La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado reiterados incumplimientos en la custodia y traslado de presos entre Lanzarote y Fuerteventura y ha reclamado al Ministerio del Interior y a la jefatura de la Guardia Civil en Canarias que actúen de manera urgente para corregir estas prácticas.

En escritos dirigidos a la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad del Ministerio del Interior y al general jefe de la Guardia Civil en Canarias, Juan Hernández, la asociación señala que los agentes de la Sección de Seguridad del Centro Penitenciario de Tahíche se están viendo obligados a custodiar internos en las sedes judiciales de Puerto del Rosario (Fuerteventura) y Arrecife (Lanzarote), cuando esa competencia corresponde a la Policía Nacional.

AUGC recuerda que esta práctica vulnera lo establecido en la Instrucción 5/2009 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que asigna la custodia de los internos fuera de los centros penitenciarios al cuerpo policial con competencia territorial en cada municipio, salvo en los casos de centros hospitalarios.

La asociación denuncia además que los traslados marítimos de presos entre Lanzarote y Fuerteventura se están realizando en barcos sin camarotes-celdas acondicionados, por lo que los internos son custodiados en cubierta, lo que “incrementa los riesgos de fugas y ataques a los guardias civiles, incluso con apoyo de terceras personas”.

También advierte de que este procedimiento vulnera la Ley Orgánica General Penitenciaria, que exige preservar la dignidad, intimidad y la condición reservada de los internos durante los traslados.

Critican que los agentes custodien a internos en sedes judiciales que corresponden a la Policía Nacional y que los traslados marítimos se hagan sin condiciones de seguridad adecuadas

Asimismo, AUGC señala que a la Sección de Seguridad del centro penitenciario de Tahíche se le asigna habitualmente, en fines de semana y festivos, la custodia de detenidos procedentes de todos los Puestos de la Guardia Civil de Lanzarote en la sede judicial de Arrecife. Esta situación, afirma, reduce al mínimo la vigilancia de la prisión y compromete la seguridad del propio centro y de los agentes.

La Comisión de Servicios de Protección y Seguridad de AUGC considera “muy graves” estas vulneraciones y sostiene que el Ministerio del Interior y la jefatura de la Guardia Civil en Canarias deben intervenir “de modo urgente para atajar situaciones que no deberían estar produciéndose”.