonzalo Betancor Sicilia, cedía los terrenos.

El convenio se firmó aquel año y todavía no se ha llevado a efecto. Consistía en que el Ayuntamiento se comprometía a eximir de los impuestos locales para construir una gasolinera en el término municipal y extender la clasificación de suelo rústico de asentamiento rural a la parcela que quedaba entre el vial de la carretera y el pueblo.

Esos terrenos tenían una extensión de 6.000 metros cuadrados y el Juzgado fijó su valor en 143.000 euros, a los que hay que añadir los intereses legales desde el año 2001, que dan una cantidad que superaría los 230.000 euros.

Ahora, el Juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria acaba de dar la razón a otros dos propietarios, hermanos del anterior, que reclamaban que se les devolviera sus fincas o se les pagara una indemnización por su ocupación.

Las fincas están cerca del núcleo de Triquivijate y ya están ocupadas por la carretera. Se trata de tres fincas que, juntas, suman una extensión de casi 20.000 metros cuadrados.

El Juzgado estima el recurso de los vecinos de forma íntegra y condena a Antigua a pagar más de 336.000 euros por el valor de las fincas más los intereses, con lo cual la cantidad se podría acercar a los 600.000 euros, que sumados a la indemnización anterior, equivaldría a que el Ayuntamiento deberá afrontar un pago de más de 800.000 euros.

Fuentes próximas al caso señalan, por otra parte, que puede haber muchos más vecinos que tengan terrenos ocupados por la carretera y que no hayan recurrido a los tribunales. En este pleito, el Juzgado estima todos los argumentos de los demandantes.

Así, considera que no hay prescripción, como defendía el Ayuntamiento, ya que se trata de una acción dirigida a combatir una situación de hecho, como es la ocupación de los terrenos. Los recurrentes no pretendían que cesara esa vía de hecho, según dice la sentencia, sino que se depuraran las consecuencias jurídicas de la ocupación de suelo ya consumada. El Ayuntamiento, por otra parte, no ha contestado a ninguna de las solicitudes de los propietarios.

Los afectados también discutían la valoración de los terrenos por parte del perito judicial, ya que calculó el valor del suelo en base a ofertas y no en base a transacciones reales, además de que tomó como referencia el valor del suelo en el año 2015 y no en los años anteriores a la ocupación por parte del Ayuntamiento para construir esa carretera.

El Juzgado estima la valoración que hace el perito contratado por los propietarios del terreno. El Ayuntamiento de Antigua no ha recurrido esta segunda sentencia, según fuentes jurídicas consultadas, así que el fallo sería firme.

Vista aérea de Triquivijate y de la carretera.

El convenio incumplido

En la primera de las sentencias, el Ayuntamiento incumple un convenio firmado con el propietario, mientras que en la segunda se llevó a cabo la ocupación sin más. En el primer caso, el Ayuntamiento alegaba que el convenio no se ha incumplido ya que no había cobrado la tasa por la construcción de la gasolinera y porque no se establecía plazo alguno para su cumplimiento.

La sentencia, sin embargo, determinaba que el Ayuntamiento no ha iniciado trámite alguno para la adaptación del planeamiento municipal y que tampoco está prevista ninguna actuación para adaptar el planeamiento conforme a lo pactado.