La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) ha criticado este martes que el número de funcionarios interinos en el Cabildo de Fuerteventura se haya triplicado en los últimos dos años, pasando de 20 a 58.

El sindicato ha considerado en un comunicado que esta práctica es “irresponsable”, puesto que puede abocar a la corporación insular a graves problemas en los años venideros, cuando haya de acometer la regularización de estos puestos de trabajo.

CCOO afirma desde hace varios años el Cabildo de Fuerteventura cubre los puestos vacantes de su relación de puestos de trabajo con funcionarios interinos y asegura que el actual grupo de gobierno (PSOE, Podemos, NC,AMF) ha triplicado el número de funcionarios interinos en puestos vacantes  aprovechando las distintas listas de reserva existentes, que los representantes laborales apoyaron como solución a los problemas de las bajas por enfermedad y permiso.

En 2018 se aprobó el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Cabildo de Fuerteventura y en ese momento la corporación contaba con veinte funcionarios interinos.

En enero de 2019 pasaban a ser cuarenta y a comienzos de este año ya eran unos cincuenta y ocho, según la Memoria del Capítulo I del presupuesto del Cabildo para 2020.

El sindicato dice que en el vigente estado de alarma por la situación derivada de la COVID-19, el Cabildo majorero ha seguido haciendo nuevos nombramientos bajo esta modalidad.

CCOO denuncia que la corporación no comunica a los sindicatos estos hechos, ni siquiera de qué listas provienen los nombramientos, si se trata de listas de la propia corporación o de otros ayuntamientos.

La organización desconoce la necesidad y la urgencia que motiva estos nombramientos y afirma que, en ningún caso, se deben a la declaración del estado de alarma, pues es una práctica que se realiza desde hace bastante tiempo.

En opinión del sindicato, con la actual tasa de reposición por jubilaciones y con el contexto económico que se espera, el Cabildo de Fuerteventura tendrá muy complicado poder regularizar y sostener a todo el personal, cumpliendo con las normas que rigen el Capítulo I del presupuesto.

Por ello, la organización ha hecho un llamamiento al grupo de gobierno para alcanzar un acuerdo en la defensa del empleo público como fórmula de satisfacer las necesidades de gestión administrativa y erradicar esta forma de proceder, buscando fórmulas más adecuadas para el sostenimiento de los puestos de trabajo y el servicio a la ciudadanía.