La inmobiliaria Aliseda, que se autodenomina como “líder en gestión e inversión inmobiliaria en España”, acumula en Fuerteventura casos que traspasan el simple descontento y han terminado en los tribunales. Una empresa de capital canario, con más de cuatro décadas de trayectoria a sus espaldas, ha tenido que recurrir a la Justicia después de haber acometido una importante inversión, con la compra de más de 11 millones de metros cuadrados de suelo en el municipio de Antigua, que no ha podido inscribir en el Registro de la Propiedad.

La adquisición se produjo hace más de cuatro años y, lo que parecía una buena oportunidad empresarial, se ha terminado convirtiendo en un quebradero de cabeza. En junio de 2022 se materializó la compraventa de una parcela registral que tenía una superficie original, según su descripción, de más de 19,6 millones de metros cuadrados. No obstante, existían tres licencias de segregación previas emitidas por el Ayuntamiento de Antigua que restringían las dimensiones de la finca matriz y que fueron aportadas al documento público de compraventa.

Tras descontar los terrenos segregados, la superficie de la propiedad vendida ascendía realmente a 11,6 millones de metros cuadrados. En la operación inmobiliaria se aportaron las certificaciones catastrales en las que se delimitaba gráficamente el suelo. Tanto la superficie, como su delimitación, identificación y ubicación se publicitaba en aquel entonces por la inmobiliaria Aliseda, controlada por el fondo de inversión Blackstone.

Una vez efectuada la compraventa, se trasladó la documentación al Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario para proceder a la inscripción a favor de los nuevos propietarios. Y ahí empezaron los problemas. La compradora ha visto cómo el Registro ha suspendido la inscripción de los terrenos. ¿El motivo? “Por no determinarse de forma indubitada la finca objeto de venta con su descripción completa, sus linderos y su base gráfica”. Según el Registro de la Propiedad, en la documentación de Aliseda también aparecían 790.000 metros cuadrados que no formaban parte de la finca registral vendida, sino que se habían segregado y pasado a integrarse en otra finca.

Entre las fincas hay una bolsa de suelo urbanizable, junto a Costa de Antigua

La empresa afectada tuvo que encargar un estudio técnico y pericial, con una identificación que no deja lugar a dudas de los terrenos adquiridos, y proceder a su amojonamiento. Según la escritura de compraventa, los terrenos se encuentran delimitados en 17 parcelas catastrales, pero la inscripción en el Registro está paralizada a la espera de una “subsanación” que el comprador recalca que es responsabilidad de Aliseda. Al no haberse inscrito las segregaciones anteriores, “existen discrepancias entre la superficie real y la catastral”. Se da la circunstancia de que el beneficiario de esas segregaciones es el Ayuntamiento de Antigua, que tampoco habrá podido inscribir unos ocho millones de metros cuadrados a su nombre.

La compradora afectada hizo intentos “permanentes” de solucionar el conflicto con Aliseda de forma extrajudicial, con la intención de que Aliseda subsanara los requerimientos del Registro de la Propiedad. Pese a la magnitud de la operación inmobiliaria, a que la compra de los terrenos estaba completamente abonada y a la reiteración de los contactos, la compañía de Blackstone ha hecho oídos sordos.

La inmobiliaria sigue teniendo más de 60 inmuebles a la venta en Fuerteventura, la mayoría en el municipio de La Oliva, entre ellos chalés en el complejo Origo Mare, sobre los que han trascendido también dificultades para su registro como viviendas con carácter residencial al proceder del mercado turístico.

Los perjuicios

En el caso de la empresa compradora de terrenos en el municipio de Antigua, adquirió a Aliseda parcelas en las proximidades de los campos de golf de Caleta de Fuste; en la trasera de la localidad turística; en las inmediaciones del barranco del Manadero, a ambos lados de la carretera FV-413; y también una parcela de más de 794.000 euros pegada a Costa de Antigua, entre el litoral y la carretera FV-2.

En el planeamiento municipal de Antigua, aprobado en noviembre del año 2000, esta última bolsa de suelo está clasificada como suelo urbanizable programado, se denomina Sector 8 y su desarrollo está previsto mediante la elaboración de un plan parcial. Se trata de la finca principal que queda vacante entre el antiguo Nuevo Horizonte y la localidad de Caleta de Fuste.

La inmobiliaria sigue teniendo más de 60 inmuebles a la venta en la Isla

Aunque la sociedad es la titular catastral de las parcelas desde que las adquirió, al no haberlas podido inscribir no gozan de la protección jurídica que otorga el Registro de la Propiedad, lo que ha supuesto “enormes perjuicios materiales y morales”, según se destaca en la demanda judicial que interpuso en mayo de 2023.

Las fuentes consultadas apuntan que, en la práctica, para poder llevar a cabo cualquier negocio en los terrenos comprados, se hace necesario que el suelo esté registrado, especialmente para obtener financiación de entidades bancarias. También es una garantía de cara a emprender tramitaciones urbanísticas ante las instituciones públicas. Las fuentes añaden que “nadie se atrevería a hacer nada hasta no contar con una inscripción correcta en el Registro”.

El pleito entre la empresa afectada y Aliseda está pendiente de la resolución de la Audiencia Provincial de Las Palmas. En primera instancia, un Juzgado de Puerto del Rosario no apreció “interés legítimo” en el procedimiento, basado en una acción declarativa de dominio, toda vez que no se discute la propiedad de los terrenos, explicaron las fuentes consultadas. No obstante, la empresa también reclamó que se emitiera un mandamiento judicial al Registro de la Propiedad para que proceda a la inscripción a su nombre de las fincas.