-¿La justicia en Canarias se ha recuperado ya del parón del confinamiento y de los efectos de la pandemia?

-Evidentemente, nos afectó mucho porque estuvimos parados varios meses. Se ha ralentizado todo, ha habido muchas suspensiones y dificultades para determinadas actuaciones, pero en lo que va de año se ha ido normalizando, nos hemos ido adaptando. Y, excepto en la restricción de aforos en las vistas, ya estamos muy cerca de la plena normalización en actividad y rendimiento.

-Existe la sensación de que hay una Administración de Justicia de primera y otra de segunda. En las islas no capitalinas se tiene la percepción de que se reciben servicios de segunda.

-Es verdad. Y además eso se ve agravado cuando, aparte de la doble insularidad o lejanía, hay circunstancias, como en el caso de Fuerteventura, en donde se da una gran movilidad de funcionarios o atasco considerable. La doble insularidad se ve agravada por la forma en que se encuentran estos Juzgados, que deja mucho que desear. Hay que reconocerlo. Para solucionar un problema, primero hay que identificarlo y reconocerlo, y somos conscientes plenamente de que las cifras de actividad, las tasas que se dan, para el ciudadano, no son las correctas, y tenemos que pelear para que sea igual en todos los sitios, que [la justicia] sea homologable en cualquier punto del territorio canario. Ese es el objetivo que debemos exigir también como ciudadanos.

-Se ha solicitado la creación de un Juzgado de lo Contencioso en las islas orientales.

-No sabemos cómo es la cifra real de asuntos, porque a lo mejor hay ciudadanos que desisten de recurrir una multa si tienen que trasladarse a Las Palmas de Gran Canaria... En cualquier caso y a falta de hacer ese estudio con detalle de los temas que llegan de ambas islas, he tenido contactos con la senadora de Fuerteventura [Paloma Hernández] y el senador de Lanzarote [Manuel Fajardo] y les he sugerido la posibilidad de que, si el Ministerio de Justicia o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo consideran, lo que podríamos estudiar y estaría en nuestra mano sería un sistema como el que se arbitró en su día en La Palma para lo Social, que es establecer un calendario de desplazamientos en determinados días para celebrar los juicios de lo Contencioso. Se podría exportar ese modelo y a los senadores les ha parecido una idea interesante, aunque habría que comprobar los datos, y si hay una carga suficiente, quizá contemplar la creación del Juzgado. Yo he dado traslado a la Junta Sectorial de Jueces de lo Contencioso y la iniciativa ya está en marcha para que hagan alegaciones.

“La doble insularidad se ve agravada por el estado en que están los Juzgados”

-En alguna ocasión se ha definido la situación en el partido judicial de Puerto del Rosario como crítica. El Juzgado de lo Penal de la capital majorera está fijando vistas para dentro de un año y medio, o más. ¿Se va a reforzar?

-El problema del Juzgado de lo Penal número dos de Arrecife, con sede en Puerto del Rosario, es la agenda de señalamientos, porque en carga de entrada de trabajo no excede mucho el módulo general del Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio. Lo sobrepasa, pero no de forma excesiva. Para este juzgado se ha solicitado un refuerzo y está en trámite. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) aprobó un informe sobre el refuerzo para adelantar estos señalamientos. No tenemos aún la comunicación oficial del Consejo de si se ha aprobado esta medida. Los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Puerto del Rosario tienen una gran carga de trabajo, que excede con mucho el módulo de entrada, y plantean un problema, porque son juzgados mixtos, no están servidos por magistrados y por tanto hay una mayor movilidad y ese es un gran problema que está dentro de las prioridades de mi agenda.

-Habrá que optar en Puerto del Rosario por la especialización de los juzgados, como se hizo en Arrecife.

-Es una medida fundamental para dar un impulso definitivo a ese partido judicial. Conseguir la separación de jurisdicción y elevar a la categoría de magistrados. Los tres juzgados [con sede en Puerto del Rosario] que están vinculados a Arrecife pasarían a depender del decanato de Puerto del Rosario y se evitarían asimismo todos los problemas, que están afectando también a Lanzarote, a la hora de repartir los asuntos que dependen del partido judicial de Arrecife, aunque están físicamente en Fuerteventura. La especialización es clave para abordar los asuntos con garantías, está entre nuestras prioridades conseguirla de una vez por todas y nos preocupa también la infraestructura. Y, una vez que se desbloquee el proyecto de un nuevo edificio judicial, que es uno de los temas pendientes para llevar a la comisión mixta que vamos a debatir dentro de las prioridades del TSJC, dar una solución definitiva, porque es un tema crítico.

-¿Qué criterios hay para designar jueces sustitutos? ¿Es una facultad discrecional?

-Por supuesto que no. Había unos criterios muy esquemáticos desde el año 2013 y uno de mis primeros objetivos fue dotar de más seguridad y rigor este asunto. Se han elaborado unos criterios y hace 15 días se han aprobado y están publicados en el portal de transparencia del TSJC.

“Respaldamos la reivindicación de oficinas de atención al ciudadano”

-Así que hasta ahora no existían.

-Eran esquemáticos. Ahora son más detallados. Con arreglo a la propuesta de la comisión de valoración y a la baremación que sacan los sustitutos, se van haciendo llamamientos de manera rotatoria, si bien se contemplan excepciones que deben ser motivadas. Por la experiencia de un sustituto, si es especialista en una materia, el presidente está facultado para hacer la designación mediante acuerdo motivado, y se van a publicar todos los llamamientos para que haya transparencia. Hay que garantizar el servicio público, porque enviar a lo Social a alguien sin experiencia, cuando hay alguien que tiene experiencia, no es adecuado, siempre y cuando se motive.

-¿Cómo está afectando la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial en Canarias?

-Tenemos tres miembros menos en la Sala de Gobierno, lo que es un problema, pero hasta ahora ha habido quorum, aunque, si falla uno por vacaciones u otro motivo... No es nada positivo. Es una anomalía institucional que tiene que remediarse cuanto antes. Los partidos tienen que ponerse de acuerdo.

-¿Falla el sistema o quienes lo aplican?

-La elección de este Consejo General del Poder Judicial tiene que hacerse con arreglo al marco normativo vigente, pero se ve la necesidad de cambiar el sistema y debería aprovecharse para tener un compromiso firme para que de una vez se puedan elegir, al menos, 12 de esos 20 vocales por los jueces. Creo que se despolitizaría bastante el órgano de gobierno, que tiene una gran trascendencia y tiene que haber garantías de alejarlo de la arena política.