Tres de cada cuatro personas encuestadas creen que el Estado debe intervenir en el mercado para garantizar el acceso a la vivienda, según el último barómetro monográfico sobre la vivienda publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el pasado mes de octubre. Además, ocho de cada 10 personas responden que la situación les preocupa mucho o bastante. El desahucio de la octogenaria Maricarmen, a finales de septiembre, provocó una oleada de protestas que desembocaron en acampadas y multitudinarias manifestaciones por todo el país. La acampada de la madrileña Puerta del Sol se replicó en numerosas plazas de la geografía española, llegando a Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Arrecife. La negativa de la mayoría del Congreso a aprobar dos decretos sobre la vivienda llevó a que el presidente del Gobierno convocara elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre. La movilización social de las últimas semanas y la huelga general del 11 de noviembre han conseguido poner a la vivienda en el centro del debate político y mediático, también en la Isla.

En Fuerteventura, el problema se asemeja al que se vive en otras islas, en especial Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. También es similar al que se padece en Baleares, que fue donde se comenzó a sufrir de manera más severa esta problemática. Chus Vila, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura (SIF), responde a Diario de Fuerteventura para explicar la visión del colectivo sobre la situación y las medidas que reclaman. “El diagnóstico es claro. Existen casas de sobra para toda la población. Sin embargo, apenas hay casas para vivir. Es evidente que la gestión de la vivienda por parte de las administraciones no es la adecuada”, explica.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) define la tasa de intensidad turística como la media diaria de pernoctas en alojamientos turísticos sobre el total de habitantes de un determinado territorio. A nivel provincial, Baleares es la que tiene un mayor índice de toda España, con 16 turistas por cada 100. Muy de cerca sigue la provincia de Las Palmas, con 15 por cada 100, según datos recopilados entre junio de 2025 y mayo de 2026. Al bajar el nivel de análisis a la categoría municipal afloran tasas mucho más elevadas. La de Pájara (111) es la tercera a nivel nacional, tan solo superada por el municipio grancanario de Mogán (125) y por Sant Llorenç des Cardassar (121), en Mallorca.

En relación con lo anterior, en su Observatorio de Vivienda Asequible, la entidad Provivienda se hace eco de la amplia evidencia científica que establece una estrecha correlación entre los precios del alquiler turístico y los del alquiler residencial y de compraventa de viviendas. En la web de dicha entidad puede consultarse un mapa interactivo basado en datos de mayo de 2026 procedentes del INE que revela el porcentaje de viviendas turísticas en relación con el número de casas censadas en cada municipio. Mientras que la media nacional se sitúa en el 1,28 por ciento, todos los municipios majoreros superan dicha cifra. Especialmente flagrante es el caso de La Oliva, donde el porcentaje se dispara al 23,55 por ciento, seguido de Antigua (13,8) y Pájara (11,46). Los porcentajes de Tuineje (5,46) y Betancuria (4,45) son notablemente más bajos, mientras que el municipio capitalino es el que presenta el más bajo de toda Fuerteventura (2,11), y el más cercano a la media nacional.

“Nuestros propios políticos nos están negando el acceso a una vivienda digna”

“Uno de los grandes problemas que vivimos actualmente es la turistificación excesiva de la Isla. Ya no hablamos solamente de hoteles, sino de que cada vez hay más viviendas turísticas que hasta hace poco eran de uso residencial. El equilibrio que existía hasta hace unos años se ha perdido completamente”, denuncia Vila.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura también consideran que no se puede obviar el problema de la especulación del pequeño propietario, que “antes pedía 400 euros al mes y ahora se sube al carro y pide el doble”, afirma. “Siempre hemos demandado que se regularan las viviendas vacacionales en las zonas turísticas, dejando las zonas residenciales para uso exclusivamente residencial”, añade Vila.

“También es verdad que nunca nos han hecho caso. Hay que remarcar que muchos de los políticos que tenemos en la Isla tienen casas en alquiler o vivienda vacacional. Es decir, están metidos en el mundo de la inmobiliaria y forman parte directa y activa del problema de la inflación en la vivienda”, sentencia Vila.

Las cifras

El acceso a la vivienda, bien sea para alquilar o para comprar, se ha encarecido de manera sustancial en los últimos años. En el segundo trimestre de 2026, el valor tasado medio de la vivienda libre en Canarias se situó en 2.279,4 euros el metro cuadrado, lo que supone un 14,2 por ciento más que en el mismo periodo de 2025. A nivel nacional, el incremento anual ha sido algo menor: un 12,5 por ciento, y el valor asciende a 2.355 euros por metro cuadrado, según datos de la Estadística de Valor Tasado de la Vivienda, que ofrece el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

“Para que bajen los precios de los alquileres hay que declarar zonas tensionadas”

Según la plataforma de tasación Tinsa, el precio medio de la vivienda terminada (nueva y usada) en la provincia de Las Palmas experimentó un incremento anual del 18,03 por ciento en el tercer trimestre de 2026, alcanzando un valor medio de 2.022 euros por metro cuadrado.

En lo que respecta al alquiler, aunque resulta complicado obtener cifras oficiales, los datos de los portales inmobiliarios pueden servir como indicativo. Poniendo las cifras de la provincia de Las Palmas en la perspectiva de la última década, el precio del alquiler pasó de ocho euros el metro cuadrado en diciembre de 2016 a 14,6 euros por metro en diciembre de 2025: una subida aproximada del 82,5 por ciento, según datos del portal Idealista. Por su parte, el portal Fotocasa ofrece sus datos concretos de la subida del alquiler en el último año en Fuerteventura: de los 17,58 euros por metro cuadrado en octubre de 2025 a los 18,07 en octubre de 2026.

