Sorprendido con que algunos de los municipios que rechazaban la acogida a personas migrantes de las pateras ahora abanderen la hospitalidad con los refugiados ucranianos, el presidente de Entremares desde marzo de 2021, Marco Rodríguez, alerta de que “no se puede seguir separando a la gente por raza y cultura”.

Rodríguez denuncia el racismo institucional que se ha instalado en la Unión Europea y España y lamenta que la acogida de ucranianos se haya convertido para algunos alcaldes en una forma más de hacer espectáculo.

-¿Cuáles fueron las principales demandas que recibió el Servicio de Atención, Asesoramiento e Información a la Población Migrante (SAAIM) en 2021?

-Muchísimas de las demandas tienen que ver con aspectos relacionados con la regularización. La mayoría de las atenciones que prestamos en el SAAIM están dirigidas a personas que están en la Isla en situación irregular. Se trata de cuestiones laborales, permiso de residencia, renovación de residencia, arraigo laboral. Es decir, todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con las personas migrantes que intentan regularizar su situación.

-Más del 75 por ciento de las personas que atendió el SAAIM estaban en situación irregular. ¿Cómo les puede afectar la reforma laboral que anunció el Gobierno español?

-Para la regularización, la integración laboral es un aspecto importantísimo. Hasta este momento, se exigía a las empresas que realizaran contrataciones para las personas migrantes, al menos, durante un año. Ahora, han desaparecido buena parte de los contratos de duración determinada y el indefinido vuelve a ser el contrato típico. Vamos a ver de qué manera influye en la voluntad de las empresas contratar a personas migrantes con contratos indefinidos. Puede que choque con una determinada mentalidad en el empresariado que sigue pensando que la contratación indefinida tiene unos costes muy superiores a la temporal, pero no es así. La mentalidad supone muchas veces un obstáculo mayor que las cuestiones normativas.

-¿Cómo ha afectado la pandemia por el Covid a las personas migrantes que residen en la Isla, una parte de ellas en situación irregular?

-La afección más importante ha sido que ha contribuido de una forma significativa a agravar su situación de exclusión social. Una parte de la población migrante que reside en la Isla está en situación irregular. Esto significa que no puede acceder de forma legal al mercado laboral, pero trabaja en la economía informal. La pandemia supuso el cierre temporal de muchísimas empresas. Los trabajadores legales pasaron a los Expedientes de Regularización Temporal de Empleo (ERTE), pero las personas que estaban en la economía irregular no tenían esa cobertura. En muchos casos, dejaron de tener ingresos de forma absoluta. Durante el periodo del confinamiento fue un drama terrible en el que, además, se tropezaron con que los ayuntamientos tardaron mucho en reaccionar para hacer llegar ayuda a personas que no podían acreditar residencia. Esa situación hizo que esta población se viera excluida de muchas ayudas. Además, la población en situación irregular estaba excluida de la asistencia sanitaria, en muchas ocasiones. Nos vimos con el problema de que la población migrante en situación irregular no podía acceder a tratamientos sanitarios en pandemia.

-A finales de 2021, vimos como la ruta canaria se desviaba, en gran parte, a las islas de Fuerteventura y Lanzarote. ¿Cómo valora la acogida que se hizo a las personas llegadas en patera a Fuerteventura?

-Algunos aspectos mejoraron en la acogida de las personas que llegaron por mar en embarcaciones precarias desde África. Sin embargo, dista mucho de una acogida adecuada. Episodios como los de la Nave del queso fueron escandalosos. El Defensor del Pueblo tuvo que venir a decir que había que poner fin a esa situación y cerrar. Quizá, la razón principal tenga que ver con las políticas que se diseñan desde la Unión Europea y el Estado español para atender al fenómeno migratorio. El esfuerzo financiero que se hace en frontera es muchísimo mayor que el que se hace en acogida. Quizá, ese sea el principal escollo que tenemos para que mejoren los sistemas de acogida. Debe haber un trasvase de la financiación que se realiza a la protección de las fronteras y empezar a revisar en acogida e integración.

“Los malienses y saharauis que llegan también sufren una situación bélica”

-El hotel que servía de Centro de Gestión Compartida para acoger a migrantes en Caleta de Fuste ha dejado de prestar el servicio, por lo que la Isla se queda sin apenas plazas de acogida. ¿Teme que detrás de todo esto esté la intención de reabrir el CIE de El Matorral?

-El temor de la reapertura del CIE sigue ahí. El Estado no renuncia a los CIE como medida de contención a la llegada. Los CIE se plantean también como una especie de medida disuasoria. Aquellos que llegan de forma irregular por el mar saben que van a terminar en un centro de detención, que es lo que son los CIE. Son lugares donde determinados derechos fundamentales de las personas, como la libertad de movimiento, no se van a respetar durante el plazo que establece la ley. Por otro lado, decían que los recientes acuerdos con Marruecos iban a suponer una disminución en las llegadas y vemos que lo único que han hecho es cambiar el lugar de salida de la inmigración.

-Hace algo más de un mes el Gobierno central reactivó las repatriaciones desde Canarias a El Aaiún. Las ONG denuncian que no se ha completado todo el proceso de asistencia letrada. ¿Cómo lo valora?

