El Partido Popular de Fuerteventura manifiesta su “profunda preocupación” tras la respuesta emitida por el Gobierno de España al diputado del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Juan Antonio Rojas, relativa a la tramitación del contrato de la Línea Marítima de Interés Público Península-Canarias. Desde la formación popular advierten de que el Ejecutivo central asegura en el escrito que no es capaz de garantizar la continuidad de la Obligación de Servicio Público (OSP) para Fuerteventura, al dejar todo el proceso supeditado al resultado de un análisis previo que justifique “la opción más conveniente”.

El portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de Fuerteventura, Claudio Gutiérrez, señaló que “la respuesta ministerial deja al descubierto que todavía no se ha resuelto absolutamente nada respecto a la declaración de la OSP para la ruta marítima”.

También explicó que, “según recoge el propio documento del Gobierno, la tramitación de la OSP se encuentra demorada porque previamente se tiene que dar cumplimiento a una recomendación del Tribunal de Cuentas, que exige realizar un estudio previo para determinar la oferta, la demanda y la conveniencia de establecer o no nuevas obligaciones de servicio público”. Por tanto, “al contrario de lo que nos quieren hacer creer, todavía no hay nada resuelto porque cualquier decisión depende de ese estudio que, según indica el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez, no se sabrá hasta los próximos meses”, denunció.

El portavoz insular hizo hincapié en que “el Gobierno de España no es capaz de garantizar la continuidad de la OSP en Fuerteventura, ya que admite abiertamente que el futuro del transporte marítimo y cualquier licitación dependerá exclusivamente de las conclusiones que determine dicho informe”, señalando que “las opciones que baraja el Gobierno son tres: establecer nuevas obligaciones de servicio público o modificar las existentes, suscribir contratos de servicio público o dejar el transporte marítimo de pasajeros sin intervención de ningún tipo”.

Mientras tanto, esta situación de incertidumbre administrativa está repercutiendo directamente en el día a día de los vecinos y del sector económico majorero, ya que Fuerteventura continúa aislada de la Península: la falta de conexión directa está obligando a los majoreros a desplazarse a islas como Gran Canaria o Lanzarote para poder embarcar rumbo a la península, o viceversa, lo que ocasiona un sobrecoste y un claro perjuicio en la conectividad territorial.

“Y lo peor es que el Gobierno central lo reconoce en su respuesta”, aseguró Claudio Gutiérrez, quien explicó que “se justifican asegurando que existe una naviera une las islas con Huelva y otra que lo hace con Cádiz y que, en tanto se licite y adjudique el nuevo contrato, las navieras puede seguir prestando el servicio en régimen de libre mercado, lo que se traduce en que los majoreros tienen que hacer uso de esas líneas en sus conexiones marítimas con la península. No solo nos encontramos ante un claro ejemplo de desprecio a la realidad de un territorio fragmentado, sino que a los vecinos y vecinas de Fuerteventura nos posicionan como ciudadanos de segunda que tienen que sufrir, una vez más, la doble insularidad”, afirmó.

Por ello, desde el Partido Popular de Fuerteventura piden a los representantes del Partido Socialista en la isla, entre los que se encuentra la senadora y el director general del Puertos del Estado, que, “ni confundan ni mientan a la población y den la cara y sean valientes” para exigir al Gobierno central máxima celeridad en la elaboración de ese estudio y el compromiso firme con las necesidades de la isla, para evitar que Fuerteventura quede marginada en el mapa de las conexiones marítimas estatales.