Concentración por la vivienda en Fuerteventura.

La lucha

“En mi caso, llevo con el tema de la vivienda desde el año 2012 de una forma bastante activa. Para formar el Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura nos juntamos personas que veníamos de diferentes colectivos con una preocupación común, que era la brutal situación habitacional que estábamos viendo de las personas en la Isla”, explica Vila, sobre el nacimiento del colectivo.

La Oliva encabeza el porcentaje de viviendas turísticas, con un 23,5% del total

En cuanto a su relación con otros sindicatos de inquilinas, señala que “el primer sindicato de este tipo en el Archipiélago se creó en Gran Canaria. Ahora el más activo es el Sindicato de Inquilinas de Tenerife, con quienes mantenemos una estrecha relación”. En Gran Canaria, el movimiento más activo actualmente es Derecho al Techo, una plataforma ciudadana que lucha contra la crisis habitacional, la especulación inmobiliaria y los desahucios.

En el panorama nacional existe una Confederación de Sindicatos de Inquilinas. Sin embargo, Vila señala que “de momento en Canarias las organizaciones han decidido ir por libre porque las problemáticas de las islas tienen particularidades muy concretas. Preferimos mantener nuestra autonomía”.

Sobre la organización interna del sindicato, señala que trabajan de forma horizontal, sin jerarquías. “No estamos registradas legalmente porque lo primero que se le exige a un colectivo o asociación para tener un CIF es el nombre del presidente, el vicepresidente, tesorero, etc. En nuestro caso, trabajamos de manera horizontal. Nuestra toma de decisiones es absolutamente asamblearia y valoramos mucho nuestra autonomía. Las portavocías las ejercemos distintas personas, en función de nuestra disponibilidad”, explica.

Zonas tensionadas

El Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura tiene claro que la declaración de los municipios como zonas tensionadas es una de las medidas más urgentes y necesarias para atajar el problema de la vivienda en la Isla. “En primer lugar, hay que tener en cuenta que el tema ya se nos ha ido de las manos completamente. Hacemos mucha incidencia en las reivindicaciones dirigidas al Gobierno de Canarias, porque es dicha administración la que no está aplicando la tímida Ley de Vivienda que aprobó el Gobierno central”, explica.

“Uno de los grandes problemas que es la turistificación excesiva de la Isla”

“Si el Estado ofrece la posibilidad de declarar zonas tensionadas, estamos esperando a que los distintos ayuntamientos lo soliciten y a que el Gobierno de Canarias tome cartas en el asunto. Hoy en día vemos cómo incluso Puerto del Rosario, que hasta ahora siempre ha sido una oferta residencial, se está tensionando. Imagina cómo están los municipios tradicionalmente turísticos. ¿Cómo es posible que el Ayuntamiento de Pájara o el de La Oliva no declaren sus municipios como zonas tensionadas? Es completamente ridículo”, afirma.

Este problema es común a otros municipios del Archipiélago. Ayuntamientos como el de Las Palmas de Gran Canaria lo solicitaron desde 2024, pero no ha sido hasta ahora que el Gobierno de Canarias, con competencias en materia de vivienda, ha sacado a información pública el expediente, mientras que el de San Cristóbal de La Laguna ha rechazado declararse zona tensionada, a pesar de la presión de los colectivos que lo llevan demandando mucho tiempo. Ante esto, Vila reflexiona que “si los propios políticos más próximos a la ciudadanía se niegan a aplicar las pocas y tímidas medidas que el Gobierno central ha institucionalizado, entonces tenemos un problema de fondo mucho más grande”.

“Nuestros propios políticos nos están negando el acceso a una vivienda digna. Por ello, desde los sindicatos de inquilinas ponemos fuertemente el acento precisamente en esta situación. Si el Gobierno central no hace bien las cosas, hay que denunciarlo. Pero es más grave que a nivel local, con el poquito margen que nos dan, los políticos no sepan o no quieran utilizar el poder que tienen. Para que bajen los precios de los alquileres los municipios tienen que declararse zonas tensionadas”, sentencia.

Otras medidas

Desde el SIF abogan por la estricta regulación de las viviendas vacacionales y la recuperación de las viviendas de larga estancia. Otra de sus reivindicaciones clave es la paralización de los desahucios a personas vulnerables. “Es indigno, humillante e inhumano dejar a la gente en la calle cuando son además las propias instituciones públicas, en especial las más cercanas a la población, como los ayuntamientos, los cabildos y el propio Gobierno de Canarias, las que tendrían que garantizar que no hubiera nadie en la calle”, señala Vila. En referencia a la Constitución española y a su artículo 47, recuerda que los poderes públicos tienen que garantizar que todas las personas tengan derecho a una vivienda digna y adecuada, y que el suelo se tiene que regular para impedir la especulación.

“Es indigno, humillante e inhumano desahuciar y dejar a la gente en la calle”

Sobre la vivienda social pública, desde el SIF consideran que la vivienda social no debería pasar a titularidad privada. “El parque público de vivienda es prácticamente inexistente porque se acaba privatizando lo que se hace con dinero público. Lo público tiene que ser siempre público. Mientras una persona o una familia necesiten una vivienda, se le tiene que proporcionar, hasta que deje de necesitarla para que esa vivienda vuelva otra vez al parque público, para quien la necesite”.

Preguntada por el horizonte de la huelga general del 11 de noviembre y las elecciones generales del día 29, Vila considera positivo que la huelga ponga el problema de la vivienda en el centro del debate. En cuanto a las elecciones, Vila concluye que lo único que espera es que las formaciones vencedoras, “sean las que sean, no crispen más la situación social y habitacional”.