Doce cazadores de Fuerteventura fueron sorprendidos cazando sin autorización en Lanzarote en solo una semana, poco después de que se iniciara la temporada en esa isla. “Durante labores de policía cinegética, se detecta a una cuadrilla formada por tres cazadores, acompañados por ocho perros podencos y portando dos conejos capturados”, señala una de las actas de denuncia, interpuesta el pasado 23 de agosto por agentes de Medio Ambiente del Cabildo.

Al solicitarles la documentación, los tres mostraron la licencia de caza expedida por el Cabildo de Fuerteventura, pero no la autorización que se requiere para realizar esta actividad en la isla vecina. En total, el Cabildo de Lanzarote otorga por sorteo 25 permisos al año para cazadores no residentes en la isla, y ninguno de los tres lo había obtenido.

Los denunciados, procedentes de Tuineje, alegaron en su defensa que “el plan técnico de caza de la isla de Lanzarote no está en vigor” y que “el número de licencias sorteadas es inferior al que se recoge en la Ley de Caza”. Por eso, aseguraban que habían sido “informados en Fuerteventura de que pueden ejercer la acción cinegética en Lanzarote”, aunque no precisaron quién les había dado esa información.

Al respecto, la resolución subraya que no aportaron ningún documento que sostuviera esa tesis, que en cualquier caso el Cabildo niega con rotundidad. “Una información procedente del entorno administrativo o cinegético de una isla distinta (Fuerteventura) carece de virtualidad para acreditar el cumplimiento de un requisito cuya exigencia y gestión corresponde en exclusiva al Cabildo de Lanzarote y La Graciosa”, señala.

Además, reprocha a los cazadores su supuesto desconocimiento de la normativa, ya que la prueba de aptitud que deben superar para obtener la licencia de caza “versa expresamente sobre el conocimiento de la legislación cinegética, por lo que es exigible una diligencia mínima consistente en verificar, ante el organismo competente de la isla de destino, la existencia y alcance de los requisitos aplicables antes de cazar fuera de su isla de residencia”.

Seis denuncias en un día

Ese mismo domingo se interpusieron otras tres denuncias a cazadores majoreros, todas en el municipio norteño de Haría. Dos se dirigieron contra un hombre y una mujer que estaban en la zona de Los Llanos del Volcán de la Corona, y otra a un cazador que se encontraba en Laderas de la Caldera de Gallo.

Tenían licencia de caza, pero no autorización para operar en la isla vecina

En la siguiente jornada de caza habilitada, el jueves 27 de agosto, llegaron otras cuatro denuncias más por el mismo motivo. Los guardas de caza localizaron a un vecino de Puerto del Rosario y otro de Antigua cazando juntos, y a otros dos procedentes de Pájara. Todos estaban en distintas zonas del municipio de Haría y ninguno alegó nada en su defensa.

La situación se repitió el domingo 30 de agosto, cuando dos cazadores más fueron interceptados en el Valle de Máguez, también en Haría. Ambos son vecinos de Puerto del Rosario y contaban con licencia de caza, pero no con autorización para ejercer esta actividad en Lanzarote.

La sanción mínima

Los doce expedientes sancionadores se resolvieron con el mismo resultado: el Cabildo calificó la infracción como menos grave de acuerdo con la Ley de Caza de Canarias, por “cazar sin autorización en terreno sometido a régimen cinegético”.

Lanzarote solo concede 25 autorizaciones al año para cazadores no residentes

Para esta infracción, la Ley prevé multas de entre 150 y 601 euros, pero a todos se les aplicó la sanción mínima. “Dado que de los hechos denunciados resulta que no concurren circunstancias agravantes, procede fijar la sanción en el límite inferior del rango legalmente establecido en la cuantía de 150 euros”, señalan las resoluciones.

Además, esa cantidad se ha visto reducida en muchos casos a solo 90 euros, ya que los infractores pueden acogerse a una reducción de hasta el 40% del importe: el 20% por abonarla durante el periodo de pago voluntario y otro 20% por el “reconocimiento voluntario de la responsabilidad”, siempre que renuncien a recurrir la sanción.

Precedentes

Estas doce sanciones corresponden a los expedientes resueltos por el Cabildo de Lanzarote entre septiembre y mediados de octubre, pero no son casos aislados. De hecho, el Seprona también ha llegado a realizar controles en el puerto de Playa Blanca para inspeccionar posibles cazadores llegados desde Fuerteventura, “debido a la alta afluencia de cazadores no residentes” que carecen de autorización.

En uno de esos controles realizados el pasado año al comenzar la temporada, los agentes detectaron a dos cazadores que desembarcaron en Lanzarote con armas y perros de caza, pese a que también carecían de autorización para desarrollar esta actividad en la isla. Uno de ellos era agente de la Policía Local de Puerto del Rosario.

Según la denuncia, publicada ya en su día por Diario de Fuerteventura, mantuvo “en todo momento” una actitud desafiante y “no colaboradora, llegando incluso a desobedecer en el control expresamente” y negándose a entregar el arma cuando le fue retenida por los agentes. “Llama poderosamente la atención que el denunciado sea policía local, por lo que conoce perfectamente el reglamento de uso de armas”, advertían los agentes.

Meses después, los dos cazadores presentaron una querella contra la sargento del Seprona que dirigía el operativo, acusándola de prevaricación por retirarles las armas, pero terminó siendo archivada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife.