El gran debate sobre el territorio en Fuerteventura es dónde instalar las energías renovables. En la actualidad hay 27 parques eólicos entre los que están en funcionamiento, los autorizados y los que se están tramitando. A ellos se suman unas 48 plantas fotovoltaicas, casi todas todavía pendientes de autorización. En total, más de 450 megavatios de potencia procedentes de energías renovables, más del doble que la potencia eléctrica instalada en la Isla. Las cifras están abocadas a ser provisionales: en un solo día del mes pasado se publicó en el boletín oficial la solicitud de cinco plantas fotovoltaicas en La Oliva y Tuineje.

En Fuerteventura se ha pasado en apenas siete años del lema “petróleo no, renovables sí”, enarbolado contra las perforaciones de Repsol en busca de hidrocarburos, al eslogan “renovables sí, pero con planificación”. Estas son las principales claves:

MÁS POTENCIA. El proceso de solicitudes para colocar aerogeneradores y placas solares en Fuerteventura se ha acelerado en los últimos tres años al calor de una legislación permisiva, pensada para tratar de reducir la dependencia de las centrales térmicas como la de Las Salinas, en el barrio capitalino de El Charco. Solo la potencia solicitada para parques eólicos en Fuerteventura, más  de 243 megavatios, sería suficiente para cubrir la demanda eléctrica de la Isla. Las plantas fotovoltaicas en tramitación suman otros 213 megavatios de potencia.

Son tan elevadas las expectativas que, solo con los aerogeneradores y placas solares de Fuerteventura, si se llegasen a instalar todos, casi cubrirían la potencia eléctrica necesaria en las dos islas orientales, unidas mediante un cable submarino. En febrero comenzaron los trabajos para sustituir la actual conexión por otra de 132 kilovoltios, duplicando la capacidad, que se extenderá entre Corralejo y Playa Blanca a lo largo de 14,5 kilómetros. El nuevo cable submarino, que costará unos 12 millones, estaría en funcionamiento, según las previsiones de Red Eléctrica de España (REE), operadora del sistema, a comienzos de 2022.

El objetivo final de Red Eléctrica es unir Fuerteventura con Gran Canaria a través de otro cable submarino, de tal manera que las tres islas de la provincia estén interconectadas y la producción eléctrica de una isla se pueda aprovechar en otra. No es una quimera: en la propuesta de planificación de la red de transporte de energía eléctrica en España, que está en información pública por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, ya se encuentra recogida la conexión entre Fuerteventura y Gran Canaria, una intervención prevista para después de 2026 y con “tecnología pendiente de definición”. La tendencia en el Archipiélago es la de interconectar islas: en febrero se anunció otra inversión de 103 millones para enganchar La Gomera a Tenerife.

El nuevo presidente del Cabildo, Sergio Lloret, pone por delante que “no todos los parques eólicos o plantas fotovoltaicas que están tramitándose en Fuerteventura van a terminar con autorización”. Lloret destaca que “hay una limitación técnica” a la potencia de energías renovables que pueden “inyectarse al sistema” común de las islas orientales, “un 30 por ciento” de la potencia. La situación cambiaría si se desarrolla la conexión de Fuerteventura con Gran Canaria, que uniría los dos sistemas eléctricos. El presidente considera que “debe ser un objetivo sostenible que toda la energía que se consume en Fuerteventura sea de fuentes renovables”. Eso sí, aboga por establecer una ordenación de las zonas destinadas a la energía para evitar que salpiquen todo el territorio insular.

IMPACTOS. “Si me pregunta por alguno de los parques eólicos que se están ejecutando, no veo correcta su ubicación, porque hay zonas con las mismas condiciones técnicas y menor impacto”, señala Lloret, que se refiere, especialmente a aerogeneradores levantados en Puerto del Rosario. “Estoy de acuerdo con la implantación de renovables, pero no podemos tener una isla llena de molinos por todas partes”, añade, al tiempo que incide en la problemática de los aerogeneradores instalados próximos a viviendas. “Estas decisiones marcan el territorio de Fuerteventura”, sentencia.

El Cabildo se compromete a sacar una ordenanza insular que fije criterios

La nueva Ley del Suelo agiliza la tramitación de los permisos de parques eólicos y plantas fotovoltaicas, aunque el planeamiento insular y municipal no prevea las instalaciones. Y la declaración de interés público facilita la ocupación de los terrenos, aunque no haya acuerdo con los propietarios del suelo. El Gobierno empezó a tramitar, hace más de una década, los planes territoriales de infraestructuras energéticas de cada isla. No se llegaron a culminar y se quedaron guardados en la gaveta. La opinión de los grupos en el Parlamento de Canarias entonces era que existían demasiadas trabas en los planes insulares de ordenación. Fue entonces cuando se decidió abrir la mano, pero sin definir previamente las zonas en las que se pueden levantar aerogeneradores y placas solares.

De esta manera, al despegue mundial de las renovables, en Fuerteventura y el resto de Canarias se ha llegado sin planificación. El Cabildo majorero, hace tres años, dio solo el primer paso para aprobar una “ordenanza provisional insular” para, entre otras finalidades, unificar los “criterios de localización”. El proceso no avanzó. El nuevo presidente ha asegurado en una entrevista a Diario de Fuerteventura que crear una ordenanza insular es “un objetivo inmediato”. Esa normativa definiría “unas zonas amplias”, donde haya “compatibilidad ambiental” y no se “generen problemas a las poblaciones”. Lloret pone plazo: “en seis o siete meses debemos tener esa ordenanza lista”. La normativa insular no podrá “concretar la ubicación última” de los parques eólicos y las plantas fotovoltaicas, “pero por los menos no habrá tanta libertad, desde el punto de vista territorial, que hay ahora mismo”.

De forma paralela, el Gobierno regional ha contestado al diputado majorero Fernando Enseñat (PP) que el Plan de Transición Energética de Canarias, en elaboración desde noviembre pasado, recogerá “las previsiones para la implantación de las energías renovables”, así como la “potencia a instalar en la isla de Fuerteventura” y “determinaciones sobre la ubicación” de los parques. En el Ejecutivo regional, a la hora de conceder las declaraciones de impacto ambiental de los aerogeneradores, se está produciendo una clara contradicción: mientras unos departamentos dan luz verde, el Servicio de Biodiversidad se está oponiendo y pide “posponer” las autorizaciones de nuevos parques hasta que exista una planificación que evalúe el “efecto global” y las “repercusiones” de la implantación de aerogeneradores “sobre las especies y hábitats”, además de definir “el dimensionamiento final” en cuanto a parques eólicos “al que se pretende llegar en cada isla”. Ese departamento alerta de que se está evaluando el impacto de cada parque eólico de forma individual, sin tener en cuenta al resto de instalaciones eléctricas. Con más de 70 expedientes en trámite solo en Fuerteventura, la planificación, si se aprueba, puede llegar tarde para ser efectiva.

“CORRUPTO”. El profesor Pedro Hernández, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), destaca que con las energías alternativas se está produciendo un proceso de especulación similar a cuando se clasificaron, desde la etapa franquista, millones de metros cuadrados de suelo en las zonas costeras de Fuerteventura y Lanzarote para el turismo. “Se está entregando el viento y el sol a las multinacionales, sin planificación territorial y con un instrumento, que es la declaración de interés general, que despoja a los propietarios del suelo de cualquier derecho, dejándolos sometidos a una decisión política. Es un modelo corrupto y mafioso”, afirma Hernández, vinculado a los movimientos ecologistas desde hace más de tres décadas. Frente a ello, apuesta por el ahorro energético, por la concentración de aerogeneradores y placas en zonas industriales, de escaso valor, y evitar así la “dispersión por el territorio” de Fuerteventura, y por que exista participación de las instituciones públicas y la ciudadanía en el nuevo modelo energético.

Medio Ambiente informa negativo el parque Pájara-1, el mayor de la Isla

En la agenda política de las instituciones majoreras está entrando, poco a poco, el debate sobre la ordenación de las instalaciones eléctricas renovables. El Ayuntamiento de La Oliva acaba de presentar alegaciones por su “impacto visual y paisajístico” contra cuatro plantas fotovoltaicas que sumarían 71.400 placas para generar 20 megavatios, promovidas por la constructora Satocan, en las inmediaciones de la rotonda de Lajares. Pero la movilización más intensa ha llegado de la mano de colectivos ciudadanos. La asociación de vecinos de El Time ha impugnado la autorización del parque eólico Puerto del Rosario, con ocho aerogeneradores”, alguno de ellos a apenas 270 metros de las viviendas. Su portavoz, Rafael Martínez, explica que en el procedimiento que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias han declarado expertos en aves de la organización SEO/Birdlife y está pendiente que lo haga un técnico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

En ocasiones, las apetencias de los promotores reciben algún que otro varapalo. La nueva consejera de Medio Ambiente, Lola García (CC), ha firmado una resolución en la que se informa “desfavorablemente” el parque eólico Pájara-1, de ocho molinos y más de 38 megavatios de potencia, promovido por una sociedad vinculada a Siemens Gamesa en los altos de las montañas de Guerepe. Parte de las instalaciones, como la línea de evacuación o la subestación transformadora, afectarían al Parque Natural de Jandía, a una Zona de Especial Conservación (ZEC) y a una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). Las normas de conservación, señala la resolución, “establecen evitar la apertura de nuevas pistas, caminos o senderos, y todas aquellas actividades que supongan alteraciones del relieve original del terreno, incluidos los movimientos de tierra”. También prohíben aquellas acciones que puedan “suponer una afección negativa significativa sobre los hábitats o las especies de interés comunitario”.