El Gobierno de Canarias y el de España "mantienen discrepancias" tras la transferencia de la gestión de Costas respecto a la continuidad de los expedientes en curso, que en opinión del Ejecutivo autonómico deberían ser gestionados por quien tiene ahora la competencia, por lo que no descarta acudir al Tribunal Constitucional para solucionarlo.

Así se ha pronunciado el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera (PSOE), en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en donde ha dicho que espera que no sea necesario llegar hasta ese punto, a la par que ha señalado que los servicios jurídicos de la comunidad autónoma emitirán próximamente un informe facultativo al respecto, en base al cual actuarán.

Los expedientes que generan estas desavenencias son los referidos a varios hoteles, ha dicho Olivera, y ha insistido en que si desde el 1 de enero Canarias tiene la competencia, esos trámites deben continuarse por parte de la comunidad autónoma.

Como se recordará, el Ministerio de Transición Ecológica tiene abiertos expedientes para anular las concesiones para ocupar dominio público de los hoteles de RIU en las Dunas de Corralejo: el Oliva Beach por haber hecho obras e instalaciones sin autorización y el Tres Islas por no derribar una ampliación del establecimiento por la que fue sancionada la empresa.

"Si los informes de los servicios jurídicos nos dan la razón plantearemos un conflicto de competencias con el Estado. Vamos a defender cualquier cuestión que pueda suponer un menoscabo a nuestra competencia en esta materia y llegaremos a donde tengamos que llegar", ha subrayado Olivera.

En cualquier caso, el portavoz del Gobierno ha hecho una valoración positiva de este primer mes con las competencias transferidas y ha asegurado que "se están logrando avances relevantes".

"Algunos sectores han manifestado su satisfacción. Se nota la diferencia en el ámbito de puertos o audiovisual porque es una respuesta más cercana y directa y adaptada a las particularidades de Canarias", ha concluido Olivera.