El boom de las energías renovables ha dado un giro en Fuerteventura, donde los parques fotovoltaicos han pasado a dominar el mercado. Hasta el momento, los parques eólicos siguen concentrando la mayor parte de la capacidad de generación de la Isla -65,06 megavatios, que representan el 62,5 por ciento del total-, pero la tendencia ha empezado a cambiar. La Isla cuenta actualmente con 17 parques renovables y hay 26 nuevos proyectos en construcción o en trámite, de los que 25 son fotovoltaicos.

En cuanto a los que ya están operativos, en total hay ocho parques eólicos y nueve solares, y seis de ellos entraron en funcionamiento hace solo dos años. Además, hay otras 11 plantas solares en construcción y 14 más “en trámite de autorización”, según los datos oficiales del Gobierno de Canarias. Es decir, los 39 megavatios de potencia actual en energía solar, que representan el 37,5 por ciento del total, se duplicarán con los que ya están en construcción, y se triplicarán si se concretan los proyectos que están pendientes de ser autorizados, aunque algunos están actualmente paralizados y en vía judicial.

Incluso descartando los proyectos más polémicos, la Isla podría pasar de tener nueve parques solares a contar con cerca de 30, con una potencia total próxima a los 120 megavatios. Es decir, casi duplicaría la de los parques eólicos, ya que en estas infraestructuras apenas está habiendo avances. Actualmente no hay ninguno en construcción y solo hay uno pendiente de autorización: el de Cañada de la Barca en el municipio de Pájara, que contempla tres aerogeneradores con una potencia de nueve megavatios, siempre según los datos públicos del Gobierno regional.

Los 17 del 6 bis

Parte del impulso que están viviendo las fotovoltaicas se está apoyando en el controvertido artículo 6 bis de la Ley del Sistema Eléctrico Canario, que es el procedimiento excepcional que permite declarar plantas de “interés general” para sortear el planeamiento municipal y agilizar permisos. En concreto, de los nueve parques fotovoltaicos ya construidos en la Isla dos acudieron a esta fórmula (La Rosa y Llanos Pelaos), y también lo hicieron cuatro de los nueve que están en construcción y cuatro de los 14 que siguen en trámite.

Actualmente solo hay un parque eólico pendiente de autorización en la Isla

En una respuesta parlamentaria al diputado socialista Rafael Nogales, la Consejería de Transición Ecológica y Energía detalla que desde el año 2011, en Fuerteventura se han acogido al artículo 6 bis un total de 17 proyectos que fueron declarados de “interés general”. El análisis de ese listado refleja que varios no llegaron a prosperar, y también confirma el cambio de tendencia en los últimos años, donde la apuesta inicial por los parques eólicos ha cambiado hacia los fotovoltaicos.

De los 17 expedientes, 13 corresponden realmente a parques y centrales -el resto son instalaciones de conexión a red, vertido o evacuación-, y hay dos momentos temporales claramente diferenciados. La primera oleada se produjo en 2011, cuando fueron declarados de interés general tres parques eólicos: La Tablada, Moralito y Morro Galera. Ninguno de los tres llegó finalmente a construirse.

Los dos primeros, promovidos por Energías Eólicas de Fuerteventura SL, pretendían instalarse en Tuineje, pero despertaron una fuerte oposición social e institucional en la Isla. Tras varios años de polémicas y nuevos intentos del Ejecutivo regional -que en 2017 los declaró también “inversión de interés estratégico”-, ambos proyectos terminaron aparcándose, al igual que el Parque Eólico Morro Galera. Ya ni siquiera figuran en trámite y terminaron siendo reemplazados por otros proyectos que se aprobaron por la vía ordinaria.

Desde entonces, ningún parque eólico ha vuelto a intentar recurrir a la declaración de interés general. De hecho, a raíz de ahí se produjo un parón de una década sin nuevas declaraciones, hasta que la situación volvió a cambiar en 2021, coincidiendo con una nueva flexibilización de la normativa. Ese año se inició otro boom, pero ya con los parques fotovoltaicos.

Solo en 2021 se aprobó la vía de excepción para cinco parques solares: La Rosa, Blanca Solar y tres fases de Llanos Pelaos. Además, en 2023 se sumaron Las Cabras, El Charco II, Llanos del Dinero II y de nuevo Blanca Solar, con una ampliación de potencia; y en 2025 llegaron dos más (Central Solar Fotovoltaica de Fuerteventura I y II). Algunos son ya una realidad, y otros también dieron lugar a sonadas polémicas.

Qué fue de cada parque

De los 10 parques fotovoltaicos declarados de interés general por el artículo 6 bis, dos ya están construidos y en funcionamiento: La Rosa y Llanos Pelaos. Además, hay otros cuatro en construcción: Llanos Pelaos 1 y 2, Blanca Solar y El Charco II, según los datos del Gobierno de Canarias. Los otros cuatro continúan a la espera de autorización, paralizados o en litigio.

