El grupo ecologista Agonane, federado en Ben Magec-Ecologistas en Acción, ha denunciado públicamente al gobierno del Ayuntamiento de La Oliva, integrado por PSOE y Coalición Canaria, por la supuesta concesión de licencias de edificación en terrenos de Villaverde que considera inundables y que, según sostiene, forman parte de la alcogida vinculada al aljibe histórico de Cho Julián.

En un comunicado, la organización reclama la paralización inmediata de las obras que denuncia en este espacio y su renaturalización, al considerar que las actuaciones urbanísticas podrían alterar el sistema tradicional de recogida de aguas pluviales.

La denuncia del colectivo comprende tanto los posibles efectos ambientales de las construcciones como la situación de los terrenos, las licencias urbanísticas y las responsabilidades que atribuye a determinados cargos municipales.

Agonane sostiene que los terrenos afectados forman parte de una zona de recogida y conducción natural de las aguas de lluvia hacia el aljibe de Cho Julián.

El colectivo reproduce en su comunicado una valoración que atribuye a expertos en edafología y geología según la cual "la alcogida es una red drenaje natural por la que circula el agua de escorrentía que es recogida en la Aljibe Cho Julián".

La valoración difundida por Agonane añade que "alterar esta circulación natural de las aguas puede desencadenar inundaciones que podrían a bienes y personas en riesgo".

La organización relaciona sus advertencias con las consecuencias de las lluvias torrenciales y las inundaciones. En este sentido, el colectivo califica las actuaciones que denuncia como "un atentado al patrimonio histórico y al medio ambiente de la isla" y advierte de posibles responsabilidades penales si se produjeran inundaciones graves.

El comunicado también cuestiona una división de terrenos que Agonane vincula con la creación de parcelas destinadas a viviendas.

Según la organización, se trata de una finca dividida y registrada catastralmente "para especular" y desarrollar "una urbanización de casas con 2.500 metros para ricos".

El colectivo sostiene que las viviendas no estarían destinadas a atender las necesidades residenciales de los habitantes de Fuerteventura ni de los trabajadores canarios.

Agonane asegura que, según su información, las propiedades estarían orientadas al uso vacacional de extranjeros europeos con elevado poder adquisitivo.

La organización también denuncia una presunta apropiación de los terrenos, que describe como "una usurpación por tratarse de una comunidad del Aljibe Cho Julián que gente sin escrúpulos ha querido apropiarse para especular".

Agonane afirma que existen más de noventa propietarios de metros cúbicos vinculados históricamente al aljibe y que el Ayuntamiento de La Oliva dispone de una relación de esas titularidades.

Críticas a Urbanismo y Obras

Agonane dirige parte de sus críticas a los responsables municipales de Urbanismo y Obras, al entender que deben ser conscientes de “todas estas irregularidades” y por el asfaltado de caminos rústicos en el municipio.

La organización solicita la paralización de las obras y la recuperación de los terrenos ante los riesgos de inundación que, según advierte, podría provocar la alteración de las escorrentías

Según denuncia, estas intervenciones "están anulando la entrada de la escorrentía de la lluvia a las gavias e incrementando la velocidad del agua generando más erosión y problemas para determinados hogares al final de los caminos".

El colectivo sostiene que no se ha contado “con el preceptivo informe de los aspectos hidrológicos o una buena evaluación de impacto, clave para conservar la salud del territorio".

Paralizar las obras

Como petición principal, Agonane "solicita que de inmediato se paralicen las obras en la Alcogida Cho Julián y se renaturalice la zona en bien de la salud ambiental de La Oliva".

La organización reclama al Ayuntamiento de La Oliva y al Cabildo de Fuerteventura que examinen las licencias concedidas y las intervenciones realizadas en los terrenos que considera vinculados al aljibe.

También pide que se proteja el patrimonio hidráulico tradicional y los espacios que identifica como zonas de campeo de especies en peligro de extinción.