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Fiscalía pide siete años y ocho meses de cárcel por operaciones vinculadas al complejo Brisamar

La Audiencia juzga al administrador de Dunaventura por presunta administración desleal, falsedad mercantil y delito societario

Diario de Fuerteventura 0 COMENTARIOS 16/11/2026 - 17:31

La Fiscalía solicita un total de siete años y ocho meses de prisión para el administrador de Dunaventura, identificado como R.E.D.F., por varias operaciones societarias relacionadas con el complejo urbanístico Brisamar, por las que le acusa de administración desleal, falsedad continuada en documento mercantil y delito societario.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas tiene previsto celebrar el juicio los días 17 y 18 de noviembre, a partir de las 10.00 horas.

Según el escrito de acusación, el procesado era socio al 51 por ciento y administrador único de Dunaventura, sociedad participada en el 49 por ciento restante por Realizaciones Patricias.

La Fiscalía sostiene que, en agosto de 2015, el acusado acordó entregar a Brisamarket, sociedad vinculada a él y de la que poseía más del 51 por ciento de las participaciones, varios inmuebles identificados como los locales 16, 17 y 18 del complejo Brisamar.

El Ministerio Público considera que esa operación ocasionó un perjuicio a Dunaventura y, en consecuencia, a su socio minoritario, al atribuir a Brisamarket una participación superior a la que le correspondía.

La acusación cuantifica ese exceso en al menos 363.660 euros, teniendo en cuenta, según expone, la revalorización obtenida, la rentabilidad de los inmuebles adjudicados y su contribución a la ejecución de la obra.

La Fiscalía sostiene además que el acusado trató de evitar el control del socio minoritario mediante certificaciones de juntas generales que no se habrían celebrado en los términos reflejados documentalmente.

En concreto, le atribuye haber elaborado una certificación de una supuesta Junta General Universal de Dunaventura fechada el 28 de abril de 2015, en la que se habría aprobado la operación de adjudicación de los inmuebles.

El Ministerio Público sostiene que se adjudicaron inmuebles del complejo con un exceso de valor de al menos 363.660 euros a una sociedad vinculada al acusado

Según la acusación, esa junta "nunca tuvo lugar" y la certificación fue incorporada posteriormente a la escritura pública otorgada el 19 de agosto de 2015.

La Fiscalía considera que la autorización de la junta era necesaria tanto por la doble condición del acusado como administrador de Dunaventura y de Brisamarket como por afectar la operación a activos esenciales de la primera sociedad.

El Ministerio Público atribuye al procesado una segunda certificación relacionada con un préstamo hipotecario formalizado el 29 de octubre de 2015 para financiar las obras.

Según el escrito, esa certificación hacía referencia a una Junta General Universal y Extraordinaria del 14 de mayo de 2015 que habría autorizado la solicitud del préstamo, aunque la Fiscalía sostiene que el socio minoritario no fue convocado.

La acusación incluye asimismo una operación adoptada en una junta general celebrada el 19 de diciembre de 2016.

En aquella fecha, Dunaventura mantenía, según la Fiscalía, una deuda de 3.041.967 euros con Komisu, sociedad vinculada al acusado y que había absorbido a Brisamarket.

El Ministerio Público sostiene que REDF, valiéndose de su participación del 51 por ciento, acordó cancelar esa deuda mediante la entrega de inmuebles propiedad de Dunaventura que estaban en explotación y habían sido tasados pericialmente en 4.272.512,18 euros.

La Fiscalía considera que existían otras opciones más beneficiosas para Dunaventura y atribuye al acusado haber actuado a sabiendas del perjuicio que, según sostiene, provocaba tanto a la sociedad como al socio minoritario.

La acusación atribuye además al procesado la elaboración de certificaciones de juntas que, según la Fiscalía, nunca se celebraron o a las que no fue convocado el socio minoritario

Por estos hechos, el Ministerio Público acusa a R.E.D.F. de un delito de administración desleal, otro continuado de falsedad en documento mercantil y un delito societario.

Para el primero solicita tres años y seis meses de prisión y nueve meses de multa con una cuota diaria de 100 euros.

Por la falsedad documental pide otros dos años y seis meses de cárcel y once meses de multa, también con una cuota diaria de 100 euros. Por el delito societario reclama una pena adicional de veinte meses de prisión.

La suma de las penas privativas de libertad solicitadas asciende así a siete años y ocho meses.

La Fiscalía pide además la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de las condenas y el abono de las costas.

En concepto de responsabilidad civil, solicita la nulidad de las escrituras públicas de 19 de agosto de 2015 y 19 de diciembre de 2016 o, subsidiariamente, que Dunaventura sea indemnizada por el perjuicio que se determine en ejecución de sentencia.

En ese segundo supuesto, la Fiscalía interesa que respondan conjunta y solidariamente el acusado y la sociedad Komisu.

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