Tras los intentos fallidos de 2011, ningún parque eólico se ha acogido al 6 bis

El que más indignación despertó fue el Parque Solar Las Cabras. La promotora pretendía colocar un macroparque de placas fotovoltaicas pegado a las casas del barrio de Majada Marcial y a una escuela infantil, ocupando una extensión de terreno mayor que la de la propia urbanización. Tras recibir el visto bueno del Gobierno canario por el 6 bis, el Cabildo y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario lograron paralizarlo, aunque la empresa promotora recurrió a los tribunales. Actualmente, el caso está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que a principios de este año admitió a trámite un recurso del Cabildo para defender la paralización.

Una polémica muy similar despertaron las centrales fotovoltaicas Fuerteventura Solar I y II, que pretendían instalarse a la salida del barrio de El Charco hacia el polígono La Hondura, y que también fueron declaradas de interés general por el Gobierno regional. La instalación de placas en pleno acceso a la ciudad, en áreas de protección territorial, despertó de nuevo la oposición del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que en 2024 ya había aprobado por unanimidad una moción instando al Gobierno de Canarias a suspender la aprobación de parques a través del artículo 6 bis, cuestionando que lo que era procedimiento excepcional se había convertido “en una práctica generalizada”.

Finalmente, el Ejecutivo no avanzó con esos expedientes, coincidiendo con el anuncio de acotar la aplicación de ese artículo de excepción a las llamadas Zonas de Aceleración de Renovables, cuyo desarrollo también está envuelto en polémica. La respuesta de Enerpro, la promotora de Fuerteventura Solar I y II, ha sido llevar al Ejecutivo autonómico al TSJC para exigirle una indemnización económica por responsabilidad patrimonial, acusando a la Administración de haber dejado morir sus proyectos.

A día de hoy, no obstante, los parques de Las Cabras y Fuerteventura Solar I y II siguen apareciendo “en trámite de autorización” en la web de Grafcan del Gobierno de Canarias, al igual que la cuarta planta fotovoltaica que fue declarada de interés general y que de momento no se ha desarrollado: Los Llanos del Dinero II. Una primera fase de ese parque fue tramitada por la vía ordinaria y contó con el visto bueno del Cabildo insular -aunque actualmente continúa en trámite-, pero para la segunda se optó por la vía de excepción y se encontró con el rechazo del Cabildo, que también recurrió esa declaración en los Tribunales.

Aerogeneradores en el municipio de La Oliva. 

El control empresarial

Al margen del procedimiento seguido para su tramitación, Fuerteventura cuenta en total con 17 plantas renovables en servicio, entre eólicas y fotovoltaicas, y otras 11 instalaciones solares en fase de construcción, de las que más de la mitad se concentran en Puerto del Rosario. La capital acoge seis de las nueve plantas solares operativas (32 de los 39 megavatios en servicio) y seis de las 11 en construcción.

En 2021 comenzó una oleada de declaraciones de interés general, con fotovoltaicas

En cuanto a las empresas que están detrás de esas inversiones, la mayoría dependen de grandes actores energéticos. A la cabeza del sector en la Isla, sumando la potencia combinada de energía solar y eólica, se sitúa la multinacional Naturgy, con 39,2 megavatios en servicio. La compañía lidera holgadamente el mapa eólico gracias a la central de Puerto del Rosario (29,2 megavatios) y opera además la mayor planta fotovoltaica individual de la Isla, con otros 10 megavatios en la capital.

En el ámbito estrictamente solar, el liderazgo indiscutible lo ejerce el grupo canario DISA, que acumula 22,45 megavatios repartidos en cuatro grandes centrales. La firma opera tres plantas ya construidas -IFV La Rosa en Puerto del Rosario (seis megavatios) y La Fuentita I y II en Tuineje (seis megavatios conjuntos)- a las que suma la mayor instalación solar actualmente en edificación en Fuerteventura, el parque Rosa de la Arena (10,45 megavatios), también en la capital.

En el tercer escalón, con 11,45 megavatios fotovoltaicos en el municipio capitalino, aparece Puerto Rosario Solar SL -con la planta Llanos Pelaos y las instalaciones en construcción de Blanca Solar y El Time-, aunque detrás de todas ellas está el grupo Iberdrola, que realizó esta inversión en colaboración con Ingeniería y Aplicaciones Solares y Energy Capital.

El resto del mapa fotovoltaico en servicio y en obras se reparte entre varias sociedades, algunas canarias, otras peninsulares y otras con sede en las islas, pero con vínculos con otros grupos nacionales e internacionales. Destacan las firmas Narita International Advisors y Akasaka International Advisors, que gestionan conjuntamente 8,1 megavatios construidos en la capital; la mercantil Instalación Solar Mazarrón, con 6,75 megavatios en obras en Puerto del Rosario; y el grupo canario Satocan, que a través de la filial Canarias Investment Office ejecuta cuatro megavatios en Tuineje (El Charco y El Charco II), además de haber promovido los proyectos de Llanos del Dinero en Antigua.

En el terreno de los proyectos más polémicos y judicializados emergen el grupo navarro Enhol, matriz de Eólica Las Cabras para el controvertido macroparque solar junto a Majada Marcial, y la firma Enerpro, que trató de impulsar en Fuerteventura Solar I y II, y que ahora reclama responsabilidades patrimoniales al Gobierno, que declaró la obra de interés general y luego no continuó el expediente.