El portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de La Oliva, José Vicente Calero, defendió este jueves durante el pleno municipal, en el debate sobre la implantación de una tasa turística en el municipio: "Tenemos que cumplir con la legalidad".

Calero pidió, sin éxito, dejar sobre la mesa del pleno municipal la aprobación de la tasa turística de 56 céntimos por persona y noche ante las objeciones jurídicas que, según señaló, recoge el expediente.

Calero justificó el voto contrario del PP a la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la tasa por prestación de servicios y realización de actividades derivadas de la acción turística y la obligación de sostenibilidad, que salió adelante con el respaldo de Coalición Canaria, PSOE y Nueva Canarias, mientras que En Marcha se abstuvo.

El concejal popular sostuvo que la seguridad jurídica debe prevalecer en las decisiones municipales y advirtió de las posibles responsabilidades derivadas de aprobar un tributo sin contar, a su juicio, con la cobertura legal necesaria.

"Si no tenemos una seguridad jurídica, por mucho que nosotros pensemos o creemos, no significa nada", manifestó.

El portavoz del PP señaló que su grupo comparte la necesidad de buscar financiación para mejorar los servicios municipales y que los visitantes contribuyan a sufragar sus costes, pero considera que la ordenanza propuesta presenta problemas jurídicos.

Calero hizo especial hincapié en el informe desfavorable de la tesorera municipal, al que atribuyó la consideración de que el tributo planteado no tiene naturaleza de tasa, sino de impuesto.

"Creo que el informe de la tesorera lo deja muy claro. Es un informe desfavorable, donde determina claramente que lo que se va a aprobar no es una tasa, sino un impuesto", declaró.

El concejal añadió que, según su interpretación de ese informe, el Ayuntamiento carece de competencias para establecerlo.

Por este motivo, reclamó al grupo de gobierno que aplazara la aprobación inicial y revisara la fundamentación jurídica del expediente.

Esperar a una sentencia firme sobre Mogán

El portavoz popular también se refirió a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre la tasa turística aprobada por el Ayuntamiento de Mogán.

El portavoz popular sostiene que el Ayuntamiento carece de competencias para establecer el tributo y reclama esperar a una resolución judicial firme sobre la tasa turística de Mogán

Calero recordó que el consistorio sureño de Gran Canaria ha recurrido la resolución y defendió que La Oliva debería esperar al pronunciamiento judicial definitivo antes de continuar con la tramitación de su ordenanza, por “un principio de prudencia” y de “diligencia”.

A su juicio, esa resolución permitiría examinar los argumentos jurídicos aplicables al tributo que pretende establecer La Oliva.

El concejal advirtió también del riesgo económico que, según su planteamiento, podría afrontar el Ayuntamiento si comienza a recaudar la tasa y posteriormente una sentencia obliga a devolver los ingresos.

"El día de mañana, dentro de tres años, por ejemplo, sale una sentencia y vamos a tener que hacer frente a un dinero que se ha comprometido, se ha pagado y vamos a comprometer los siguientes presupuestos", manifestó.

Calero cuestionó además que el Ayuntamiento haya previsto ingresos procedentes de la tasa en sus presupuestos antes de que concluya su tramitación: "Ya nos pareció una temeridad incluir esa fuente de ingresos".

El portavoz popular insistió en que su preocupación se centra en las posibles consecuencias financieras y jurídicas para la institución.

Viviendas vacacionales

Durante el debate, Calero también planteó dudas sobre la carga administrativa que la recaudación de la tasa supondrá para los establecimientos turísticos, especialmente para los propietarios de viviendas vacacionales.

Calero comparte la necesidad de mejorar los servicios y buscar nuevas fuentes de financiación, pero alerta de las posibles consecuencias económicas si se obliga a devolver lo recaudado

El concejal explicó que durante la consulta pública previa un establecimiento había presentado observaciones relacionadas con el procedimiento de cobro, las obligaciones administrativas y la posible incidencia sobre la competitividad.

No obstante, precisó que no estaba afirmando que el tributo perjudicaría necesariamente a la competitividad turística, sino trasladando las preocupaciones recogidas en ese escrito.

El portavoz popular mostró especial preocupación por las dificultades que, a su juicio, podrían encontrar los propietarios de una o dos viviendas vacacionales para gestionar las obligaciones derivadas de la ordenanza.

Garantías jurídicas

"El día de mañana sale una sentencia y vamos a tener que hacer frente a un dinero que se ha comprometido, se ha pagado y vamos a comprometer los siguientes presupuestos"

Calero reiteró que el PP comparte el objetivo de mejorar los servicios públicos y obtener recursos adicionales vinculados a la actividad turística. Entre las alternativas mencionó el aprovechamiento de las instalaciones y los centros culturales y turísticos municipales, como el Castillo del Tostón y Casa Mané.

El concejal defendió revisar los precios de acceso a estos espacios y ampliar la oferta turística del municipio dentro de las competencias del Ayuntamiento.

También rechazó que el debate sobre la ordenanza pudiera limitarse a la conveniencia económica de la tasa y defendió la importancia de las advertencias jurídicas recogidas en el expediente. “Creo que, sin lugar a dudas, lo más importante es la viabilidad jurídica”, insistió.