El alcalde de Pájara, Pedro Armas (AMF), está siendo investigado en una causa penal, en la que se le atribuye un presunto delito de malversación y otros “sin especificar”, relacionada con el servicio de bomberos y socorrismo en el municipio sureño.

A raíz de este caso, Armas ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) una querella contra la jueza que instruía el procedimiento, Mónica González, y contra la fiscal asignada a la investigación, Clara Serrano. Les acusa de presuntos delitos de usurpación de funciones y falsedad en documento público.

La querella fue recibida este pasado mes de mayo en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y, según las normas de reparto, la composición de la Sala incluye al presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo, y los magistrados Antonio Doreste (el anterior presidente del tribunal) y Carla Bellini. El ponente designado es Antonio Doreste.

Pedro Armas tuvo que declarar en agosto de 2020 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de Puerto del Rosario, que dirigía en aquel momento la jueza Mónica González, ahora destinada en un juzgado de La Orotava (Tenerife).

La causa arrancó en 2013 con el impulso de un sindicato, que denunció una presunta malversación municipal en el servicio de emergencias, que incluía bomberos, ambulancia y socorrismo, adjudicado a la mercantil Emergencias y Comunidad SLU (Emercom), que terminó en concurso de acreedores y con impagos a los trabajadores.

Armas fue concejal responsable de Seguridad y Emergencias entre los años 2007 y 2011. En su declaración como investigado aseguró que había rechazado el pago de una factura a Emercom porque tenía que construir unas instalaciones de emergencias, pero no lo había hecho.

En el curso de la instrucción también ha salido a relucir que presuntamente la empresa realizaba traslados sanitarios privados, de clientes de hoteles, utilizando medios y materiales públicos.

La causa que origina la querella está relacionada con el servicio de emergencias

El actual alcalde de Pájara también señaló que dio cuenta al pleno de los incumplimientos del contrato por la empresa y que en julio de 2010 se acordó rescindirlo. De forma paralela a esa instrucción, el alcalde de Pájara ha emprendido acciones contra la jueza y la fiscal.

En la querella, a la que ha tenido acceso Diario de Fuerteventura, se sostiene que del despacho de la jueza “salió una señora que se colocó inmediatamente al otro lado de la mesa, junto a la funcionaria y sin indicar nada más comenzó a interrogar” a Pedro Armas, “luego le interrogó el abogado de la acusación particular y posteriormente su letrado” defensor. “Al acabar, la señora que había dirigido el interrogatorio le indicó que leyera la declaración y que, si estaban de acuerdo”, que la firmaran “y que se podían ir”. Luego, se asegura en la querella, regresó al despacho de la jueza.

El acta

El alcalde de Pájara afirma en la querella que se dio cuenta de lo sucedido por un escrito del exalcalde Rafael Perdomo, también investigado, quien manifestó que su declaración se había producido “sin presencia judicial” y “dirigida por la representante del Ministerio Fiscal, que no deja de ser una parte en el proceso penal”.

Pedro Armas señala en la querella que “tiene el convencimiento de que su declaración como investigado no se celebró ante el juez competente, sino ante una persona que usurpaba esas funciones y que precisamente fue la que solicitó que se le tomara declaración como investigado”.

También apunta que en las cuatro hojas que recogen su declaración en el Juzgado aparecen cuatro firmas (la suya, la del abogado de la defensa y el de la acusación, y “otra desconocida, que no fue puesta en presencia de todos”), así como que en la transcripción se alude a que el investigado había comparecido ante la jueza, con la asistencia del letrado de la Administración de Justicia, “sin que en ningún momento figure la asistencia de ningún representante del Ministerio Fiscal”.

Entre las pruebas solicitadas por la representación de Pedro Armas, ejercida por el letrado Manuel Travieso, se pide que declaren la jueza y la fiscal, el exalcalde Rafael Perdomo, su abogado, José Luis González Armengol, y los abogados de la acusación particular, Javier Beramendi y María Rosa Bertrana. Al cierre de esta edición, no había constancia de la decisión del TSJC sobre la querella.