-Se están infringiendo, continuadamente, derechos básicos de las personas y eso es bastante chocante con la política de declaraciones de la Unión Europea y España que, reiteradamente, señala que los valores europeos pasan por la protección de los derechos humanos. Sin embargo, ese discurso no se aplica a determinado tipo de personas. Con la crisis bélica en Ucrania, se está demostrando claramente cómo los derechos se aplican a una serie de personas y cómo hay otros grandes contingentes de personas que no se benefician de ese derecho, cuando debe ser un derecho universal. En la habitación donde están tomando declaración a la persona migrante puede haber un letrado, pero la persona a la que se está asesorando tiene que saber qué posibilidades tiene. Muchas veces no las conoce y simplemente dispone de la presencia de un abogado que ni es especialista en materia migratoria ni tiene un especial conocimiento de la normativa migratoria. Está ahí como un funcionario más para cumplir un expediente formal, pero en la práctica material no sabe con qué recursos cuenta, cuáles pueden ser sus posibilidades reales para defender sus intereses legales ante las administraciones.

-En 2021, Entremares realizó numerosas campañas y actos destinados a la concienciación y a frenar los discursos de odio y xenofobia que estaban circulando en redes sociales. ¿Cree que los políticos majoreros estuvieron a la altura para contener ese discurso?

-En absoluto. Fue una reacción vergonzosa. No solo no hicieron lo adecuado para contener ese discurso, sino que, en ocasiones, se pusieron delante. Fueron la vanguardia de la reacción xenófoba. El episodio del hotel, cuando determinados representantes públicos de Fuerteventura encabezaron esa protesta, fue un ejemplo de lo que significa no estar a la altura. Ante la reacción que eso generó, se contuvieron y recondujeron un poco la situación y los mensajes, pero les salió del alma. El problema es que esos representantes políticos siguen siendo los mismos que tenemos ahora.

-¿Sorprendido con que ayuntamientos de la Isla que se mostraban contrarios a los inmigrantes en hoteles ahora abanderen la acogida a refugiados ucranianos?

-Cuando se trataba de acoger en condiciones dignas a población de origen africano, instituciones como el Ayuntamiento de La Oliva decían que no se podía hacer en determinadas instalaciones como el albergue del Cohombrillo. Decían que no eran adecuadas y que eran para la población local. El discurso cambia radicalmente cuando se trata de acoger a europeos rubios. Ahora, parece que no hacen falta esas instalaciones para la población local. Me alegro mucho de que se abra la puerta para acoger a aquel que, por necesidad, tiene que salir de su país, pero no podemos seguir separando a la gente por raza y cultura.

“La actitud de la alcaldesa de La Oliva forma parte de la política del espectáculo”

-Las comunidades autónomas se han negado a acoger a los menores que llegan en patera. En cambio, reciben con los brazos abiertos a los ucranianos...

-Sí. Las comunidades autónomas que se niegan a solidarizarse con Canarias para acoger a menores no acompañados o migrantes que llegan masivamente a las Islas ahora abren sus puertas a la acogida de refugiados ucranianos que provienen de una situación bélica. Hay que recordar que la misma situación bélica sufren los malienses o los saharauis cuando llegan aquí. Son conflictos que parecen no existir, como si solo existiera el de Ucrania. La estigmatización de las personas cuando viajan por su origen cultural, étnico y social es evidente.

-¿Considera que está habiendo un racismo institucional por parte de la Unión Europea y España?

-Absolutamente. Existía antes, pero ahora ya no es opinable. Se aplica la normativa excepcional para la acogida mediante los sistemas de asilo solo a la población ucraniana y el resto sigue pasando por un calvario cada vez que tiene que demostrar su condición de persona con derecho a asilo.

-¿Cree que hay refugiados de primera y de segunda?

-Claro que sí. A las personas que vienen del territorio ucraniano se les abre la frontera sin ningún problema. A partir de 2014, fue cuando el número de solicitantes de asilo en Europa empezó a aumentar de forma muy rápida, con personas procedentes de los conflictos de Siria, Irak o Afganistán. Los estados europeos centran la gran mayoría de sus gastos en la seguridad fronteriza. El objetivo es mantener el número de solicitantes de asilo lo más bajo posible. El presupuesto de Frontex pasó de 142 millones en 2015 a 543 en 2021. El Fondo de Seguridad Interior de la Unión Europea también se refuerza continuamente. El presupuesto que durante este tiempo ha dedicado la Unión Europea a la integración no es comparable ni de lejos. Es infinitamente menor. Polonia fue portada en todos los periódicos por hacer retroceder violentamente a los migrantes que intentaban entrar de Bielorrusia. En enero, empezó la construcción de un muro de 186 kilómetros que separa Polonia de Bielorrusia. Sin embargo, la frontera con Ucrania está abierta y se anima a las personas a que vayan a buscar refugiados. Hay una diferencia respecto a los refugiados de Siria.

-¿Cómo valora la polémica en torno a la acogida de menores ucranianos en La Oliva con el apoyo del Consistorio norteño?

-Creo que tiene que ver un poco con toda la improvisación. La política de integración es una política de Estado y no de la gente en su casa. Vemos que queremos integrar a quienes vienen de Ucrania y no hay instrumentos para hacerlo porque las políticas de integración prácticamente no existen. Al final, nos encontramos con la improvisación y la política del espectáculo. La actitud de la alcaldesa de La Oliva de ir con las manos abiertas a recibir al aeropuerto a determinadas personas forma parte del espectáculo. Debe invertir en acogida, en disponer de lugares y presupuestos adecuados. Lo otro forma parte de la política de espectáculo a la que tan acostumbrados nos tienen los políticos en España.

-La directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano, cuestionó, en un primer momento, la acogida de menores por parte de una mujer ucraniana en La Oliva y, luego, se ofreció a prestar ayuda. ¿Qué le parece este cambio?

-El Gobierno canario tiene que terminar de posicionarse respecto a su política con los migrantes y, en concreto, con los menores. Creo que la comunidad autónoma tiene que cumplir con su papel de tutela y de control de los menores que llegan a las Islas, vengan con algún tipo de acompañamiento o sin él. Debe hacer una supervisión seria de lo que sucede con los menores.